La Corte Suprema acaba de consumar otra estafa a los jubilados. En respuesta a una demanda elevada por Adolfo Badaro, la Corte dictó un fallo habilitando la actualización de las jubilaciones de 1millón de personas que cobran desde $1.000, congeladas desde 1994 por la ley de Solidaridad Previsional de Cavallo y Menem. Esta ley, si bien congeló el carácter móvil de las jubilaciones, a su vez contemplaba la actualización de los haberes mediante un promedio salarial de los últimos 10 años de actividad, pero todos los gobiernos desde ese entonces se abstuvieron de promulgar dicho artículo. Miles de causas se fueron acumulando en los tribunales con fallos favorables a los jubilados, posteriormente apelados por la ANSES para no efectuar la sentencia. El gobierno de Kirchner seguía practicando esta expropiación mientras concedía un aumento a las jubilaciones mínimas, elevándolas a $470, la mitad de lo requerido para alcanzar la canasta de la pobreza. 
Finalmente, la Corte emitió un fallo favorable aunque con dos “pequeños detalles”: no estipula el tiempo de ejecución más que en un ambiguo “plazo razonable” y delega al Congreso la facultad de resolver el método de actualización de las jubilaciones. Hasta ahora los fallos favorables de reajuste jubilatorio fueron aplicados por la Cámara de Seguridad Social mediante el ajuste de los haberes según los índices salariales, tal como indica la legislación previsional. Si bien la gran mayoría de los salarios permanecen rezagados en relación a las necesidades de la canasta familiar ($2.500), el fallo de la Corte Suprema retrocede incluso por sobre estos pasos, porque deja librada a la arbitrariedad de los legisladores del Congreso la forma de saldar la movilidad jubilatoria desvinculada de los índices inflacionarios. Por eso el gobierno saludó el fallo de la Corte, señalando que “movilidad no equivale a indexación y deja librado a nuestra prudencia la actualización” (Página 12, 13/08/06). Hasta Cavallo, responsable de la derogación del mecanismo de movilidad, apoyó la decisión de la Corte y su discreción manifiesta “con el equilibrio presupuestario” (La Nación, 13/08/06). La Corte logró que los diputados kirchneristas comenzaran a pensar el cálculo de actualización desempolvando “como antecedente un índice que Domingo Cavallo impuso en los noventa” (Página 12,13/08/06). Como reconoce la Fundación Ecolatina, la Corte salvó al gobierno de tener que pagar más de $20.000 millones (Clarín, 13/08/06). 
La nueva Corte “independiente” le prestó un gran favor al gobierno: le entregó la decisión al Congreso, donde el kirchnerismo es mayoría, para subordinar la actualización de las jubilaciones en función de sus prioridades presupuestarias: pagar la deuda externa y continuar subsidiando a los grandes grupos económicos. Por eso el fallo desconoce olímpicamente la actualización de la deuda retroactiva desde 1995. A pesar del crecimiento económico a razón del 9% anual durante los últimos 3 años, el gobierno resigna la deuda hacia los jubilados, pero pagó de un saque $30.000 millones al FMI y “distribuye la riqueza” entre los bancos, las privatizadas y las siderúrgicas, las empresas que más ganancias arrojaron, y que a su vez vaciaron las cajas jubilatorias mediante la evasión de las contribuciones, la rebaja de los aportes patronales y el trabajo en negro. Sólo en calidad de comisiones, las AFJP embolsaron más de $10.000 millones en lo que va del año. De esta forma, la “renovada” Corte Suprema le rinde pleitesía al legado de Cavallo y Menem, manteniendo la expropiación de los haberes jubilatorios consagrada en 1994, mientras los progresistas de Página/12 celebran el fallo como el “retorno del Estado social” (Página/12, 13/08/06). 
Los jubilados forman parte de la clase trabajadora, por eso es necesario levantar sus reivindicaciones con las del resto de los sectores oprimidos, y juntos luchar por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar y el 82% móvil.