A principios de la semana pasada el Fiscal de la causa por la Masacre de Avellaneda, Bernardo Schell, dio un nuevo paso en el camino de dejar en la más absoluta impunidad a los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi al excusar a Duhalde y a varios funcionarios de su gobierno, y por cierto también del actual como Juanjo Alvarez, de prestar declaración en el juicio. Por eso el jueves 7, el día en el que tenía que declarar Duhalde, acompañamos desde el CeProDH y el PTS la marcha de repudio convocada a los Tribunales de Lomas por los compañeros de Darío y Maxi y otras organizaciones.
Esta escandalosa decisión, disfrazada de argumentos jurídicos, junto a las limitaciones para acceder a los archivos de la SIDE, que hacen imposible su consulta y utilización en el juicio y que tan demagógicamente ofreció Kirchner, se encuentran a tono con un juicio armado para ocultar que la Masacre de Avellaneda fue un plan criminal organizado por el PJ (de conjunto, más allá de sus divisiones actuales) y el conjunto del Estado, como ya lo corroboraron la mayor parte de las declaraciones, inclusive las del propio asesino Fanchiotti.
El que sí declaró fue el ex Ministro de Defensa Jaunarena que aprovechó la ocasión para “edulcorar” la imagen de la Prefectura y la Gendarmería asesinas de Teresa Rodríguez, Víctor Choque y Aníbal Verón, entre otros mártires de los trabajadores. De paso aportó su granito para la interna del PJ dejando entrever la “posible existencia de un plan” entre cuyos autores sólo nombró a connotados dirigentes del duhaldismo y llamativamente “se olvidó” de Solá y sus allegados.
El propio Kirchner se excusó por “problemas de agenda” y no declaró, como era previsible, el pasado lunes 11 y mandó una declaración donde dice que él no tuvo nada que ver ya que era gobernador de Santa Cruz. Pero como denuncia hasta el oficialista diario Clarín, “semanas antes de la masacre de Avellaneda Kirchner participó de una reunión en La Pampa en la que algunos gobernadores le habrían pedido al por entonces presidente Eduardo Duhalde ‘mano dura’ con los piqueteros”. En la misma tónica también declaró Juan Pablo Cafiero “La Policía responde en su accionar al poder político”, quien recordó que en las semanas previas al 26 de junio de 2002 “se expresó una voluntad política de impedir que se siguieran haciendo este tipo de manifestaciones”, en referencia a los piquetes.”1 Las intervenciones de estos funcionarios empiezan a poner de manifiesto lo que ya se sabía desde el mismo momento de la masacre, que el crimen estuvo generado por una decisión política del Estado burgués, gobernado por el PJ.
Este verdadero pacto entre justicia, fuerzas represivas y partidos patronales es una muestra más del círculo de represión e impunidad que sostiene los procesamientos a más de 4000 luchadores obreros y populares, la existencia de presos políticos y la continuidad del accionar del gatillo fácil en los barrios del pueblo trabajador. Es también el que garantiza la libertad de Chabán y la impunidad de Ibarra.
En este sentido es fundamental que redoblemos la lucha y la coordinación de todos los familiares de víctimas del gatillo fácil, los organismos de derechos humanos, las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados y los partidos políticos que no transan con la represión y la impunidad.

1 Clarín 12/07/2005