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Entre las crisis políticas y las cadenas de la deuda externa

20 de enero 2005

El comienzo de año ha mostrado lo precario de la estabilización del régimen burgués lograda bajo los gobiernos de Duhalde y Kirchner, sostenida esencialmente en los dos años de fuerte recuperación económica y en el represtigio de la figura presidencial bajo la gestión de este último. En medio de la tormenta política generada por la masacre de República de Cromañón (que transformó a Aníbal Ibarra en poco menos que un “muerto político”) distintos analistas, que hasta ayer nomás mostraban como principal preocupación para la “gobernabilidad” burguesa la “falta de oposición a un peronismo hegemónico”, pusieron el “alerta amarillo”. Luis Tonelli señaló en su editorial en la revista Debate que “el mostruo de la ingobernabilidad no ha sido vencido, ni mucho menos (...) lo único que verdaderamente puede ponernos a buen recaudo de la ingobernabilidad es, ciertamente,que la política gane legitimidad ante los ojos de la ciudadanía. Y esto, en la Argentina actual, es simplemente imposible”1. Pocos días antes, Eduardo Van der Kooy se había expresado en términos similares en su editorial dominical del diario Clarín: “...la gran crisis desnudó la precariedad de las vigas que sostienen al sistema institucional... Apenas ocurrió el desastre en el boliche los ojos de la mayoría -incluida la prensa- viró hacia la figura presidencial, como si entre la cima del poder y el llano existiera un vacío enorme. Diagnóstico: a 3 años y meses de la hecatombe de 2001 la única reconstrucción cierta parece ser la de la institución presidencial. ...el de Kirchner -al menos su primer mandato- es un período de transición donde la prioridad radica en la sutura de los tejidos sociales destruidos por aquella gran crisis y donde el mejoramiento de la calidad institucional será lento y quizá postergado”2. La propia crisis abierta en estos días en el peronismo de la Provincia de Buenos Aires, más allá de alguna tregua que puedan acordar “felipistas” y “duhaldistas”, muestra que las tendencias a la fragmentación también corroen al principal aparato político del país. El carácter abierto de una disputa “por la caja” en un año electoral –admitido tanto por Solá como por los duhaldistas- no hace más que aumentar la distancia entre “representantes y representados”, propia de toda “crisis de hegemonía”. La extrema debilidad de Ibarra y Solá, los gobernantes de los dos principales distritos del país, no son más que la manifestación más aguda de la continuidad de una “crisis del Estado y de las formas de organización política ideológica y cultural de la clase dirigente” (Gramsci) que bajo el gobierno de Kirchner se ha atemperado pero en modo alguno resuelto. Es que las expectativas y el relativo represtigio logrado por la figura presidencial no han superado la debilidad en que quedó el Estado y el régimen capitalista argentino luego de la “gran crisis” del 2001, con un sistema de partidos donde sólo el peronismo sobrevive como federación de caudillos con fricciones constantes entre sí; un Parlamento que prácticamete no existe, jugando un rol decorativo; un Poder Judicial que no puede remontar su desprestigio (hasta la “renovada” Corte Suprema tuvo que “mostrar la hilacha” avalando la pesificación de los depósitos en dólares); una burocracia sindical muy desprestigiada. Incluso la reiterada respuesta gubernamental de recostarse sobre Duhalde en cada crisis seria deslegitiman su recurso de presentarse como distinto de la “vieja política”. Es esto lo que hace que todo reclamo de las masas tienda a dar nuevos fenómenos políticos. Así, en el 2004 vimos, por derecha, cómo frente al problema de la seguridad de la alta clase media surgió el movimiento de Blumberg, mientras que por izquierda, frente al problema salarial, la oleada de huelgas encabezada por los telefónicos tuvo gran repercusión nacional. Todo hace prever que en este año veremos esta tendencia actuar más aceleradamente.


Porque no es sólo la debilidad de las instituciones burguesas sino la persistente tendencia de las masas a intervenir directamente en la vida política lo que es un signo distintivo de nuestro país (y de gran parte de América Latina).


Aunque la magnitud de las acciones generadas por la tragedia de Cromañón no fue hasta el momento suficiente para quebrar el “pacto de impunidad” y producir la renuncia del gobierno de Ibarra, principal responsable político de la masacre, miles de jóvenes, mayoritariamente de los sectores bajos de la clase media y trabajadores, aquellos que más sufren las consecuencias de la precarización del trabajo -una composición social similar a la que protagonizó el grueso de los enfrentamientos contra las fuerzas represivas el 20 de diciembre de 2001- ganaron las callles junto a los familiares, dando lugar a un nuevo fenómeno de politización embrionaria en este sector, cuyas consecuencias trascienden los altibajos que pueda tener la movilización.


Muestras claras de la persistencia de una “crisis orgánica” que si bien bajo la presidencia de Kirchner ha tendido a volverse latente, esencialmente por la recuperación económica, tiende a expresarse abiertamente ante cada una de las crisis que muestran lo precario de la estabilidad del régimen burgués.

* * *

En estos mismos días está en pleno curso la pulseada entre el gobierno y los tenedores de bonos en default de la deuda argentina. Contra todo lo vociferado por el gobierno, la estrategia del tándem Kirchner-Lavagna para la deuda externa es favorable a los intereses de los “organismos internacionales de crédito” (FMI, Banco Mundial, BID), compatible con las necesidades actuales de las grandes finanzas y completamente confiscatoria del pueblo argentino. Aún en el caso de resultar exitoso el canje según la más optimista de las hipótesis gubernamentales –permitiendo al gobierno lograr un fortalecimiento coyuntural-, la deuda continuará siendo un peso insostenible para la economía nacional, representando entre un 85% y un 90% del PBI frente al ya altísimo 57% anterior a la devaluación3. Una verdadera “bomba de tiempo”, que sólo preanuncia futuras crisis. El cálculo del gobierno acerca de sostener los pagos logrando más de una década de superávit fical de un 3% no sólo es una hipoteca sobre el conjunto del pueblo trabajador sino que es completamente irrealista. El promedio del superávit en la década 1991-2001 fue de un 0,57%, llegando a un pico de 1,33% del PBI en el mejor momento de la convertibilidad4. Si en este año tal meta de superávit fue duplicada fue producto de una combinación excepcional de factores que permitió un fuerte aumento de la recaudación5 con un bajo nivel de aumento del gasto respecto al año anterior, sobre todo en base a salarios estatales y jubilaciones prácticamente “planchados” y subejecución presupuestaria en el “gasto social”.


La salida del default, si finalmente se logra, abrirá posiblemente un nuevo ciclo de endeudamiento. No otra cosa significa la “vuelta del crédito” para los negocios capitalistas que el gobierno señala como consecuencia favorable a la aceptación del “canje”. Por ello, no extraña que importantes sectores del capital financiero internacional, deseosos de realizar operaciones en Argentina, estén jugando favorablemente para un éxito de la “propuesta de Buenos Aires”, al contrario que la alianza de fondos buitres, bancos y ahorristas que especulan con que si fracasa lograrán una mayor oferta del gobierno argentino.


Pese a su retórica, la política del gobierno argentino no se contrapone con lo buscado por el FMI, que es cobrar lo más posible para disminuir sus “niveles de exposición” en los países con alta deuda. Argentina pagó este año alrededor de 10.000 millones de dólares (equivalente a la mitad de las reservas existentes en el Banco Central) y los compromisos para el 2005 ascienden a 11.620 millones de dólares6, un 7,45% del PBI. Toda la deuda externa es un fraude gigantesco, resultado de múltiples negociados en los que han sido cómplices todos los gobiernos de la dictadura para acá. Bajo los gobiernos militares la deuda creció un 456%, de 8.000 a 45.000 millones de dólares. Con Alfonsín, un 41,2%, llevando la deuda a un promedio de 1.984 dólares por habitante. Con Menem el aumento fue de un 93,7%, pasando la deuda per cápita a ser de 3.379 dólares, cifra que con De la Rúa se incrementó –en apenas dos años de gobierno- a 3.985 dólares, con un aumento del endeudamiento de un 17%. Pese al default, hasta septiembre de 2003, los gobiernos de Duhalde y Kirchner aumentaron la deuda en un 24%, debiendo cada argentino 4.656 dólares7. Incluso la deuda que se ha estado pagando puntillosamente al FMI, un 81% de la cual está compuesta por los fondos del “blindaje” realizado bajo el gobierno de De la Rúa, ha sido denunciada como una gran estafa por parte de sostenedores iniciales del gobierno de Kirchner. En un reciente artículo aparecido en el mensuario Le Monde Dipló, se da cuenta de un informe realizado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre fuga de divisas de Argentina durante 2001 que corrobora ampliamente lo que fue vox populi: que se desembolsó a sabiendas dinero destinado a preservar a los bancos y a financiar una monumental fuga de capitales (del orden de 26.118 millones de dólares) realizada por los principales grupos empresarios8.


La actitud hacia la deuda externa continúa siendo una piedra de toque entre la verdadera defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo y la actitud servil del “progresismo” proimperialista, que sostiene que la discusión sobre la deuda externa está “sobrecargada”9 (sic), como ha planteado el diputado y dirigente de la CTA Claudio Lozano. No extraña por ello que el rechazo de la deuda externa esté completamente ausente de lo planteado por el llamado “Encuentro de Rosario”, que Lozano impulsa junto con el banquero Heller, el PS, el PC y distintas “viudas” del Frepaso y la Alianza.


La lucha por el no pago de la deuda externa es la única posición coherente con la defensa de los intereses nacionales.

* * *

Con una tendencia que evidenciaron las crisis políticas recientes a mostrar la continuidad de la “crisis orgánica”, todo indica que el 2005 será un año que dará nuevos y múltiples fenómenos políticos, con el mantenimiento de la tendencia a la acción obrera que fue uno de los grandes hechos del 2004. En el desarrollo de estas luchas y en su potencialidad de generar condiciones para que los trabajadores avancen hacia su independencia política estriba la posibilidad de romper con la dependencia nacional y encontrar una verdadera alternativa al “capitalismo en serio” de Kirchner, Lavagna y Duhalde.


Como hemos señalado, los partidos tradicionales de la clase capitalista o han implosionado (como el radicalismo) o se mantienen meramente como una confederación de señores feudales ligados por el interés común de continuar en los cargos que poseen (el PJ). Pese a esto, el peronismo, mediante el control de la burucracia sindical y sus aparatos de punteros continúa siendo el principal dique de contención para impedir que la fuerza de los trabajadores se exprese en forma independiente. Los sectores avanzados y combativos de la clase trabajadora tienen ante sí una gran responsabilidad: luchar porque los trabajadores pongan en pie un instrumento político propio, un gran Partido de Trabajadores, que permita expresar la fuerza de los diez millones de asalariados y los cuatro millones de desocupados. Preparándonos para un año de nuevas covulsiones políticas, el PTS pondrá todas sus energías en los próximos meses en difundir este planteo, llevándolo a toda la vanguardia obrera y popular. 

1 Luis Tonelli, La ingobernabilidad al acecho, Debate N° 96, 14/01/05.


2 Clarín, 9/01/05.


3 Distintos analistas calculan en un 30% del PBI el nivel de deuda “sustentable” para una “economía dependiente” como la argentina.


4 Marcelo Bonelli, Un país en deuda. La Argentina y su imposible relación con el FMI, pág. 18, Planeta, 2004.


5 Fundamentalmente los altos precios de las exportaciones del agro y del petróleo –a los que se aplican las retenciones- y el aumento del consumo que permitió un importante crecimiento de lo recaudado por el IVA.


6 Estos se distribuyen de la siguiente forma: 4.483 millones al FMI; 5.255 millones por amortizaciones de títulos públicos como los Boden y otros; 1.063 millones al BID; 1.073 millones al Banco Mundial.


7 Datos extraídos de Marcelo Bonelli, Un país en deuda..., op.cit.


8 Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, Finanzas al margen de la ley, Le Monde Diplomatique (edición argentina) N°67, enero 2005.


9 Claudio Lozano, Sobrecargar expectativas, Página 12, 17/01/05.

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