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Derechos Humanos

Garzón exige la extradición de un militante vasco

El juez progre persigue a los independentistas

15 de junio 2004

En estos días se inició el juicio oral y público al militante vasco Josu Lariz Iriondo quien hace más de un año y medio está detenido. La justicia argentina debe decidir si concede o no el pedido de extradición del juez español Baltazar Garzón. Utilizando el prestigio obtenido por las causas contra los militares de América Latina, Garzón contribuye a la opresión del pueblo vasco, oficiando de sostén y ejecutor de la política de persecución, cárcel y torturas1 del Reino de España contra el independentismo.
El caso de Josu es el de tantos militantes vascos: a fines del ‘84 debió exiliarse al País Vasco Francés huyendo de las GAL (fuerzas paramilitares que actuaban impunemente con la complicidad de Felipe González y el juez Garzón); luego, gracias al Tratado de Cooperación entre el gobierno francés de Mitterrand y Felipe González, es expulsado y se asila en Uruguay, hasta que en 2002 literalmente lo secuestran y es trasladado a Argentina, donde lo detiene la Policía Federal. Desde entonces está preso, a pesar del detalle -no menor- de que los delitos de los que se lo acusa están prescriptos y debería haber recuperado su libertad.
El fiscal Eduardo Freiler dice que “sólo” correspondería la extradición por el delito de estragos, pero aclara su petición de que “el detenido no sea ni incomunicado ni torturado”. Increíble.
El 17/6 se conocerá la sentencia. Los primeros días del juicio estuvimos presentes en tribunales Pérez Esquivel, los periodistas Carlos Aznárez y Herman Schiller, Osvaldo Bayer, Beinuz Smukler, miembro de la Asociación Americana de Juristas; los diputados Zamora y Roselli; Hebe de Bonafini y organismos de derechos humanos como Correpi, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el CeProDH y miembros de la comunidad vasca. Convocamos este jueves 17 a las 12:00 en los Tribunales de Comodoro Py a movilizarnos e impedir la extradición. Una condena sería un grave precedente que evidenciaría la complicidad con la Corona española y el cercenamiento de libertades democráticas.

Prensa

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