“Estamos con un Estado que acompaña, nos sentimos respaldados por el Estado. Lo peor es tener miedo”, declaró Estela Carlotto luego de su entrevista con Kirchner referida al caso de la desaparición de Jorge Julio López. La dirigente de Abuelas busca así cubrir la responsabilidad estatal.
La realidad del aparato estatal cobijando a elementos provenientes de la dictadura no es una ficción sino un elemento estructural. El caso López y las amenazas posteriores llevan el sello de las bandas amparadas por la impunidad estatal. Actúan en las Fuerzas Armadas y de represión que son las instituciones del Estado que ejercen el monopolio de la violencia. Como explicaba el maestro del socialismo Federico Engels en última instancia “el Estado es la banda de hombres armados” de la clase capitalista. Visto así, la dictadura militar abierta y genocida fue el recurso de la burguesía (la dictadura patronal) para aplastar al movimiento obrero y entregar el país al imperialismo. Cuando la dictadura se derrumbó, antes que la movilización obrera y popular pudiera ajustar cuentas con los militares, la burguesía a través de sus partidos, centralmente la UCR y el PJ, recurrieron a la salida democrática para salvar alEstado y las Fuerzas Armadas y represivas. La “democracia” (burguesa) reinstalada en 1983 y sus gobiernos se vieron enfrentados a la necesidad de resolver el tema del genocidio y las Fuerzas Armadas. Los gobiernos de la UCR y el PJ buscaron la “reconciliación nacional” y dictaron las leyes del perdón. Los militares represores actuaron a su vez durante los ’80 amenazando las libertades democráticas para conseguir mayor impunidad. Cuando la movilización popular los enfrentó, los políticos patronales dijeron sus “Felices Pascuas” en boca de Alfonsín en 1987. Bajo este amparo los sectores provenientes de la dictadura siguieran actuando en el seno del Estado y su brazo armado. Resulta revelador que los luchadores muertos en “democracia” cayeran a manos de fuerzas dirigidas por ex represores que seguían en funciones.
La nueva “razón de Estado” del kirchnerismo, supuestamente fundada en el respeto a los derechos humanos, fue impuesta por la necesidad de legitimar a las instituciones después del levantamiento popular de diciembre del 2001, donde las fuerzas represivas volvieron a asesinar al pueblo en las calles. Estatizar la defensa de los derechos humanos –lo que agradece Carlotto– es una política para desmontar la lucha contra la impunidad, a cambio de la promesa de reformar tibiamente instituciones descompuestas. Esta política muestra una vez más su fracaso. Que nadie se extrañe si Kirchner prefiere pactar la impunidad antes de permitir que el pueblo movilizado salde cuentas con los genocidas e impunes.
Ajustar cuentas con los represores es luchar contra el Estado patronal, autor del genocidio y de la impunidad. Es una tarea pendiente de la movilización obrera y popular el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices, que hoy se replantea para derrotar a las fuerzas de la reacción integradas por policías y militares. Hay que luchar por disolver las fuerzas represivas y estructurar en su reemplazo una milicia civil obrera y popular organizada por las organizaciones obreras y sociales para terminar de cuajo con las instituciones del genocidio. Hay que empezar por defender a los testigos contra los genocidas formando comités de autodefensa para garantizar su seguridad.
La lucha por la aparición con vida de López tiene que apuntar contra el Estado patronal y sus políticos, que lejos de protegernos, es donde anidan los huevos de la serpiente.