Cuando el gobierno muestra los datos de la “salud” de la economía, el índice de crecimiento de la industria textil es uno de los que sobresale. Pero ya hace dos años la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, reconocía que “con relación a la cantidad de tela vendida hay entre un 60 y un 65 por ciento de trabajo en negro”. La superexplotación de los inmigrantes bolivianos en la Capital es el extremo aberrante de una situación de precarización laboral generalizada que es utilizada no sólo por pequeños esclavistas sino por los grandes capitalistas. En el local que se prendió fuego en Caballito, se fabricaban prendas para grandes marcas como Montagne, Lacar y otras que tercerizan sus trabajos en talleres de ese tipo. Y el llamado “boom” de la construcción también se basa en una alta contratación en negro de trabajadores inmigrantes.
El trabajo no registrado es uno de los pilares, junto a los bajos salarios, del crecimiento de la economía de Kirchner y Miceli y de las superganancias capitalistas en todas las ramas. Y ha crecido con este gobierno “progresista”. A mediados de la década del ’90, bajo Menem, el 30% de los trabajadores del país estaba “en negro”. Hacia el fin del gobierno de De la Rúa y Cavallo la precarización saltó al 38%. Después de 2001, el trabajo no registrado superó el 40% y llegó al 49,5% en la segunda mitad de 2003. Según el INDEC, en el primer trimestre de 2005, el 51,5% de los asalariados –5.300.000 trabajadores aproximadamente– no están registrados por las empresas donde trabajan. Hoy son cerca de 5 millones, 1 de cada 2 trabajadores, los que están “en negro” en la Argentina de K.