Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
18 de diciembre de 2017

Movimiento Obrero

Diputados salen en defensa de Zanon

18 Oct 2002   |   comentarios

NEUQUEN (AN).- Diputados nacionales del bloque del ARI presentaron un proyecto de declaración a raíz de las amenazas y agresiones que promueven "grupos de personas que estarían contratados por los antiguos directivos de la empresa" contra los trabajadores que ocupan la cerámica Zanon.
La iniciativa fue presentada el miércoles en la Cámara baja por los legisladores, Ariel Basteiro, Alfredo Bravo, Oscar González, Jorge Rivas, Héctor Polino, Eduardo García y Rubén Giustiniani.
Los diputados advierten que esos grupos "valiéndose de piedras y armas pretenden forzar un desalojo compulsivo y violenta de la fábrica".
Entre los fundamentos de la proyecto, recuerdan que el fallo de lock out patronal ofensivo contra los propietarios de la empresa fue ratificado por las distintas instancias judiciales. "No obstante, los directivos de la fábrica se niegan a cumplirlo, por lo que habiéndose agotado la vía interna se elevaría una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
Los legisladores cuestionan al grupo de ex trabajadores liderado por el anterior secretario general del gremio ceramista, Oscar Montes, "quienes junto a integrantes de la denominada barrabrava de club Cipolletti se han dedicado a arrojar piedras y agredir de otras formas a los obreros de la fábrica".
"Nos preguntamos, Señor Presidente, quién está solventando este tipo de prácticas que pretenden forzar una situación que legalmente está saldada a favor de los trabajadores", dice el proyecto.
Además, un grupo de diputados neuquinos viajó a Buenos Aires la semana pasada y se entrevistó con el juez que tiene el concurso de acreedores de Zanon, Germán Páez Castañeda.
En un comunicado de prensa, los legisladores Carlos Moraña (ARI), Eduardo Correa (Socialismo) y Eduardo Fuentes (Alianza) consignaron que "el juez manifestó con absoluta contundencia que no está planteado el desalojo de la fábrica". Pero, señaló que "le resulta indispensable la realización del inventario para permitir a la sindicatura que elabore un plan de acción para reactivar la empresa".
Según los legisladores provinciales, Páez Castañeda aseguró que el pedido de "toma de posesión" solicitado a los jueces neuquinos se sustenta en las normas legales vigentes que le imponen requerirlo en esos términos, pero no implica el desalojo del establecimiento.
"Con el fin de aclarar este punto y establecer los límites se puso a disposición (el magistrado) para celebrar una audiencia de conciliación y dejar establecido claramente las consecuencias del ingreso de los síndicos a la fábrica", afirmaron los legisladores en el comunicado.
"Creemos que es imprescindible agotar todas las instancias que permitan mantener la totalidad de los puestos de trabajo -añadieron- manteniendo en producción este emprendimiento del que el Estado provincial y, en consecuencia, la comunidad neuquina en su conjunto efectuó importante aportes e inversiones".

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