La semana pasada la Legislatura porteña aprobó la expropiación transitoria (por 2 años) de los bienes muebles, marcas e inmuebles de Grissinópoli. Dicho proyecto fue presentado por Baltroc (ARI) y Altamira (PO).
Esta ley no hace a la cooperativa dueña de los medios de producción, ni les otorga capital de trabajo, mientras el estado comienza a pagarles a los ex patrones un alquiler por los bienes “expropiados” temporalmente, ya que siguen siendo sus dueños. Les asegura a los trabajadores que podrán permanecer por dos años en la planta y usar las máquinas, pero no tendrán garantizado llevarse todos los meses un salario como el que cobraban antes del cierre. El argumento de los legisladores es que se aleja con la expropiación transitoria la amenaza de desalojo, pero si bien esto es cierto ahora, dentro de dos años los trabajadores estarán obligados a comprar la empresa a los patrones (para lo cual deberían comenzar ya a autosuperexplotarse para “ahorrar”) o llegar con ellos a algún acuerdo (como cualquier inquilino que se le acaba el contrato), siendo que fueron los patrones quienes abandonaron la planta y se quedaron con todas las ganancias de todos estos años, además de poseer deudas enormes con los trabajadores.
Altamira dijo que «este proyecto garantiza que los compañeros de Grissinópoli no sean desalojados». Pero el mismo PO decía: “Las leyes votadas en las legislaturas y concejos deliberantes, al declarar la expropiación u ocupación transitoria de los establecimientos, descomprimen la situación represiva al proteger a los trabajadores contra una tentativa de desalojo. Pero desde el punto de vista de su contenido, estas leyes no pasan de ser expropiaciones truchas que no ofrecen ninguna solución a los trabajadores. El Estado se desentiende de cualquier apoyo a la gestión de los trabajadores, e incluso evade sus responsabilidades en materia de protección laboral, sanitaria o jubilatoria.” (destacados nuestros). Pablo Heller en Prensa Obrera Nro. 774 dice que “Presentadas así las cosas, el menú que ofrece el gobierno porteño emerge como el único disponible: se lo toma o se lo deja. No cabe duda que estamos en presencia de un grosero chantaje. Los trabajadores no son los responsables de esta situación sino sus víctimas. Izquierda Unida, y en especial el MST, hacen caso omiso de todas estas evidencias y no tienen el menor empacho en camuflar este proceso extorsivo como un «paso adelante»”. (destacados nuestros) ¿Por qué Altamira promovió una ley con el mismo contenido de «expropiación trucha» ante el mismo «grosero chantaje» del gobierno porteño y Enrique Rodríguez, ex ministro de Menem y hoy agente de Rodríguez Saá? Altamira debería haber usado su tribuna parlamentaria para impulsar la movilización de los trabajadores de las fábricas ocupadas y romper el chantaje estatal-patronal-judicial, en lugar de aparecer junto al ARI y el PJ promoviendo lo que ellos mismos condenaron cuando lo hizo IU.
La lucha por la estatización bajo control obrero de toda fábrica que cierre o despida es la mejor respuesta que pueden dar los trabajadores a los políticos patronales. Esto no implica rechazar las conquistas parciales que se le puedan arrancar al Estado. El petitorio presentado por las trabajadoras y trabajadores de Brukman a la Legislatura, elaborado por miembros de la Comisión Interna y el CeProDH y aprobado en asamblea, que el mismo PO reproduce en su prensa, muestra una perspectiva clasista y consecuente, en este sentido.