A poco de haberse sellado el acuerdo entre Sobisch y Sapag, de “unidad del partido” el Fiscal de Cámara, Alfredo Velasco Copello, presentó el pedido de sobreseimiento para 14 policías imputados en la causa conocida como Fuentealba II. En este escrito, no sólo se baja al terreno judicial el pacto de impunidad, que fuera realizado en la Convención del MPN en el 2007 y reafirmado en este acuerdo, sino que además, se marca la línea represiva que se viene para los trabajadores. Lisa y llanamente el fiscal prepara el terreno para las futuras represiones, legitimando y avalando la salvaje represión de Arroyito.

Maniobras de impunidad

No debe caber duda de que la primera maniobra de impunidad fue desmembrar la causa, separarla en dos, para, por un lado juzgar a Poblete y por el otro, al resto de los responsables. Esto permite que el fiscal separe el fusilamiento de Carlos de la represión, aislando la conducta de Poblete, como si éste hubiera actuado por sí solo y no subproducto de la orden represiva del gobernador Sobisch y la consiguiente cadena de mando. El desdoblamiento también permitió la citación de Sobisch en calidad de testigo, obstaculizando que sea citado como imputado, pues constitucionalmente, nada de lo que hubiera dicho como testigo podría usarse para acusarlo, además de que al ser “testigo” se considera que fue citado a que diga “su verdad”. Con la resolución de Velasco Copello se da crédito a lo dicho por Sobisch en el banquillo de testigo.

La segunda maniobra es usar la condena a Poblete para garantizarle la impunidad al resto. Ante la enorme movilización y exigencia de justicia de miles en las calles, el juicio oral contra Poblete se llevó adelante relativamente rápido, lográndose con la pelea dada, que se lo condenara a prisión perpetua. Pero no podemos dejar de ver, que a la vez, desde el Estado, se intentó calmar la situación de movilización en torno a la exigencia de justicia por la muerte de Carlos. El juzgar y condenar rápido al autor material significaba también que mientras tanto, los responsables políticos seguían impunes.

Velasco Copello fue fiscal en el juicio oral contra Poblete y escuchó de boca de los testigos cómo fueron perseguidos. Ahora afirma que la represión no fue “abusiva” ante “el inicio de ejecución de un delito” (se refiere al corte de ruta). De esta forma justifica la represión, dando el mensaje de que nadie (excepto Poblete claro está), habría actuado de manera ilegal. El antecedente que no quiere dejarse es que se puede acusar a toda la cadena de mando por las consecuencias planificadas y queridas por quienes ordenan, dirigen y ejecutan la represión a los que luchan. Esta es la antesala de la impunidad a Sobisch, y a toda la cadena de mando de la policía.

La legalización de la represión: “ellos se la buscaron”

Escribe el Fiscal: “Se estaba logrando el fin perseguido cual era, que no se asentaran en el punte Arroyito, se reprimió, pero acorde al comportamiento de los manifestantes”, que es más o menos lo mismo que decir que se lo merecieron, o que se lo buscaron. Para él, quien lucha, realiza acciones contra el orden imperante y se enfrenta con medidas de acción directa, merece la represión. Y sigue:
“Los efectivos policiales afirmaron que sus peticiones u ordenes fueron desobedecidas, se les contestó con “ironía” en cuanto a que se retirarían cuando su actitud demostraba lo contrario”. De esta forma legaliza la represión y envía un mensaje tranquilizador a la misma policía que el gobernador Sapag manda a la calle. Los trabajadores y el pueblo deben “obedecer” calladamente, no luchar, y mucho menos realizar medidas de acción directa, porque la respuesta del Estado será la represión. Y los represores, tendrán garantizada la impunidad por la vía judicial.

Las carmelitas descalzas

La entonces cúpula de la Policía provincial y de Seguridad, estuvo presente en la ruta el 4 de Abril del 2007, dirigiendo la represión, avalando el fusilamiento de Carlos. En la misma sentencia que condena a Poblete se utiliza como prueba una comunicación fechada el 04 de abril de 2007 en la cual el Comisario Alfredo Soto afirma: “A fin de dirigir las actividades procedimentales en el sitio se encontraban el señor Subjefe de Policía, el suscripto, el Director de Seguridad de Neuquén y Oficiales Jefes a cargo de cada grupo”. Ahora son carmelitas descalzas que sólo fueron a curiosear. Dice Velasco Copello: “Zalazar y Pascuarreli fueron a observar como se desarrollaron los hechos y por lo que pudieron observar las mismas se cumplieron de forma adecuada”. Para ellos la muerte de un trabajador a manos de la policía, es “adecuada” para imponer el orden de los de arriba, para que los que luchan aprendan lo que les puede pasar. Pascuarrelli, Zalazar y Soto, son tan responsables de la muerte de Carlos como lo es Sobisch. Salvar a 14 integrantes de la cúpula policial, no es una cosa menor, y busca que se corten las imputaciones a la cadena de mando, para evitar llegar al mayor responsable: el entonces gobernador Jorge Sobisch. Este pacto de impunidad, avalado por el fiscal, demuestra que ellos se unen y cierran filas, para garantizar que se sigan enriqueciendo las petroleras y los de arriba, mientras los trabajadores de la salud y la educación, y todos los trabajadores, tenemos que conformarnos con las migajas que nos quieran ofrecer, pues de lo contrario, estará el aparato represivo listo para responder.

Más policía a la calle: una provocación a dos años del fusilamiento de Carlos

Mientras desde la justicia se les garantiza la impunidad a la gran mayoría de los policías y responsables políticos de la represión de Arroyito, el gobernador Jorge Sapag, con la excusa de combatir la inseguridad, lanza una campaña de “prevención del delito” que significa que pasen a la calle todas las fuerzas policiales a partir del 1 de abril. La Metropolitana, Canes, Montada, Seguridad Bancaria y personal de las trece comisarías, mas 160 policías inundarán las calles de Neuquén. Esta decisión está a tono con la política nacional, en el cual la clase dominante se prepara para enfrentar los efectos de la crisis económica.

La inseguridad va a ser para los de abajo, para los trabajadores y el pueblo pobre. La policía de Neuquén, sigue intacta de la dictadura a la fecha y tiene en su haber decenas de represiones con lesionados gravísimos, con compañeros asesinados, con pibes de los barrios brutalmente golpeados, con personas torturadas en cárceles y comisarías. Esta decisión significa lisa y llanamente una provocación que se da en las vísperas del segundo aniversario del fusilamiento público de Fuentealba. Sólo podremos esperar de ello más pibes muertos y torturados a manos de la policía, más cárcel y represión para los que salgamos a luchar. Es evidente que ellos se preparan para atacarnos, para imponer su orden y que la crisis la paguemos nosotros. Se hace mas necesaria que nunca una respuesta de los de abajo: necesitamos unirnos y movilizarnos para lograr la cárcel a todos los responsables del fusilamiento público de Carlos y de la represión en Arroyito, pero también para enfrentar la represión y contra la política de mano dura.

Estos son los jueces de la Cámara

El Juez de Instrucción Cristian Piana, rechazó el pedido de los abogados de la querella de que sea citado a indagatoria el ex gobernador, Jorge Sobisch. Esta decisión fue apelada y ahora la Cámara debe resolver el recurso, pues aceptó la queja que abre la instancia. Previo a ello ya convalidó al juez Piana para que siga en la causa, al rechazar la recusación de la querella. Estos son los jueces que tienen a su cargo esta apelación:

* Héctor Rimaro, liberó a los policías que balearon a Pedro “Pepe” Alveal en Enero del 2004.

* Daniel Varessio, fue ascendido a la Cámara por el gobernador Sobisch.

* José Andrada, fue Secretario del Juzgado Federal en la dictadura militar.