Con la visita de la Viceministro de Trabajo del Gob. Nacional Noemí Rial[1], altos representantes de los Gobiernos de Mendoza, San Juan y La Rioja, firmaron hoy un convenio con las asociaciones empresarias y sindicatos de la rama Vitivinícola para “dignificar las condiciones laborales de los trabajadores del sector y eliminar progresivamente el trabajo en negro y el infantil. (…) Según explicó Marchena, mientras las patronales se comprometen a implementar la responsabilidad social empresaria, los sectores gremiales colaborarán con la capacitación del trabajador y la provincia monitoreará que estos acuerdos se cumplan. En este sentido, el ministro anunció que se reforzará el cuadro de inspectores al tiempo que adelantó que por ser "un acuerdo inédito en el país, es anhelo del Gobierno extenderlo a otras actividades frutihortícolas y rurales de la provincia". Por su parte, Rial, aseguró que "éste es el inicio de una serie de convenios de cooperación"[2].

Este tipo de convenio entre empresarios, gobiernos y sindicatos es el primero que se lleva adelante en la provincia y uno de los primeros en el país. El motivo que lo impulsó es intentar proteger la paz social de la provincia hacia la próxima cosecha de la uva. Es que hace unas semanas, los peones rurales de Foeva (obreros vitivinícolas de Mendoza, San Juan y La Rioja), que vienen movilizándose en las últimas vendimias, anunciaron que este año su reclamo no sería sólo por el aumento del tacho de uva, sino también por avanzar en el blanqueo de sus empleos[3]. Demostrando el impacto de la lucha que iniciaron las obreras del ajo, y amenazando con llevar el conflicto a otra de las actividades productivas fundamentales de la provincia.

La rapidez con que el gobierno intenta promover una salida preventiva a la crisis de las relaciones de superexplotación de la industria Vitivinícola, la vedette de las exportaciones mendocinas[4], no se condice en nada en como viene tomando el conflicto de Campo Grande que lleva más de tres meses con los delegados despedidos, los trabajadores en negro y más de quinde niños trabajando dentro del galpón y decenas más en cuadrillas contratadas para el corte en las chacras. El apuro es entendible: no quieren que se contagie la rebelión de los ajeros contra la esclavitud a los cosechadores de la millonaria vendimia cuyana. Intentan mostrar que la solución ya se ha conseguido
La pregunta es ¿Qué solución representa este convenio en concreto para los trabajadores? Detrás del resonante título “Firman convenios para erradicar el trabajo en negro y el infantil”, la nota explica que esto se logrará con el compromiso de los empresarios (que mayormente son capitales de monopolios internacionales) de aplicar lo que llaman la “Responsabilidad Social Empresaria”, es decir, que tomarán en sus propias manos la tarea de deshacer las miserias que ellos mismos generan.[5] ¡Qué responsable y social suena esto! Los Adrián Sánchez y demás explotadores de niños serán los encargados de dejar de explotarlos “progresivamente”.

Para su resguardo, el gobierno llevará adelante más inspecciones “monitoreando” el cumplimiento de los acuerdos. ¿Qué debe “monitorear” el gobierno? Si tomamos en cuenta que en la provincia 4 de cada 10 trabajadores están en negro, sólo resta agregar lo que claramente señaló el Subsecretario de Trabajo a fines del mes de enero: “Mendoza se posiciona como una de las primeras provincias con mayor trabajo infantil. (…) se encuentra entre la segunda y tercer provincia del país con este problema. (…) "No podemos aceptar que empresarios reconozcan que una familia trabaje en su establecimiento y existan niños también trabajando", dijo Adaro, y agregó que ya conformaron una comisión de inspectores de trabajo infantil en conjunto con otras áreas del gobierno. "Llevamos casi 6 ó 7 inspecciones en lo que va del mes en zonas rurales. Generalmente se encuentran niños de 6 a 12 años"[6]. Estas inspecciones son tan testimoniales como su cantidad, se sientan actas para archivarse y “encomiendan a la virgen que se consiga algo”, tal como lo hiciera el jefe de Inspectores de la Subsecretaría con en el operativo que realizaron en Campo Grande. No existe un plan de estado controlado por delegados obreros y organismos de derechos humanos independientes del gobierno, que realice verdaderas inspecciones que inhabiliten los establecimientos donde se explota sistemáticamente a menores de 14 años. Mucho menos se castiga penalmente a los empresarios como Sanchez que son comprobados explotadores de niños.

¿Y qué queda para los sindicatos? “Colaborarán con la capacitación del trabajador”. Más allá de que la mayoría de los dirigentes que hoy están al frente de los sindicatos difícilmente ayudarán a dominar mejor una tijera, embalar o maquinar el fruto de la tierra a quines lo hacen desde los 6 años. Esto deja en claro cual es el rol de la burocracia sindical en los pactos y convenios con el empresariado y el gobierno: colaborar en el rendimiento productivo de los obreros. ¿Esto no lo hacían años atrás los capataces y encargados? Ni se menciona que vayan a vigilar la real situación de los obreros para ayudar a éstos a defenderse del brutal despotismo patronal.

Este convenio de colaboración entre patrones, gobierno y burocracia sindical, es parte de una “Gran Política” nacional, que Cristina impulsa bajo el nombre de Pacto Social. Su interés es clarísimo, sin la menor intención de mejorar las condiciones de trabajo de los millones de asalariados, buscar allanar el camino de los empresarios de las distintas protestas y luchas que llevan adelante los trabajadores en distintos puntos del país y promover la colaboración con los empresarios para optimizar su productividad y ganancias millonarias. Esta colaboración con el empresariado no queda allí, mañana mismo la propia CFK viaja a Mendoza para firmar en Lujan, la prórroga de la suspensión del impuesto al millonario negocio del Champang, un regalo que se suma a la “tasa cero” con la que el estado premia a los empresarios con más de 150 millones de pesos anuales![7]

El caso testigo de los obreros del Ajo, muestra a las claras el rostro siniestro del empresariado exportador mendocino y su intención de cambiar las penurias sociales con las que convierten los frutos en oro. El gobierno no tiene ninguna voluntad de resolver el problema del trabajo infantil, a pesar de su discurso rimbombante; peor aún, está alistando las tropas para reprimir los reclamos obreros detrás de Aguinaga, el genocida Rico y sus 4 comisarios torturadores que dirigen el Ministerio de Seguridad con superpoderes. La burocracia sindical se ha propuesto ser pionera …en la capacitación del obrero para su explotación, y esto significa que para llevar adelante su lucha, los peones de Foeva deberán superar a la conducción sindical que intentará evitar cualquier movilización que haga peligrar el cumplimiento de este Pacto. Sin dudas, con el ejemplo y compañía de los ajeros, los obreros rurales de la uva no están solos para ello.

Alejandro Cámac