A semanas de cumplirse un nuevo aniversario del golpe militar del 24 de Marzo de 1976, cientos de manifestantes, junto a las Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy y decenas de organizaciones de DDHH, de desocupados y políticas, marcharon el miércoles 7 hasta el Juzgado Federal N° 2 para exigirle al Juez Olivera Pastor que se juzgue al presidente del directorio de la Ledesma S.A.A.I., Carlos Pedro Blaquier. No sólo por ser cómplice, sino por ser el principal responsable civil e intelectual de las detenciones y desapariciones de trabajadores y estudiantes que llevaron adelante la policía, el ejército, la gendarmería y personal de seguridad de la empresa en las llamadas “Noches del Apagón”. Incluso por ser quien mandó a entregar listas negras a los milicos, a cortar el suministro eléctrico durante las noches del 20 al 22 de julio, quien puso su parque automotor, su personal de seguridad y sus instalaciones al servicio de este operativo represivo que comandó el coronel Carlos Néstor Bulacios, que tuvo como saldo 400 detenidos y 36 desaparecidos. Por esto decimos que sobran evidencias para afirmar que la Familia Blaquier fue no sólo cómplice de la Dictadura sino parte central de la clase empresaria que llamó al golpe militar con el objetivo de barrer a las direcciones combativas, al activismo de base de los sindicatos y a la juventud que veía su destino unido al de las mayorías populares. Y así avanzar sobre todas las conquistas de la clase obrera y el pueblo pobre, reestableciendo el cuestionado orden social y multiplicando sus ganancias.

Un verdadero genocidio de los patrones contra un sector nacional, la clase obrera

La responsabilidad de este mandamás del empresariado azucarero en las detenciones y desapariciones de “las Noches de los Apagones” fue tantas veces denunciado por los organismos de DD.HH., sindicatos y organizaciones de izquierda, que hasta el fiscal Batule, que no se destaca por ser “progresista”, solicitó al Juez Olivera Pastor que se cite a prestar declaración indagatoria a Carlos Pedro Blaquier. Este juez reaccionario había recibido hace ya cuatro años un pedido de los abogados querellantes para que Blaquier se siente en el banquillo de los acusados. Es más, los testimonios de los testigos dejan en claro que OP protege al empresario y al brazo armado que actuó en defensa de sus intereses. Demorando el llamado a declaración indagatoria y encubriendo, de 70 imputados por el genocidio en Jujuy ya murieron sin ser juzgados 20 represores. Y no sólo la responsabilidad del directorio de la empresa es en relación al golpe militar, sino también su actual responsabilidad en la represión del 28/07/11 en el Asentamiento El Trianguló, que tuvo como saldo el asesinato de 3 jóvenes trabajadores y decenas de heridos. En este operativo de desalojo nuevamente los Blaquier pusieron en movimiento su aparato de seguridad y abrieron sus caminos internos a la policía. El gobierno de los “derechos humanos” del PJ-FPV por su parte puso a su disposición la caballería, la infantería y la brigada de investigaciones, todo al servicio de defender la gran propiedad terrateniente -157 mil hectáreas- y amedrentar a las miles de familias trabajadoras que peleaban por el derecho a una vivienda digna -más de seis mil familias a la espera de una vivienda-. Lo que muestra que esta relación de conveniencia entre el gobierno y los empresarios no es sólo tributaria al gobierno de la Junta Militar y los gobiernos neoliberales, sino también a este gobierno, que se dice de los “derechos humanos”, pero que lleva a Nicholson, el número dos de la empresa Ledesma a innumerables viajes junto a Cristina Kirchner como parte de los empresarios de la comitiva presidencial. Como “para muestra sobra un botón”, entre los favores de los K a este empresario genocida se cuentan la exención por 10 años a la producción de Bioetanol y los subsidios del 50% de servicios, como el de la electricidad.

Los obreros actualmente denuncian la superexplotación en Ledesma, donde rige el turno rotativo, que elimina el sábado inglés y el descanso dominical, donde rige la polifunción, que genera que un trabajador haga el trabajo que antes hacían tres o cuatro compañeros, donde el trabajador del campo no puede, al día de hoy, acceder a la categorización por las tareas que realiza, y donde se aplica férreamente la insalubridad laboral, no bajando las horas ni dotando de implementos a los trabajadores que cumplen su tarea en secciones altamente contaminantes. Estas denuncias obreras muestran una realidad, donde el trabajador pese a ver mínimamente mejorado su salario -parten del piso de $3.350 actualmente-, luego de la última huelga de julio del año pasado, cobra migajas en comparación a los millones que cosechan cada año los Blaquier -$210millones declararon en su último ejercicio contable-. La dictadura patronal es tal en Ledesma S.A.A.I. que no se respeta la voluntad de los trabajadores que votaron a sus nuevos delegados, al negarse a reconocer a los compañeros electos como representantes genuinos de los obreros de cada una de las secciones. Es que Blaquier no respeta ni el más mínimo derecho laboral legislado en la Constitución Nacional. Se maneja con sus propias leyes: las de superexplotar, negar todo derecho de los de abajo, y hasta matar por la ganancia empresaria. Es más, que haya fortalecido la dotación de gendarmes a su servicio y haya contratado a una agencia de seguridad privada, que custodian el predio de la empresa y el barrio Ledesma, no dista mucho de la política del gobierno de Cristina Kirchner que espía, persigue, procesa y hasta encarcela a los trabajadores y estudiantes que se organizan y luchan, apoyándose en la Ley Antiterrorista y en el Proyecto X.

Junto con exigir el juicio y castigo al empresario genocida Blaquier y todos los represores, es preciso defender los derechos democráticos a la organización y movilización de los trabajadores y el pueblo, lo que significa movilizarnos en contra del espionaje, la persecución, los procesamientos y el encarcelamiento de los que luchamos, a la par que avanzamos en nuestra lucha para que la inflación no carcoma nuestro salario, por el blanqueo laboral, para conquistar una vivienda digna para todos, y para evitar que las multinacionales sigan contaminando, superexplotando a los mineros y saqueando nuestro suelo.