Sin mucha difusión, como para no hacer olas, el Congreso acaba de votar otra gran entrega nacional con la Ley de Promoción a la Exploración Petrolera. En medio de la discusión de la “crisis energética”, Kirchner -en continuidad con las privatizaciones de Menem- le garantiza a la Repsol y al resto de las compañías la “libre disponibilidad del crudo”. Es decir que pueden venderlo al Estado a precios internacionales o exportarlo todo, si quisieran. Las petroleras han multiplicado por cuatro sus ganancias bajo este gobierno -por el dólar alto y la suba del precio internacional del petróleo-. Repsol ganó 42.000 pesos por minuto en 2005. De cada 5 barriles que extrajeron no alcanzaron a reponer uno porque la empresa que más factura en la Argentina no invirtió en exploraciones. Así están saqueando las reservas y agotando un recurso natural no renovable. Ahora el Estado los premia con ventajas impositivas “para que exploren nuevas áreas”, es decir que les banca la desinversión y el saqueo. Este proyecto de “ley Repsol” ya había sido presentado en mayo del 2005 con las firmas de Kirchner y Lavagna: una clara prueba de que no hay diferencias entre ellos.
 
Este miércoles 13 de setiembre el Congreso dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo conocido como Ley de Promoción (o de Incentivos Fiscales) a la Explotación Petrolera. Es una ley enteramente en los marcos de las reglas del juego de las privatizaciones de los ’90. Las multinacionales no sólo disponen de la totalidad del crudo sino también del 70% de las divisas de las exportaciones mientras pueden vender al mercado argentino a precios internacionales de importación. Sobre llovido mojado, ahora otorgan nuevos beneficios impositivos a las empresas de hidrocarburos que se extienden por el lapso de entre 10 y 15 años, lo que significa que Kirchner, en materia petrolera, abrió la puerta a una nueva “década infame y media”.
El artículo 9 de la Ley que sanciona el nuevo régimen de “promoción” compromete la devolución anticipada del IVA para las empresas. El artículo 10, la amortización en tres cuotas anuales del impuesto a las ganancias, y el 11 exime a los bienes de los empresarios que obtengan los permisos de exploración del impuesto a la “ganancia mínima presunta”. Además, “estarán exentos del pago de los derechos de importación y todo otro derecho (...), por la introducción de bienes de capital, o partes, o elementos componentes de dichos bienes, que no se fabriquen en el país, (...)”, según indica el artículo 12 de la Ley.
Ante semejantes beneficios, las mismas empresas que provocaron la desinversión actual se ponen en fila para entrar en carrera. Ocho compañías presentaron ofertas para buscar crudo y gas en seis áreas de Salta. Y, como los permisos de exploración incluyen áreas de la plataforma continental, Repsol y Petrobras acaban de unirse a Enarsa para “explorar, explotar y comercializar los hidrocarburos que se encuentren” bajo el mar en una superficie ubicada a 250 km. de Mar del Plata. Aunque Petrobras y Repsol YPF aportarán los fondos, una cláusula determina que si llegan a descubrir hidrocarburos, Enarsa les reintegrará el dinero. Negocio redondo para las multinacionales. Como se ve, la creación de Enarsa y el nuevo “rol activo del Estado” significan más subsidios para los que se quedaron con las privatizaciones de los ’90.
Este saqueo tiene además los “efectos colaterales” de la contaminación del medio ambiente. Para tomar dos casos, hay denuncias desde hace dos años que en el yacimiento El Caracol (Río Negro-Neuquén) están contaminados los pozos de agua y el agua subsuelo; y en Caleta Olivia, en la provincia de los pingüinos empetrolados, producen contaminación el 45% de los pozos de la Vintage Oil. El accionar de las petroleras subsidiadas por Kirchner - al igual que las inversiones extranjeras en minería en varias provincias de la pre-cordillera- hacen estragos iguales o superiores a los de las papeleras en el río Uruguay.

Nacionalizar sin pago y bajo gestión de los trabajadores
El sector de la CTA y ATE encabezado por Víctor De Gennaro realizó frente al Congreso un acto de rechazo a la Ley. Esta acción es parte de una campaña que lanzaron a fines de agosto, cuando el diputado Claudio Lozano presidió una reunión en el Congreso junto a De Gennaro y el ala no kirchnerista de la CTA en la que rechazaron el proyecto oficial y llamaron a juntar un millón de firmas por un proyecto de ley alternativo. Los acompañan personalidades como Pino Solanas y el grupo MORENO (hasta ayer kirchnerista), el ex diputado Mario Cafiero (hasta anteayer del ARI y antes funcionario de Menem), y otros agrupamientos como el CoCePA y Autoconvocados que reivindican, en general, la “recuperación nacional” de los hidrocarburos.
La CTA sintetiza este proyecto en “que Enarsa asuma el rol de empresa petrolera nacional”, pasando a ella “las áreas que hoy detentan en forma ilegal las petroleras privadas”. Para determinar quiénes están en la ilegalidad proponen una comisión investigadora que “analice los contratos de concesión de manera de verificar el cumplimiento de la Ley 17.319 (de Hidrocarburos)”. Esto significa limitar la extensión de explotación de una multinacional a 250 km2 y a no más de 5 concesiones de explotación a una misma empresa privada. En fin, un proyecto que de ninguna manera plantea poner todos los recursos de hidrocarburos en su conjunto en beneficio de la mayoría nacional mediante su nacionalización sin pago y bajo la administración de los trabajadores. Menos aún, ni siquiera plantea una “recuperación nacional” de todo el gas y el petróleo por parte de la “burguesía nacional”.
Lamentablemente un sector de la izquierda como el PCR y el MST de la ex diputada Vilma Ripol están embarcados en esta iniciativa. Desde La Verdad Obrera y el PTS sostenemos que la lucha en Argentina y toda Latinoamérica pasa por lo que plantearon en las calles de Bolivia los trabajadores y campesinos pobres, con las grandes rebeliones que tiraron a dos presidentes, la nacionalización sin pago de los hidrocarburos, mucho más allá de las medidas parciales del presidente Evo Morales. Sólo la completa y efectiva nacionalización sin indemnizaciones a las empresas imperialistas y bajo administración directa de los trabajadores -no de una burocracia corrupta que viva a expensas de todos como en la vieja YPF-, puede ser la solución.