Las demandas del reclamo fueron la aceleración del trámite de las causas, mejores condiciones de detención y que cada día de prisión preventiva se compute simple para los condenados a reclusión (conforme el Art. 24 del Código penal se computa medio).
Durante 15 días, las personas privadas de su libertad a disposición del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires (SPPB) realizaron una huelga de hambre, a la que se sumaron también algunos penales del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Estos últimos, pertenecientes a las cárceles de Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, a la fecha continúan con la protesta, ya que los pertenecientes al SPPB han levantado la huelga de hambre luego de que la Corte Suprema declarara la nulidad del cómputo de prisión preventiva para quienes sufren penas de reclusión y se presentara en la Cámara de Diputados un proyecto de derogación del Art. 24 del Código Penal.

Tristemente conocidas son las condiciones de alojamiento de quienes se encuentran privados de su libertad, las que han provocado la presentación de numerosas denuncias de los organismos de derechos humanos, siendo la más conocida la denuncia del CELS, en la que la Corte Suprema de Justicia reconoció las aberrantes condiciones en que se encuentran los presos de la Pcia. de Buenos Aires. El SPPB cuenta con el 63% de los detenidos de todo el país. En sus 40 unidades carcelarias con capacidad para 15.800 internos albergaba, en el año 2004, a 24.800. Lo que se traduce en un índice de superpoblación del 67% (sin contar las 6.200 personas alojadas en comisarías).
Las últimas estadísticas oficiales datan del 2004. Esto no es un hecho menor, ya que en ese año se produjo la llamada “reforma Blumberg”, mediante la cual (entre otras medidas) se endurecieron las penas y se elimino el llamado 2x1 (pasados los 2 años en la condición de procesado cada día de prisión preventiva se computaba doble). Así las cosas, bajo el efecto de la “inflación punitiva” y la extensión de la preventiva, no es difícil calcular que los números referidos a la fecha deben ser mucho mayores aún.
El 80 % son “procesados”, es decir personas que no tienen sentencia. De tal forma se viola el principio de inocencia, imponiéndose una pena por adelantado. Así se hace pagar a los procesados por la crisis del propio Poder Judicial que en Quilmes, por citar un ejemplo, está dando fecha de juicio para el año 2012. Es decir si alguien es sospechoso de cometer un delito en esa jurisdicción deberá esperar 6 años (detenido, por supuesto) para que se diga si es culpable o inocente. Sólo quedan exceptuados aquellos acaudalados señores que asesinen a sus esposas, como García Belsunce, que pese a estar procesado por el homicidio de su mujer, se encuentra en libertad.
El 75% de los detenidos han cometido (o están sospechados de haber cometido) delitos contra la propiedad (robos, hurtos) que hablan de la composición social de los reclusos que en su arrolladora mayoría pertenecen a los estratos más pobres de la población, personas que en muchos casos, así como hoy se encuentran privados de su libertad, desde que nacieron han sido privados de educación, alimentación, vivienda digna, esparcimiento, y se han visto arrojados a la degradación y la descomposición social.

Los diputados kichneristas votaron hace 2 años la reforma Blumberg. Recientemente sus amigos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, de los Mahier, Baigún y Zaffaroni publicaron su programa, en el que proponen aumento de presupuesto para seguridad y destino de una parte de éste para construir más cárceles y aumento de salarios a los miembros del Servicio Penitenciario. Así, según dicen, se podrá cumplir con el precepto constitucional de “las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para la educación y no para el castigo de los detenidos en ellas”. ¡Quienes reeducarían serían los mismos denunciados por hacer salir a los presos para robar y alojarlos nuevamente! También proponen creación de nuevos juzgados penales y fiscalías, profesionalización de las fuerzas de seguridad y creación de una nueva agencia de inteligencia para combatir el delito. Como se puede apreciar, el programa de los “garantistas” salvo en las formas, en lo sustancial no difiere del de Blumberg: mayor extensión del aparato represivo del Estado.