“Cuestiones de agenda” fue la excusa dada por el actual Ministro del Interior (y ex Secretario General de la Presidencia de Duhalde) Aníbal Fernández, para no presentarse a declarar, tal como le correspondía, el 14 de julio pasado en el juicio por el asesinato de Darío y Maxi. La rápida aceptación del Tribunal Oral 7 de esta y otras “ausencias”, como la del Procurador General de la Nación Nicolás Becerra, así como la declaración por escrito de Kirchner y la escandalosa postura del Fiscal Schell de excusar de declarar a Duhalde y Juanjo Alvarez, muestran el claro accionar de esta justicia patronal en la causa, encubriendo desembozadamente a los responsables políticos de los crímenes. 
Volviendo al juicio, los que sí declararon fueron el ex Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia en tiempos de la Masacre y actual Juez de la Corte Suprema Provincial, Luis Genoud, y el ex Secretario de la Side de Duhalde, Carlos Soria. Genoud citó declaraciones que comprometen al ex jefe de Gabinete de Duhalde, Alfredo Atanasoff, en la planificación de los crímenes, continuando la tendencia ya observada en otros funcionarios-testigos, enmarcada en la interna del PJ, de “dejar pegado” al duhaldismo en la causa y salvar a Solá y a los funcionarios kirchneristas. Soria, por su parte, reconoció que ese día había una orden oficial para garantizar “de cualquier manera” los accesos a la capital, y, en un alto rapto de cinismo planteó que la Side se limitaba a “recolectar información de los medios y analizarla”. Una verdadera burla de uno de los principales organizadores de la Masacre. Vayan como dato adicional del carácter planificado de lo que sucedió aquel día, las declaraciones del subcomisario Juan Carlos Cielli y de varios policías que reconocieron el uso de balas de plomo durante todo el operativo así como (para despegarse) que Franchiotti y su grupo siguieron tirando y avanzaron sobre la Estación de Avellaneda a pesar de que los manifestantes ya se habían dispersado.
Otro cínico, en este caso cómplice a su manera de los asesinos, es el doctor Chiodo, abogado de Franchiotti, que pidió la “nulidad y exclusión de los videos y fotos” argumentando que estaban “editados y compaginados” y que, obviamente, “comprometían la situación” de su cliente al tiempo que en forma provocativa pidió que no se notificara de este pedido a los familiares de Darío y Maxi. En este caso el Tribunal desestimó el pedido, obviamente no por “amor a la verdad”, sino porque las imágenes muestran sólo a los ejecutantes materiales de los asesinatos. 
En este sentido también prestaron testimonio los trabajadores de prensa, algunos de medios independientes, que se jugaron la vida para conseguir esas imágenes que, recordemos, “Clarín” y el conjunto de los medios nacionales recién publicaron cuando la enorme movilización del 27 de junio dejó en claro que el intento de aplastar mediante el terror a los sectores que mantenían viva la llama del 2001 había fracasado. Tal como en esa oportunidad, sólo la lucha y la movilización podrán imponer justicia en este verdadero plan criminal del PJ y el Estado.