Al día de hoy, el presidente “progresista” tiene el extraño mérito de integrar el gobierno que más presos políticos conserva en las cárceles desde 1983. Es un hecho que K ha dado vía libre a la criminalización de la protesta social. Se detuvo a más de 130 luchadores por razones políticas en pocos días y cerca de 40 compañeros continúan presos, entre ellos el líder del MIJD, Raúl Castells.
El accionar de decenas de policías de “civil” en las manifestaciones pegando a diestra y siniestra, el empleo de métodos copiados del arsenal pinochetista como el de manchar a los manifestantes para “apuntárselos” a los “sérpicos”, los golpes y “fusilamientos” a quemarropa con balas de goma a los militantes, la “cacería humana” a los piqueteros de Caleta Olivia donde ni siquiera se respetó a los recién nacidos, desnudan cabalmente que Blumberg exige una Argentina de mano dura y el presidente y la justicia la ponen en marcha. 
Primero fue la aceptación de todo el andamiaje legal represivo que proponía el ingeniero, paralelamente, profundizó la inundación del conurbano bonaerense de prefectos, gendarmes y policías, posteriormente se suma el avance en la votación del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires que de ponerse en práctica –hasta los mismos “progresistas” admiten- “la cárcel va a quedar chica” (Página/12 9/9/04).
Es un hecho que el retrógrado zumbido de los medios de comunicación, los consejos de la Iglesia, Duhalde y Alfonsín, las exigencias de las cámaras empresarias y de una importante franja de la clase media que reclama orden y autoridad digitan la agenda oficial y son la base de la derechización y el giro represivo en la actual coyuntura política. El silencio cómplice del ala progresista del Kirchnerismo acompaña el rumbo elegido contra los sectores del pueblo que se movilizan.

Represión y disciplinamiento para los que luchan

El objetivo inmediato del gobierno no es otro que el de sacar de las calles a los movimientos piqueteros y de lucha y amedrentar a todos los que salgan a pelear por sus derechos. La subsistencia de medidas de fuerza como el corte de Puente Pueyrredón y las constantes marchas en reclamo de planes sociales de los desocupados, le discute al Estado patronal -de alguna manera- el control y el “orden” de la calle. Pero la razón de fondo de esta política reaccionaria es la de borrar todo vestigio de acción y democracia directa, y todo rastro de las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001, donde el combate callejero decidió la suerte del gobierno de De La Rúa.
Es evidente además que la escalada apunta hacia todos los que intenten enfrentar la prepotencia patronal. El desalojo de los obreros de Gatic de Pigüé, el enorme operativo policial contra los obreros despedidos de Firestone y contra los de la Gráfica Rioplatense son una muestra de que también los trabajadores ocupados están amenazados en caso de que intenten ganar la calle.
Más allá del discurso y las proclamas sobre los derechos humanos, Kirchner asumió –como dijimos- la política de criminalización de los movimientos sociales. En los últimos días aparece poniendo límites, se habla de la libertad a Castells, de que la represión no sería con balas de goma, de que se retiraría a los policías de civil y de que quieren negociar. Pero estos anuncios hipócritas no pueden encubrir que lo que se busca es sobre la base de cristalizar una relación de fuerzas desfavorable al movimiento de masas. Eso no lo podemos permitir.
Los gestos de “buena voluntad” para con el gobierno de la CCC y del MTD Aníbal Verón al decir que “Reconocimos que nos venimos equivocando y por ello tenemos que dar mensajes claros a la sociedad y frente al Gobierno” y que “tenemos que aprender a cambiar alguna metodología para no perjudicar a terceros” constituyen un grosero error que legitima el discurso oficial contra los cortes y las marchas. Peor aún, justifican el discurso del gobierno cuando éste tiene decenas de luchadores como rehenes en sus cárceles (cuestión que ni siquiera mencionan en sus declaraciones). 
Hay que tener en cuenta que Kirchner pretende imponer las condiciones del diálogo a partir de lo que ya ha ganado con la fuerza. Este es un punto a favor del régimen político que luego de una larga indefinición sobre cómo terminar de recuperar la autoridad estatal se siente fortalecido para golpear sobre los luchadores. Además, el gobierno cuenta con aval burgués ya que la política represiva es funcional a defender los derechos y las ganancias de los pulpos capitalistas (Clarín, Bridgestone, Repsol) y pegar duro contra los que osan cuestionar la autoridad del estado o la “sagrada” propiedad privada. 

Un gobierno del viejo régimen

El historiador Tulio Halperín Dongui declaró en un reciente reportaje a Clarín que apoya a Kichner porque del otro lado está “la coalición de toda la gente desagradable que hay en la Argentina”. Enarbola así la lógica del “mal menor” frente al fantasma de la derecha que justifica las ilusiones de los sectores progresistas y hasta de cierta izquierda en el gobierno, al cual se empecinan en ver como la renovación política.
Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. El presidente no sólo aplica la agenda de la derecha más reaccionaria sino que su función ha sido (y es) la de darle legitimidad a toda clase de “desagradables” (e impresentables) duhaldistas o menemistas que conviven con K en el gobierno y el PJ. Incluso con el creciente abandono de la transversalidad, Kirchner se recuesta cada vez más en el peronismo y en la burocracia de la CGT y hasta acordó con Duhalde ser el nuevo presidente del Partido Justicialista. Los progresistas que quieren ver en K a un paladín de la “democracia” se chocan con la alianza del viejo régimen. Los que quieren ver mayor “distribución de la riqueza”, no pueden explicar los salarios de hambre sin tener que reconocer que es un gobierno al servicio del gran capital. Los que ven en K un Chávez que encarna una “causa nacional” callan frente a las capitulaciones al FMI y el acompañamiento de la política imperialista, como el envío de tropas a Haití. En este sentido, Kirchner es la continuidad de la política pro patronal, pro imperialista y por ende antipopular de todos los gobiernos democrático burgueses, desde Alfonsín a la actualidad.