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Derechos Humanos

El juicio contra los asesinos de Darío y Maxi

La apertura de los archivos de la SIDE: "Kirchner quiere sacar provecho de esto"

2 de junio 2005

Desde el martes 17 de mayo, día en que comenzó el juicio contra los asesinos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, las audiencias en los Tribunales de Lomas de Zamora empezaron a mostrar por un lado, el entramado de complicidades y por el otro, acusaciones cruzadas entre los mismos policías que han declarado. La tapa de Página/12 de ayer titulaba: “A esos negros hay que matarlos a todos”. Declaraciones del ex cabo Alejandro Acosta, quien en la audiencia del 31 de mayo, inculpó a su superior Alfredo Fanchiotti, autor de la frase que por sí sola, como si faltaran pruebas, es toda una declaración del carácter de clase de las fuerzas represivas. Acosta buscó mostrarse como un simple encubridor de Fanchiotti, dijo haberlo visto matar a Darío, y que su error fue no avisar a las autoridades, aunque las pericias señalen lo contrario y apunten al propio Acosta como el asesino de Darío. Recordemos que ambos están acusados de los asesinatos y de siete tentativas de homicidio.
Durante una entrevista con Alberto Santillán, el papá de Darío, quien viene presenciando todas las audiencias, nos comentaba que “hasta el momento todos los policías que declararon intentan victimizarse, diciendo que ellos fueron provocados por los piqueteros, que Fanchiotti y el resto quedaron encerrados, que ellos querían dialogar y los piqueteros los enfrentaron con piedras”.
De eso se tratan los artilugios de la defensa de los policías asesinos: quien declara, no sabe nada, o bien el que disparó fue otro. Fanchiotti mismo en su carta al Tribunal señala que “ soy un rehén político ... soy absolutamente inocente”.
Por su parte, la fiscalía a cargo de Bernardo Schell ha centrado la acusación sobre Acosta y Fanchiotti, dejando de lado la investigación que pueda llevar hasta las últimas consecuencias sobre los responsables políticos. Esta estrategia elude además señalar como parte de la investigación la campaña de agitación represiva que Juan José Alvarez, Atanasoff y el mismo Duhalde lanzaron por los medios los días previos al 26 de junio.
En la audiencia del 26 de junio, el padre de Darío, en su declaración ante los Tribunales, reiteró la denuncia contra el gobierno por no haber entregado uno solo de los archivos de la SIDE durante el período de instrucción del juicio, tal como se lo había prometido Kirchner cuando asumió la presidencia, y reiteró la exigencia.
Casualmente, al día siguiente, y días después de descargar su verborragia contra los piqueteros que se movilizan y luchan, Kirchner decretó la apertura de los archivos de la SIDE, un organismo que gasta 111 millones de pesos al año, además de pagar coimas y favores, en investigar a los luchadores e infiltrarse en las organizaciones de izquierda. Sobre este anuncio, nos decía Alberto Santillán: “hace tres años que estamos reclamando la apertura de los archivos y siempre se negaron”. Señalaba también que “me genera expectativa saber qué habrá” y al mismo tiempo expresaba su temor: “espero que no hayan tocado nada, que las cosas no estén cambiadas, además Kirchner nos prometió de todo y no cumplió nada”. Sostuvo también que la motivación “tiene que ver con la pelea que tiene con Duhalde, Kirchner quiere sacar provecho de esto”; agregaba que “la apertura de los archivos les puede servir para no tener que ir a declarar a la justicia”. No es un dato menor lo que añade: “solamente el Tribunal tendrá acceso a los archivos”. Es que justamente, la documentación está vedada nada más ni nada menos que a los familiares, a las víctimas, a la defensa y a las organizaciones de desocupados que participaron de la movilización al Puente Pueyrredon. La justicia intentará amañar la investigación con tal de no tener que enfrentarse al propio Estado ni al PJ.
Resulta al menos dudoso que en los archivos entregados se encuentren las pruebas que permitan acusar a Duhalde, a Solá, Juan José ˜álvarez y a todos los artífices políticos del asesinato de Maxi y Darío.
Solamente en manos de una Comisión Investigadora independiente, con plenos poderes para investigar y acusar, para acceder a los archivos de todos las fuerzas represivas es que puede ser posible desentramar lo que fue la planificación criminal de la masacre del Puente Pueyrredon. Por eso solamente con la movilización y la lucha decidida podremos para correr el velo de impunidad y acercarnos a la verdad para conseguir el castigo a todos los responsables.

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