En las páginas de LVO venimos denunciando la cada vez menos solapada subordinación del nacional y popular K al gobierno de Bush. Señalaremos en este caso la incorporación, a través de las leyes sancionadas el 30 de marzo, de la Argentina a dos convenios internacionales contra el terrorismo: el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999; y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown –Barbados-, del 3 de junio de 2002, de la OEA.
No podemos evitar mencionar que la sanción de estas leyes se da en el marco de la visita de Donald Rumsfeld a nuestro país para asegurarse la radarización a manos de los yanquis del espacio aéreo y la continuidad de ejercicios militares conjuntos; de las conversaciones amistosas entre Kirchner y Bush y del encuentro del Canciller Bielsa con la otra de las más acérrimas militantes a favor de la invasión a Irak: Condoleezza Rice.
“Expresan la política del gobierno de los Estados Unidos sobre el tema (terrorismo), sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001” señala hasta el oficialista diario Clarín (17/03). Efectivamente, se trata de convenios a la medida de la cruzada reaccionaria contra los pueblos oprimidos del mundo, el marco de la doctrina Bush y su cruzada anti terrorista. Recordemos que la “guerra preventiva” yanqui incluye la posibilidad de amenazar e invadir países considerados enemigos. Siempre en nombre de la “paz”, claro. La Convención se inicia sosteniendo que se tendrán “presentes los propósitos y principios (...) relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales...”.
Lo primero que llama la atención es la indefinición sobre a qué se denomina “terrorismo”, por lo que Argentina acaba de suscribir tratados gracias a los que podrá considerarse arbitrariamente “terrorista” a todo aquel que se enfrente a gobiernos y naciones opresoras. La incorporación a estos convenios es un llano atentado contra la libertad de autodeterminación de los pueblos y se dan al compaz de la una creciente persecución a los luchadores y la criminalización de la protesta.
En los artículos 11, 12, 13 de la Convención se resuelve la “Inaplicabilidad de la excepción por delito político”, la “Denegación de la condición de refugiado”, “denegación de asilo”, atentando contra derechos elementales de todo acusado o perseguido, más aun en el caso de este tipo de convenciones cuyo tinte “político” es más que evidente.
Párrafo seguido se señala que “las medidas adoptadas (...) se llevarán a cabo con pleno respeto del estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. (...) se le garantizará un trato justo incluido el goce de todos los derechos y garantías...”. ¡Qué cinismo! Los mismos que mantienen en la prisión de Guantánamo a cientos de presos “terroristas” a quienes torturan y denigran sin siquiera el derecho a defensa, los mismos que en la prisión iraquí de Abu Graib mostraron al mundo cómo las mayores aberraciones son cometidas, una vez más, contra “terroristas” iraquíes.
Los yanquis, que sostuvieron y promovieron las dictaduras en América Latina y el terrorismo de Estado –materia sobre la cual casualmente los convenios nada dicen-, se erigen hoy en jueces y árbitros mundiales. Pero lo más repudiable es la adhesión de los países como el nuestro, que sufrimos día a día las consecuencias de las cadenas que nos atan al imperialismo, subscriban acuerdos a la medida de los más grandes asesinos y opresores del mundo.
Acorde a los reclamos por parte de Estados Unidos de mayor militarización de la Triple Frontera, uno de los artículos señala que “los Estados parte (...) promoverán la cooperación y el intercambio de información con el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas”.
Como señaló Jorge Argüello1 durante la visita de Rumsfeld: “Esta (la aprobación de las leyes antiterroristas) es una señal que debemos dar cuanto antes a la comunidad internacional.”2 Precisamente, estos gestos y señales a través de los que el cada vez menos “democrático” K está dando enormes pasos en salvaguardar los intereses imperialistas en la región, que ven en América Latina “un potencial foco de inestabilidad que puede amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos”3. Debemos mantener en alto las banderas antiimperialistas que se expresaron en las marchas contra la invasión a Irak y denunciar esta política cipaya, llamando ante todo, a anular estos convenios y el retiro de las tropas argentinas en Haití.

1 Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
2 Diario Río Negro, 23/03/05.
3 La Nación 18/03.