Entre los convocantes al acto derechista de Plaza San Martín del pasado 5 de octubre, se destacaban el Movimiento Nacional Carapintada, los grupos de Cecilia Pando y Karina “Evangelina” Mujica, la Unión de Promociones del Ejército, la Gendarmería, la Policía Federal y la Bonaerense. Una cita obligada a la que no podía faltar la Iglesia católica. El arzobispo porteño Jorge Bergoglio se excuso por su ausencia pero envió un mensaje de adhesión1 llamando a “mantener un espíritu de reconciliación” haciendo a un lado los “rencores y resentimientos” propios del “revanchismo”. Coincide “casualmente” con los reclamos de los convocantes al acto que exigen una amnistía para todos los policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos, como remedo de un nuevo punto final.

La “reconciliación”
En realidad, Bergoglio y la cúpula eclesiástica están sumamente preocupados porque tras la condena por genocidio a Miguel Etchecolatz, los próximos juicios pondrán sobre el banquillo de los acusados a personajes como el cura Christian Von Wernich, ex capellán de la bonaerense, confesor de Etchecolatz y amigo personal del siniestro Ramón Camps. Von Wernich está imputado por 45 secuestros, 3 homicidios y la apropiación de un bebé hijo de desaparecidos. Este sería el primer juicio oral que pondría sobre el tapete la complicidad abierta de la Iglesia como una institución partícipe en el genocidio de los 30.000 compañeros desaparecidos. Von Wernich es uno de los exponentes más “puros” de una institución que defendía a la dictadura como “una guerra justa contra la subversión comunista”2, para lo cual no vaciló en delatar “sospechosos”3 y prestar su “asistencia espiritual” durante las torturas, las violaciones, los simulacros de ejecución y los asesinatos. Von Wernich es una de las numerosas puntas del ovillo de una institución manchada de sangre que hasta el día de hoy se niega a la apertura de los archivos eclesiásticos de esos años negros4.
Ahora Bergoglio y la curia pretenden mostrar la supuesta vocación democrática de la Iglesia criticando las ambiciones de reelección indefinida del gobernador de Misiones Carlos Rovira (apoyado por Kirchner) y promoviendo al obispo Joaquín Piña como convencional constituyente por el “progresista” Frente Unido por la Dignidad5. A pesar de ver dañada su legitimidad por el rol desempeñado durante los años de plomo, la Iglesia persiste como una usina institucional de ideas reaccionarias gracias al decisivo amparo estatal. Mientras el gobernador Sola y su ministro Arslanian hacen gárgaras con la desaparición de Julio López, simultáneamente reconocen el convenio estatal que deja en manos de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA) la “capacitación técnica” de la maldita bonaerense. Esta fraternidad, presidida por Fray Anibal Fosbery, reivindica el legado de la dictadura, apoya a las huestes de Cecilia Pando y mantuvo vínculos con el criminal de guerra nazi Erich Priebke6.

Kirchner y la jerarquía de la Iglesia
Mientras el gobierno de Kirchner crítica a la plana mayor eclesiástica, continúa manteniendo los subsidios estatales y avala su ingerencia en el ámbito educativo, tal como señala la letra de la nueva ley de Filmus. Sin contar los aportes dirigidos a los colegios católicos y a la asistencia social empleada mediante Caritas, durante 2005 el Estado nacional destinó 13.459.767 pesos, asignando a cada obispo 4.277 pesos mensuales, una suma equivalente al 80% de la remuneración de un juez de primera instancia7. Esta fuente de financiamiento permite que el legado de la dictadura perviva, a la vez que necesidades imperiosas como la educación sexual, los métodos anticonceptivos y el derecho al aborto seguro y gratuito sean condenados como una “violación al derecho natural”. Para terminar con la herencia de la dictadura hay que castigar a todos los culpables y separar de cuajo la Iglesia del Estado terminando con los subsidios millonarios a esa institución medieval.

1 El texto es un extracto de la Conferencia Episcopal Argentina, desarrollada en el mes de marzo.
2 Clarín, 26/04/03.
3 Las autoridades eclesiásticas de los colegios privados entregaron a los personeros de la dictadura numerosas listados de alumnos y docentes considerados “sospechosos”. Horacio Verbitsky. Por algo será. Página/12, 19/03/06.
4 Idem.
5 El Frente Unido por la Dignidad está compuesto por la CTA, CGT, UCR, PS, PC y sectores del PJ que responden al ex gobernador menemista Ramón Puerta, dueño de uno de los imperios yerbateros más poderosos de la provincia.
6 Horacio Verbitsky. Lo único que FASTAba. Página/12, 1/09/06.
7 El artículo 2 de la Constitución Nacional garantiza el financiamiento de la Iglesia afirmando que “el gobierno federal sostiene el culto apostólico romano”. Los aportes directos a la Iglesia se rigen por las leyes 21.950, 21.540, 22.162, 22.950 y 22.430. Los subsidios destinados a los colegios religiosos, a la asistencia social y a exenciones impositivas se consideran aportes indirectos.