A días del 31° aniversario del golpe militar, la Fuerza Aérea una vez más es protagonista de un escándalo.
Nuestro país, junto a Nigeria, Uruguay y China, son los únicos del mundo donde la aviación civil (monopolio de habilitaciones, cobro de tasas) y el control del tráfico aéreo están a cargo de las Fuerzas Armadas. Es como si los trenes, subtes, terminales de micros o el tránsito de camiones estuvieran bajo control del Ejército.

Vuelos de terror
La Fuerza Aérea fue parte de las FF.AA. que hicieron el genocidio. Ningún trabajador desconoce que cada vez que luchamos son ellos quienes nos vigilan y reprimen.
Cada vez que se hizo público semejante disparate (me refiero a que una institución que llevó a cabo un genocidio de clase sea la responsable de la seguridad de los vuelos comerciales), desde los distintos gobiernos se prometieron inmediatos cambios. Sin embargo, todo sigue igual.
La responsabilidad de esta fuerza en las tragedias aéreas –por falta de control –, y su complicidad con las empresas están más que comprobadas. En el accidente de Austral en Fray Bentos del ´97, los pilotos estaban sub-entrenados gracias a una dispensa ilegal de la Fuerza Aérea a esta empresa. En el caso LAPA de agosto del ´99 la empresa cometía burdas infracciones a la reglamentación. Esto era público por solicitadas y cartas abiertas de Ricardo Piñeyro, ex piloto de LAPA y director de las películas WRZ y Fuerza Aérea S.A., que advertían dichos incumplimientos. En el accidente del aeródromo de La Pampa la Fuerza Aérea habilitó las operaciones en dicha pista ¡sin tener jefe de aeródromo!.

Ricardo Jaime: un zorro cuidando el gallinero
Ni la vuelta de la democracia, ni la muerte de más de un centenar de pasajeros y compañeros aeronáuticos en los accidentes bastó para "correr del medio" a la Fuerza Aérea. Tampoco el escándalo de Southern Winds. Recién con la presión del estreno de otra película con cámaras ocultas y grabaciones que exponen cómo opera el tránsito aéreo argentino, Kirchner "decretó" el traspaso de las funciones a la órbita civil. Un año después esto no se cumplió. Y se volvió a anunciar el traspaso hace dos semanas creando la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Ahora el apuro se debió a las interminables demoras producidas en los vuelos internacionales y de cabotaje.
En caso de que el Gobierno concrete el traspaso no se deberá más que a la necesidad de escapar de un embrollo político.
El problema de la seguridad de los vuelos es más complejo que la salida de servicio del principal radar de Ezeiza. Los mecanismos de prevención de accidentes están profundamente degradados. Hablamos de radares, pistas, mantenimiento de los aviones, etc.
Pero la solución no va a venir de la mano de la Secretaría de Transporte donde Ricardo Jaime maneja en forma discrecional cientos de millones de pesos sin rendir cuentas a nadie y que por estos motivos está denunciado en decenas de causas judiciales. Eurnekian adeuda al Estado más de $800 millones de pesos, mientras el gobierno consiente que siga recaudando millones en concepto de tasas aéreas. Con estos ingresos se podría dar una solución parcial a la problemática de la seguridad aérea. Pero caerían en saco roto si no es controlado por los principales interesados en avanzar en este sentido.

Por una administración de trabajadores y técnicos
Los trabajadores aeronáuticos del PTS creemos que la seguridad de los vuelos no puede estar en manos de genocidas ni de funcionarios cuyo único interés es el control de una caja cada vez mayor.
Las empresas aéreas tienen que ser controladas y obligadas no sólo al mantenimiento técnico, sino el cese de un régimen laboral perverso, como es común en LAN Argentina. En este marco es imposible realizar una tarea laboral con los estándares de seguridad que corresponden. También es necesario controlar a las empresas que por cuestiones de rentabilidad no siempre mantienen un óptimo estado de las aeronaves. El control del tráfico aéreo tiene que ser llevado a cabo por profesionales altamente capacitados bajo la órbita de una administración de trabajadores y técnicos especializados en seguridad aérea, independiente de la Secretaría de Transporte, donde los pilotos y todos los trabajadores y usuarios tengan un control común sobre el cumplimiento de los elementos que hagan de esta actividad un servicio público, seguro y eficiente con tecnología adecuada.