Decenas de organizaciones firmamos el documento común que fue leído en el palco. Entre sus párrafos sobresalen: “La rebelión popular está vigente porque el gobierno pretende reconstruir el régimen político con los mismos instrumentos con los que actuaron Menem, la Alianza y Duhalde, como lo revelan los intentos de reelección, los decretos de necesidad y urgencia y los superpoderes. Los trabajadores y el pueblo han constatado que los que se presentaron en nombre de la ‘nueva política’ no son más que la reedición de las peores prácticas de la vieja política, como se evidenció con las patotas que actuaron contra los trabajadores del Hospital Francés, en San Vicente y la descarada compra de votos y el fraude en Misiones. (....) Hace 3 meses fue secuestrado Jorge Julio López, una acción para amedrentar al pueblo y a la lucha contra la impunidad de los genocidas. La desaparición de Julio López es expresión de la existencia y acción de los grupos de tareas fascistas y de un aparato represivo que sigue en pie y está impune. Denunciamos que los gobiernos de la nación y la provincia de Buenos Aires no están impulsando la investigación. Durante más de dos meses el gobierno de K negó la desaparición de Julio López como un secuestro. El gobierno de Solá se negó explícitamente a investigar y juzgar a los policías en actividad que revistaron en tiempos de la dictadura. Lo mismo ocurre con la Policía Federal. Los funcionarios del Poder Judicial que han estado implicados en la represión siguen en sus puestos. De los 3.800 implicados en el genocidio de la dictadura militar, 220 están procesados y sólo 2 han sido condenados. (...)Trabajamos por la recuperación de los sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados expulsando a la burocracia sindical y las mafias que la defienden. Denunciamos la tregua pactada con el gobierno de parte de la CGT y la CTA, denunciamos el techo salarial del 19% –armado por Moyano y firmado por UPCN y ATE en el caso de los estatales–, y exigimos y llamamos a imponer a una y otra central un paro y plan de lucha por el aumento de salarios, por la eliminación del impuesto a los salarios, por un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar y un 82% móvil de jubilación, por un seguro universal al desocupado y el medio aguinaldo, por el desmantelamiento del aparato represivo impune y la aparición con vida de Jorge Julio López. Llamamos a los trabajadores de las organizaciones cooptadas por el gobierno a romper con éste y enfrentar su política antiobrera y entreguista.(...) Proclamamos desde esta Plaza de Mayo que el primero de los derechos, el derecho del pueblo a manifestar y organizarse está siendo atacado. Más de cinco mil luchadores siguen con su libertad amenazada por los procesos iniciados por el gobierno y las patronales. Siguen impunes los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001, los de Ibáñez y Cuellar en Jujuy, la bomba en Plaza del Mayo, el atentado a la AMIA. Sigue en pie la cacería de los jóvenes bajo el régimen del ‘gatillo fácil’, que se ha llevado la vida de más de 300 jóvenes en estos dos últimos años. Siguen impunes los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredon, así como la tentativa de absolver y excarcelar a varios de sus responsables materiales, a través de los llamados ‘juicios abreviados’. El gobierno ha confirmado y puesto en ejecución la instalación del puesto de la Gendarmería en Las Heras (...)”.