El gobierno nacional con su política de agro “progreso” beneficiosa para las patronales del campo, y en complicidad con los gobiernos provinciales, suma una nueva víctima en su curriculum gubernamental. Nuevamente fue en la provincia de Santiago del Estero del radical K, Gerardo Zamora, donde Miguel Galván, de 40 años, militante del MOCASE - Vía Campesina, fue asesinado de una puñalada en el cuello por el sicario de apellido Rizo, aparentemente vinculado al empresario ganadero Facundo Figueroa de la empresa La Paz S.A., ubicada en Rosario de la Frontera (Salta) que, por intereses generadores de altas ganancias, extiende su frontera agropecuaria sobre territorios de comunidades campesinas y originarias del norte de Santiago del Estero despojándolos de los mismos.
Miguel Galván encontró la muerte defendiendo algo tan esencial y democrático como es el acceso a una porción de tierra para vivir y trabajar y el reconocimiento de sus territorios como pueblos originarios. Sin embargo, el empresario Figueroa asegura tener 1.600 hectáreas con títulos que legitiman la usurpación de los territorios de comunidades campesinas Lule Vilelas de Santiago del Estero, a pesar de que éstos fueran reconocidos como propiedad comunitaria por la Ley de relevamiento territorial negando cualquier tipo de vínculo con los gobiernos de Salta y Santiago del Estero que hayan favorecido la obtención de dichos títulos. Pero la realidad es que hoy tenemos que lamentar la muerte de otro militante campesino a pesar que desde hace años las comunidades campesinas y originarias vienen denunciando los atropellos causados por las denominadas guardias blancas que responden a los intereses de los empresarios agropecuarios bajo la tutela del gobierno K de Zamora.

El gobierno nacional no es impune a la violencia que arrastra el negocio de las oleaginosas ya que su “modelo” está centrado básicamente en la recaudación fiscal a expensas de la soja y, por lo tanto, proteger el oro verde se torna como tarea esencial para el kirchnerismo tutelando la usurpación y el desalojo violento de comunidades campesinas y naciones originarias. Una muestra más de que los gobiernos, tanto nacional como provincial, que administran el Estado son funcionales a los capitalistas industriales y agrarios.

Profundizar el modelo

Muchos se preguntan qué significa realmente profundizar el modelo “nacional y popular” que ya lleva más de 8 años, con techos en las paritarias, la inflación en ascenso, el asesinato continuo de militantes sociales, ley antiterrorista, violencia contra naciones originarias, espionaje y persecución a trabajadores que reclaman por sus derechos, protección y privilegios a la burocracia sindical con su patota asesina, saqueo de los recursos naturales y aumento de la acumulación de las ganancias de los empresarios nacionales y extranjeros. A pesar de que la juventud de La Cámpora realiza pintadas de "con la democracia no se jode", la realidad se torna una contradicción para quienes forman parte o defienden al gobierno kirchnerista por sus medidas progresivas.

El último informe del Ministerio de Economía de la nación establece que el indicador sintético de la actividad regional del NOA (noroeste) registró un aumento del 7,2% (la tasa más alta del país) en el tercer trimestre del año pasado en virtud de la evolución de los indicadores productivos y los altos precios internacionales; las exportaciones aumentaron un 11,3% respecto al año anterior. La soja es la segunda principal exportación luego del complejo minero, y su producción se realiza fundamentalmente en las provincias de Santiago del Estero (donde la participación de las exportaciones son del 56%), Salta y Tucumán [1]. Por lo tanto, no es de asombrarse que el norte argentino sea una región propicia para la especulación financiera e incremento de las ganancias de los capitalistas agrarios a costa de la deforestación y desalojo de comunidades campesinas, de naciones originarias y el pueblo trabajador. Por lo tanto este modelo es absolutamente antagónico a los intereses de los trabajadores, los campesinos pobres y las naciones originarias. Nada podemos esperar del Estado administrado por políticos que defienden los intereses de los patrones y por eso es necesario tejer lazos de unidad entre los explotados y oprimidos para combatir no solamente este “modelo”, sino también la base estructural generadora de explotación y opresión que padecemos la mayoría de los habitantes de este planeta, el sistema capitalista.