Los medios oficialistas intentaron disminuir la extrema gravedad del hecho y difundieron, como hipótesis más probable, que López se habría extraviado producto de un shock emocional por la circunstancia vivida en esos días. Raúl Kollman, periodista de Hadad en Canal 9 y a la vez de Página/12, insistió en dejar la puerta abierta a que “si fuera cierto que está bajo los efectos de un grave estrés psicológico, los peligros de que le ocurra algo, incluso accidental, aumentan”.
Estas operaciones de prensa distraccionistas, se van cayendo según pasan los días y se suman hechos como el que ocurrió ayer cuando Carlos Rozanski, el juez que preside el Tribunal que condenó a Etchecolatz, recibió una carta intimidatoria en su propio despacho. Ya en el año 2004, el actual fiscal de la causa, Carlos Dulau Dumm, fue secuestrado en La Plata por unas horas durante las que fue amenazado:“dejá de defender montoneros y zurdos, si no vas a ser boleta”. El 1° de junio pasado, los organismos de derechos humanos de La Plata denunciaron que “a pocos días del inicio del juicio oral a Miguel Etchecolatz” la abuela y suegra de desaparecidos ‘Chicha’ Mariani recibió amenazas en su casa, y que el hecho fue parte de “prácticas intimidatorias que se vienen sucediendo desde hace varios meses”. Durante el juicio recibieron llamadas telefónicas y cartas anónimas diversos miembros y abogados de los organismos querellantes en la causa contra Etchecolatz y el local donde se reunían, la Casa de Cultura Socialista La Comuna, sede del PTS en La Plata, fue pintada con la leyenda “fuera el zurdaje”. La noche del miércoles 20, en una zona donde aparecían cadáveres en la dictadura, se encontró un cuerpo calcinado, con un balazo de pistola 9 mm y desde la propia Comisaría de Punta Lara salió la versión de que se trataba de cadáver de López. Ante las evidencias, el gobernador Solá debió pasar a disponibilidad, primero, a los efectivos de la Comisaría de Punta Lara y días después a 36 policías que tuvieron participación en los centros clandestinos de detención durante la dictadura militar. Pero, sin ir presos, estos policías desplazados, como la mayoría de los anteriores exonerados en las purgas a las fuerzas represivas bajo este gobierno, pasan a formar parte de la “mano de obra desocupada” o de las agencias privadas de seguridad que son verdaderos nidos de represores, hoy sospechosos del secuestro y desaparición de López. Se suman a los 400 policías y ex policías que revistaron en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba) entre 1976 y 1983, conducida por el propio Etchecolatz entre 1976 y 1979.

En dictadura y en democracia
Dicen que Kirchner reprendió duramente a Felipe Solá por haber dicho que López podría ser “el primer desaparecido en democracia”. La figura del desaparecido “está vinculada al terrorismo de Estado”, señaló el presidente, y no a esta democracia. Pero la situación desenmascara la enorme continuidad del aparato represivo de la dictadura con el actual y la impunidad de la que gozan la mayoría de los militares y policías que actuaron en el genocidio.
En cuanto a la SIDE, el mismo CELS que dirige el oficialista Horacio Verbitsky acaba de reclamar “la desclasificación de archivos de la SIDE a los fines de conocer la nómina de agentes que prestaron servicio entre 1974 y 1983”, y exhortó al gobierno y al Congreso a “desplazar a espías involucrados en violaciones a los derechos humanos”. La propia cúpula de la SIDE cumple funciones desde la dictadura, empezando por su poderoso Jefe de Operaciones Jaime Stiuzo, el que fue denunciado por el ex ministro Béliz cuando fue expulsado del gobierno de Kirchner después de la provocación de los sucesos de la Legislatura que terminó con presos políticos a los que próximamente se los someterá a juicio. O el jefe de “la base” de la calle Estados Unidos al 3000 que concentra archivos, equipos y alta tecnología de espionaje, Horacio “Garnica” García. Ambos operan en el servicio de inteligencia desde 1972 según el periodista de Clarín Gerardo Young, en su libro “SIDE, la Argentina secreta”.
Pero además, como denuncia la Correpi, en democracia hubo “más de 2.000 asesinados por las fuerzas represivas del Estado desde 1983, muchísimos de los cuales “desaparecieron” antes que sus cuerpos mutilados, torturados o fusilados fueran encontrados”. Los casos emblemáticos son los de “Raúl Baigorria y Adolfo Garrido en 1990 y Pablo Guardatti en 1992, en Mendoza; de Héctor Gómez y Martín Basualdo en Entre Ríos en 1994 y Elías Gorosito en 2002; de Miguel Bru y Andrés Núñez en La Plata (este último asesinado y desaparecido en 1990 encontrado recién en 1995); y más recientemente la media docena de desaparecidos en Comodoro Rivadavia, como Hugo ˜álvarez, Iván Torres y Miguel Linares”.
Más allá de su discurso, el gobierno de Kirchner –que no hizo nada contra las leyes y decretos de impunidad durante los años que gobernó Santa Cruz, y se ha negado a anular los indultos– mantiene la impunidad de un aparato represivo que dio sobradas muestras de su actuación asesina contra luchadores populares como Teresa Rodríguez, Darío Santillán, Víctor Choque, los caídos del 19 y 20 de diciembre, Kosteki y Santillán en el Puente Pueyrredón y tantos otros luchadores, como en decenas de represiones contra el pueblo y los trabajadores que se levantan para luchar por sus derechos.

Se abrió una crisis política
Aunque intentaron ocultarlo, se inició la primera crisis política del gobierno de Kirchner (y aún más aguda de la gobernación de Solá en Buenos Aires) que construyó su perfil progresista en el terreno de los derechos humanos, combinando las purgas en las fuerzas armadas y la policía con el intento de juzgamiento de unos cuantos represores emblemáticos. La condena que recibió el ladero de Camps por primera vez se reconoce jurídicamente la existencia de un genocidio (ver páginas centrales), lo que habilitaría a juzgar por este delito a los represores y a todos los responsables del terrorismo de Estado (como los grandes empresarios que denunciaron a los delegados obreros y estuvieron en la organización misma del golpe y de la política económica de la dictadura), y no el tratamiento actual caso por caso. El secuestro de López parece ser la respuesta reaccionaria para poner un límite y obligar al gobierno a un nuevo “punto final”.
La marcha a Plaza de Mayo, como también las marchas en La Plata, Neuquén, Córdoba, Rosario y otros puntos del país son la primera respuesta ante semejante ataque a los trabajadores y el pueblo. Por cierto, esta respuesta todavía no está a la altura del ataque de la derecha fascista.
Es necesario redoblar la más amplia movilización y exigir un paro nacional activo nacional a las centrales obreras, la CGT y especialmente a la CTA que se ha pronunciado por esta causa. Esa exigencia puede partir de la iniciativa de las comisiones internas, cuerpos de delegados y sindicatos combativos, desde las seccionales docentes opositoras y los centros de estudiantes que participamos en la Marcha Federal Educativa, desde el sindicato ceramista de Neuquén, desde los cuerpos de delegados de subte, de ferroviarios, de los Astilleros, impulsando asambleas en los lugares de trabajo y estudio para discutir nuevas y masivas acciones en las calles.

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IRREFORMABLES

Kirchner llama a “no tener miedo” y confiar en que “el Estado va a proteger todo el camino en la lucha por la verdad”. La verdad es que Kirchner teme, antes que nada, a la movilización en las calles.
¿Quiénes van a proteger a los testigos de nuevas causa contra militares genocidas? ¿La “bonaerense”? Se necesita redoblar la movilización por la aparición con vida y el castigo a los culpables de este hecho, y retomar las calles para barrer con la impunidad de los represores de ayer y de hoy, inclusive formando comités de autodefensa para proteger a los testigos de las causas.
¿Por qué vamos a confiar en que son “sólo” 60 los policías activos que participaron del genocidio como dice Arslanian? Y en el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la policía Federal y el resto de las provinciales, la Gendarmería, la Prefectura, ¿cuántos y quiénes son? Ni que hablar de la SIDE y demás órganos de inteligencia con que cuentan cada una de las fuerzas represivas: hoy la Ley prohíbe que se conozcan los nombres de sus efectivos. Planteamos la constitución de una Comisión Investigadora Independiente del Estado encabezada por los organismos de derechos humanos ante la que se pongan a disposición todos los archivos de la SIDE, de las fuerzas armadas y de seguridad, y se constituya como un colectivo querellante de todos los implicados en el genocidio y de todos los hechos de represión.
El gobierno es responsable por la vida de López y por mantener en actividad dentro de las diversas fuerzas armadas, de seguridad y de inteligencia a cientos de represores. Como ha mostrado claramente su accionar en todos estos años, las policías federal y las provinciales como la bonaerense, al igual que la SIDE, son irreformables. Hay que luchar por su disolución.

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La otra dictadura en Los Hornos

Los Hornos es un barrio (obrero) de la zona de La Plata. Hasta allí llegaron a buscarlo a Jorge Julio López, el 28 de octubre de 1976. López era albañil y la clase obrera fue la primer y gran víctima del golpe.
Este miércoles, cuando miles de personas marcharon a Plaza de Mayo por la aparición con vida de López, el barrio se conmovió de nuevo: un joven obrero de 23 años murió trabajando. “El hombre quedó atrapado en una máquina de bobinas, falleciendo en el acto al sufrir el aplastamiento de múltiples órganos” informan los diarios. Y lo dejarán como un número más en las estadísticas: dos obreros mueren todos los días en accidentes de trabajo.
Para muchos vecinos, a López se lo había llevado la dictadura militar y ahora se lo llevaron de nuevo. Para muchos vecinos, al joven trabajador lo mató la dictadura patronal y piden justicia.
La clase obrera tiene que organizarse, contra los represores de ayer y contra los que hoy quieren condenarla a la precarización y la muerte.
L. A.