Esta es una respuesta más a la impunidad con la que se está cubriendo a aquél acto criminal que costó más de 20 heridos entre los que nos manifestábamos aquel día en la Plaza contra la política del gobierno de Kirchner. De la causa judicial ya surgió que Fabricaciones Militares es el único organismo habilitado para producir la pólvora que fue utilizada para intentar –infructuosamente– desarmar el acto unitario en el aniversario del derrocamiento de De la Rúa. Todo aquel organismo estatal o privado que adquiere dicho material debe inscribirse en un registro oficial dependiente del Ministerio de Defensa. A partir de esta novedad, la causa virtualmente se paralizó. Las filmaciones de la policía y el gobierno de la Ciudad (poseen cámaras fijas que toman imágenes de la Plaza durante las 24 horas, los 365 días del año), los informes de la Side, etc. no han aparecido aún. El juez menemista Oyarbide rechazó una presentación unitaria de todas las organizaciones convocantes al acto del 20/12 para constituirnos en querellantes de la causa como "parte damnificada". Llamamos a la reflexión a corrientes como el Partido Obrero que vienen vacilando en constituir una verdadera comisión investigadora independiente a partir de su febril consideración de que todo lo que no dirige la denominada Asamblea Nacional de Trabajadores –ANT–, "no existe". El atentado en la Plaza deja un muy peligroso precedente para las luchas por venir, ya que se trata de una «nueva metodología» del terror que se combina con las represiones "legales" que hemos estado sufriendo en los últimos años. Sus responsables materiales y políticos deben terminar en la cárcel. Hay que terminar con la impunidad que encubre todas las acciones represivas contra los luchadores. Un boicot al funcionamiento de la Comisión Investigadora Independiente –un organismo inédito en la historia del movimiento obrero argentino– se constituye en una confianza política en que la "Justicia" y el gobierno investigarán en serio, caiga quien caiga.
La responsabilidad del gobierno de K. y los gobernadores "menemistas"
Como ya hemos denunciado desde estas páginas, dicho atentado se inscribió en la intensa campaña previa del gobierno de Kirchner contra los piqueteros y la izquierda: algunos materializaron este discurso con un explosivo. El domingo 25 de enero fue publicada en Página/12 una importante solicitada con cientos de firmas nacionales e internacionales marcando este punto y convocando a la marcha del 26.
Mientras el gobierno nacional habla en contra de "criminalizar la protesta social", en provincias como Neuquén, Jujuy o Salta, los gobiernos provinciales siguen reprimiendo "legalmente" a los que luchan. Estos son ensayos para ver hasta dónde pueden avanzar en cambiar la relación de fuerzas que se impuso desde el 19 y 20 de diciembre de 2001, y dejar debilitadas a los luchadores y sus organizaciones para nuevas batallas, como la anulación total de la reforma laboral y toda legislación antiobrera, la lucha contra la desocupación y el salario, la pelea para romper con el FMI y el guerrerista Bush y la defensa de conquistas como Zanon y el resto de las fábricas ocupadas por sus trabajadores.