Nuevamente la Comunidad Indio Colalao, en Base Riarte, sufrió a la fuerza represiva del Estado. Más de 250 efectivos, que incluían las brutales División Investigaciones y el Grupo Cero, entraron donde esta asentada la comunidad bajo el argumento de relevamiento para luego pasar a realizar una brutal represión y desalojo. Desde Septiembre de 2010 que los pobladores originarios venían denunciando presiones de la policía y la actuación de fuerzas parapoliciales que responden a los terratenientes Fredy Moreno Nuñez Vela y Jorge Posse, quienes son los que reclaman las tierras. Los pobladores denuncian incluso que durante el último Censo estas mismas fuerzas de choque impidieron la entrada de los encuestadores y desde hace meses controlan quienes entran o salen de la comunidad.

El origen del problema de la tierra en Tucumán tiene como base la constitución misma del Estado, que entre otras cuestiones permitió a las clases dominantes apropiarse de la mayor parte del territorio. Esto seria un dato histórico menor, sino fuera porque aún resuenan los mismos apellidos que hace 200 años despojaron a la comunidades originarias. Actualmente en Tucumán, unas 200 familias cuentan con el 85% de las tierras: Frias Silva, Avellaneda, Paz, Rouges, Nougues, Prat Gay o como en el caso en cuestión, Posse, son algunos de los nobles apellidos que poseen miles de hectárea. El mismo Posse se encargo de aclararlo en los medios “nuestra finca tiene los papeles en orden, y es poseída hace 100 años en forma pacífica y pública”. Claro que Posse entiende a pacífico y público a los mismos métodos utilizados en la represión de ayer.

La comunidad Indio Colalao denuncio en un comunicado que “Denunciamos que Moreno Nuñez Vela y Posse pretenden apropiarse de 19000 ha. de monte nativo donde se encuentra la Base Riarte Norte, en función de que en el año 2003, en connivencia con la Familia Prat Gay, encubrieron un negociado resultado del vaciamiento del Banco de Crédito Rural. En ese momento el actual Diputado del ARI Alfonso Prat Gay, presidía el Banco Central de la República Argentina, entidad que tenía como garantía el territorio Colalao por la deuda contraída por Jorge Prat Gay, resultado de sucesivos préstamos solicitados. El uso de nuestro territorio para sus negociados derivo en la entrega por parte del BANCO CENTRAL DE LA NACIÓN ARGENTINA de nuestros hermanos que allí habitan como un elemento más del paisaje”.

En la represión intervino el fiscal Herrera, el mismo que cajoneo por dos años a fin de que proscriba la causa Marchese, quienes fueron asesinados en una picada por el hijo del Ministro de Economía, Jorge Jiménez. Herrera vuelve a ser el brazo de las clases dominantes, quien jamás cuestionó la existencia de fuerzas parapoliciales, el cercenamiento del libre tránsito de los pobladores, el cierre forzoso de la escuela de la zona, pero que no tardó mucho tiempo en acompañar el desalojo y la represión. Todas estas situaciones fueron denunciadas, según los pobladores, “en todos los organismos de Derechos Humanos Provinciales y Nacionales, como el INADI Tucumán y Nacional, Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia y Nación, Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia de Tucumán, Comuna de San Pedro de Colalao, y por supuesto ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; pero no ha tenido respuesta hasta el momento de ninguno de ellos”.

Desde el PTS nos solidarizamos con la comunidad India Colalao y repudiamos esta brutal represión como así el hostigamiento de las fuerzas parapoliciales que actúan con complicidad del Estado. Asimismo denunciamos al Estado provincial y nacional, que actúa en beneficio de los 200 terratenientes de la provincia negándole el acceso a la tierra a cientos de miles de trabajadores y pobladores originarios. Los trabajadores del campo y la ciudad deben unirse en la perspectiva de expropiar a ese puñado de terratenientes para acabar con la especulación, dar la tierra a los miles de trabajadores rurales y a aquellas reclamadas por las comunidades originarias.

Juan Róvere