Raúl Godoy aseguró esta tarde que “gracias a la lucha en Tierra del Fuego y en el resto del país se logró hoy a la madrugada la libertad de los cinco dirigentes sindicales detenidos el martes. Pero denunciamos que a cambio se les impusieron escandalosas condiciones, algo nunca antes visto. El juez Javier de Gamas Soler, procesado por encubrimiento en el atentado a la AMIA, intenta imponer una prisión domiciliaria virtual, una especie de Estado de Sitio judicial que ataca las libertades democráticas y la tutela sindical de los dirigentes excarcelados. En una resolución que no debe tener precedentes, se les impide a los cinco trabajadores acercarse a menos de cien metros de cualquier edificio público, y deben permanecer dentro de sus domicilios entre las 22 horas y las 6 de la mañana, entre otras condiciones impuestas.”

Alejandrina Barry agregó que “las restricciones impuestas por el Juez a acercarse a cualquier edificio público son una clara violación al derecho a transitar libremente y a peticionar. Si no se pueden acercar a ningún edificio público, ¿entonces no pueden llevar a sus hijos a la escuela o ingresar a un hospital? No podemos permitir que estas medidas y la causa armada contra los trabajadores sigan adelante. Por eso nuestro compromiso es redoblar con todo una campaña nacional con los organismos de derechos humanos, los sindicatos, centros de estudiantes y demás organizaciones, porque no vamos a permitir estos atropellos.”

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