El presidente que asumió con aires progresistas pacta con el empresario convertido en estandarte de la derecha que pide mano dura. El llamado “garantismo” termina aceptando la agenda de la Fundación Blumberg. Mandarán policías a capacitarse al Estado de Miami en cursos dados por el FBI, y como lo anticipó Blumberg en acuerdo con los intendentes de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre -y días después lo anunció Solá- una Policía Comunal en los cuatro partidos del norte del conurbano bonaerense para hacerla “más eficiente”. Es un pacto para fortalecer a los aparatos represivos, porque en la zona norte del gran Buenos Aires no sólo hay una ola de secuestros (de la cual sectores de la policía, o elementos como el ex “carapintada” que fue secuestrador de Patricia Nine, son los responsables) sino también una enorme concentración de pobres, desocupados y asalariados. 

Democracia para ricos

El fortalecimiento de los aparatos represivos es actualmente justificado para cuidar la “seguridad” de las clases altas que, según indican las estadísticas oficiales, están protagonizando un nuevo auge de consumo. Como dicen los diarios, las ventas en shoppings como Patio Bullrich crecieron un 35% y las ventas de los “autos más caros, como los BMW y las series más exclusivas de Audi, Alfa Romeo y Mercedes Benz, además de marcas como Porsche, Jaguar, Volvo y Saab, totalizaron 1.600 unidades. Si bien los sociólogos ubican a este tipo de público en un segmento que engloba apenas 1% a 2% de la población, lo cierto es que en nueve meses, 1.600 personas —suficientes para colmar un teatro como el Opera— pagaron entre 40.000 y 115.000 dólares por un vehículo”. (Clarín, 27/10)
Pero al lado de los barrios de “ricos y famosos” de la zona norte como La Horqueta, están las grandes fábricas industriales donde los obreros ganan por debajo de lo que se necesita para cubrir las necesidades básicas. Las policías comunales de los Patti y los intendentes derechistas de la zona norte serán, tarde o temprano, utilizadas contra los trabajadores que luchen. Un adelanto de ello es que en la provincia de Santa Cruz, que Kirchner gobernó a fuerza de privatizaciones bajo el mandato de Menem, para defender los intereses de la Repsol se encarcela a los desocupados de Caleta Olivia que reclaman trabajo en las plantas petroleras.
Por su lado la Corte Suprema, en una medida confiscatoria a favor de los banqueros contra las capas medias, acaba de avalar la pesificación a los ahorristas doblemente estafados, por los bancos y por el Estado, con el default del 2001, mientras el gobierno “mejora” las ofertas a los tenedores de bonos de la deuda externa y se compromete cada vez más con las pautas del FMI.
El reclamo de los trabajadores del subterráneo de extender a todo el país su conquista de la jornada laboral de 6 horas, lo que implicaría el reparto del total de las horas de trabajo con los desocupados para emplear a millones, es un reclamo esencial. Los derechos de la democracia política son una ficción tanto para el desocupado obligado a subsistir con la asistencia estatal (y por lo tanto rehén del clientelismo burgués) como para el trabajador cuya larga jornada le hace imposible hacer efectivo el “derecho de reunión” y organizarse para defender lo suyo. Incluso en las viejas organizaciones obreras como los sindicatos enquistados por las direcciones de los Pedraza, Daer o Moyano que éste gobierno apoya y sostiene, no hay derechos ni para el desocupado, ni tampoco para la mayoría de los contratados y precarizados, y hasta la mayor parte de las veces proscriben a las listas sindicales de oposición dentro de la minoría que permanece afiliada. La mayoría trabajadora, productora de todo, está limitada al derecho de votar una vez cada tanto en la democracia para los ricos. 

Una tendencia mundial

Es que este endurecimiento del régimen político es una consecuencia de una clase parásita que quiere mantener como sea la profunda desigualdad social generada por la explotación capitalista. No es un problema solo argentino, ni lo decimos solo los marxistas. Hay expertos en teoría política (como el filósofo italiano Giorgio Agamben) que reconocen que las democracias liberales de todo el mundo gobiernan cada vez más en base al “estado de excepción”: los frecuentes decretos de los poderes ejecutivos (como la concentración de superpoderes para el gobierno de Kirchner), las declaraciones de estado de sitio como la que aplicaron en diciembre del 2001, la suspensión de derechos y garantías de lo que la clase burguesa llama “estado de derecho”, como los encarcelamientos y hasta torturas a los desocupados en Santa Cruz, fueron realizados no bajo una dictadura sino en democracia. Es así en EE.UU. que traduce su guerra internacional en mayores restricciones a la democracia interna en nombre de la “seguridad contra el terrorismo”; es así en las democracias capitalistas de Europa que promulgan leyes contra los inmigrantes que utilizan como mano de obra esclava, ¿cómo no va a ser así en la semicolonia argentina, atada además a las órdenes de los centros políticos y financieros imperialistas? Por eso el régimen que despertó ilusiones a la salida de la dictadura militar, y que Alfonsín resumió en el slogan de que “con la democracia se come, se cura y se educa”, terminó en el odio popular del “que se vayan todos”. Pero el levantamiento del 2001 no resolvió el problema porque la clase trabajadora, la única que puede dar como alternativa un régimen superior, no estuvo a la altura de la crisis. 

Democracia de los trabajadores

Los marxistas revolucionarios sostenemos que la clase trabajadora es la que puede reorganizar la sociedad sobre nuevas bases. Liberándose de la explotación capitalista, es decir expropiando a los grandes banqueros, terratenientes y empresarios, los trabajadores en el poder podemos planificar la economía (como lo han ensayado en pequeña escala en varias fábricas puestas a producir bajo gestión obrera luego del 2001) en base a las necesidades de la inmensa mayoría de la sociedad, lo que incluye todas las capas oprimidas, no explotadoras del trabajo ajeno. Nadie puede tener ilusiones sobre que esto será una tarea pacífica, ya que habrá que quebrar mediante una revolución de masas al principal defensor de las actuales relaciones de propiedad: el Estado. El viejo Estado deberá ser destruido, los aparatos represivos, de espionaje y seguridad que la Argentina de mano dura de Blumberg están fortaleciendo deberán ser disueltos para dar paso a la seguridad en manos de los propios trabajadores, en un estado de los trabajadores. Crecientemente liberadas de las necesidades económicas para sobrevivir, las masas pueden ejercer su propio gobierno mediante una democracia basada en consejos obreros y de sectores populares, con delegados revocables que ganen lo mismo que un trabajador, y donde las distintas tendencias y partidos obreros puedan expresar sus posiciones.
Permanentemente los militantes del PTS luchamos por la democracia obrera en los viejos sindicatos para transfromarlos en sindicatos militantes promoviendo cuerpos de delegados, comisiones internas que se deshagan de los burócratas, como en el Astillero donde trabajo, en ferroviarios, en las fábricas de la alimentación, a la vez que insistimos en la formación de nuevos organismos para la lucha que unan a los distintos sectores de trabajadores, ocupados y desocupados. En el movimiento estudiantil luchamos por terminar con las prebendas de las burocracias estudiantiles y crear centros de estudiantes para la lucha junto al movimiento obrero. En el presente intentamos preparar el futuro, educando a los nuevos activistas y luchadores que surgen en la democracia obrera, la independencia de clase del peronismo y el resto de los partidos patronales para crear un gran partido de la revolución socialista.
Este es el sentido estratégico de nuestro llamado a los partidos de la izquierda obrera y socialista, y a las nuevas organizaciones combativas de los trabajadores: promover un frente político, con independencia de este régimen, en la perspectiva de ese gobierno obrero y popular.