La clave para entender la suspensión de Aníbal Ibarra de la Jefatura de Gobierno porteño, hay que buscarla en la movilización persistente y tenaz de los familiares de las víctimas. No fue gracias a los políticos patronales de la Legislatura –sean macristas, del ARI, kirchneristas o ibarristas: todos ellos hicieron lo posible para salvarlo. Y hay que estar alertas, porque están concibiendo nuevas maniobras para lograrlo.
Ibarra ha salido a acusar a los 30 legisladores que votaron por el sí al juicio político de promover un “golpe institucional”. El 23 de noviembre, alrededor de 4000 personas frente a la Legislatura (pese a que los diarios “contabilizaron” multiplicando por 3) entre los que se encontraban algunas personalidades de la cultura, un pequeño sector de familiares y base social de las ONG’s y los punteros ibarristas, se manifestaron en su apoyo.
Los argumentos que esgrime el progresismo porteño para defender a Ibarra pueden reducirse a dos: por un lado se agita el fantasma de la derecha para polarizar, diciendo que con esta movida se fortalece al macrismo; por el otro se dice que hay que “respetar” el voto popular (“yo no renuncio” dijo Ibarra), y que acá está en juego “la buena salud de las instituciones”, atacada por lo que llaman “movimientismo” y “cultura del escrache”.
El primer argumento se cae por su propio peso. Basta saber escuchar las palabras de la legisladora Gabriela Miccheti integrante del supuesto bloque “duro” del macrismo favorable al juicio político, el lunes 14/11 cuando antes de la sesión en la legislatura señaló ante los medios que “debe votarse sin nuevas dilaciones, aunque haya 29 votos”. Si se llegó a reunir los 30 necesarios para el juicio fue por la presión de los familiares que desde el inicio se movilizaron, se hicieron presentes en todas las sesiones, repudiaron la consulta trucha de Ibarra y escracharon a los políticos venales que quisieron cambiar su voto como Farías Gómez o el flamante kirchnerista Eduardo “Lorenzo” Borocotó. Y esto pese a que en la Legislatura los políticos patronales decidieron protegerse con 600 policías uniformados y otros tantos de civil.
El progresismo, bajo el falso pretexto de combatir a la derecha, marca una supuesta frontera ideológica para justificar su opción por Ibarra. Como resultado, al defender al principal responsable político de la masacre, le permite a Macri presentarse demagógicamente como referente de una causa que recoge la mayoría de sus víctimas entre sectores del pueblo humilde. Así recae en una de las peores características del progresismo pequeño burgués, el gorilismo.

Una pobre idea de democracia

Con respecto al segundo argumento, el periodista Luis Tonelli en la Revista Debate ensaya la siguiente explicación –usada también por el mismo Ibarra- “estos problemas de diseño institucional, sumados al movimientismo argentino, explican lo que para muchos es flagrante “injusticia”. Nadie reclamó la destitución del general Martín Balza (...) cuando el conscripto Carrasco, en una gélida noche patagónica una banda de militares inadaptados provocó su muerte. Tampoco se inició juicio político a Carlos Reutemann por no haber previsto la inundación del Salado (…). Ni que hablar de Carlos Menem a propósito de la voladura de río tercero”. Y agrega “ocurre que, en los otros casos, se establecieron filtros a la protesta directa y hubo disciplina oficialista”.1
Lo expuesto habla a las claras de lo reaccionario del pensamiento de estos progresistas. Las tragedias señaladas por Tonelli, desenmascararon, o bien la complicidad de las fuerzas armadas genocidas con el asesinato de un soldado, la responsabilidad de Reutemann por no tomar medidas que evitarían una catástrofe que dejó sin nada a miles, o la culpabilidad del gobierno de Menem en el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Un verdadero sistema de impunidad que ha dejado libres a los culpables. En Cromañón lo que está en juego –además de la enorme responsabilidad política que le cabe a Ibarra como jefe de gobierno en el asesinato de 194 pibes; es que salieron a la luz los negociados entre su corte de funcionarios y las Camaras del Espectáculo, desenmascarando a una Legislatura que funciona al servicio de los empresarios y donde las diferencias entre ibarristas y macristas se reducen a la pelea por el manejo de las “cajas” de los negociados. Buena parte de estas cuestiones pudieron conocerse sólo gracias al “movimientismo” y a la cultura del “escrache”, es decir la voluntad de denuncia de los familiares, la movilización y la organización de los que aún piden justicia. Pero a Tonelli poco le importa la justicia, por eso calla que de los 23 imputados no hay ningun detenido y su receta se reduce a pedir que se mantenga la impunidad para el poder político y los empresarios, que de manera soberbia caracterizó a la política burguesa argentina desde el menemismo, llamando a los políticos patronales a que cierren filas (disciplina oficialista) para impedir que la movilización logre sus objetivos destituyentes (filtro a la protesta directa).
En última instancia, el progresismo carga en sus espaldas con el pesado lastre de la Alianza –del cual Ibarra es un patético sobreviviente- que fue echada a patadas del poder por la movilización popular. Y es precisamente al poder social de la movilización al que se le quiere poner un límite. Por parte de los progresistas, defendiendo al ejecutivo porteño aunque esté comprobada su connivencia con la corrupción. Por parte del macrismo buscando mediante mecanismos institucionales evitar que la movilización social sea quien expulse a Ibarra y de paso deje en la picota a una Legislatura, completamente ilegítima. Se trata de aleccionar (y poner un límite) contra la experiencia de democracia directa que existió durante y después de diciembre del 2001 y que aparece aunque sea fantasmalmente en la movilizaciones populares que se dirigen contra el régimen político. En última instancia, la pobre idea de democracia que defienden los progresistas es el mero acto comicial que caracteriza a la democracia para ricos, donde el que resulta electo puede hacer y deshacer sus promesas, engañar al pueblo y sentirse protegido por el juego de las leyes y las instituciones.

No bajar la guardia

Está en marcha el salvataje a Ibarra. El ibarrismo reclama que lo juzgue la actual sala juzgadora de la legislatura porque tiene los votos necesarios para conseguir la absolución. Además, para resolver la composición de esta sala es necesario reunr, los dos tercios de los legisladores, lo que es muy dudoso; por otra parte la sala no tiene reglamento, y por lo tanto no puede funcionar. Esto, entre otras cuestiones puede impedir que se inicie el jucio. Y por último, no descartan una impugnación que permitiría la dilatación del juicio para que en cuatro meses la causa caiga.
Recordemos que tanto ibarristas, macristas y kirchneristas son cómplices de la impunidad. Los familiares y amigos de las víctimas de Cromañón no deben depositar ninguna confianza en la Legislatura ni en la Justicia, tienen que confiar sólo en su propia movilización y buscar el apoyo de los trabajadores y el pueblo de la Ciudad para obtener justicia. Hay que lograr la más amplia movilización, exigiendo el juicio y castigo a todos los responsables de la masacre, y la renuncia inmediata de Ibarra y Telerman –amigo de Chabán y parte de la camarilla de empresarios del espectáculo, siendo dueño del boliche La Trastienda.
Desde el PTS proponemos además luchar por que se convoque a una Asamblea Constituyente con plenos poderes, donde se voten medidas para terminar con la impunidad y las bases del régimen político y social que podujo la masacre de Cromañón. Que consagre, entre otras medidas, la elección directa de todos los funcionarios políticos y su revocabilidad –al igual que la de los legisladores- en caso de traición de su mandato; el cobro de un salario equivalente al de un docente para todo legislador o funcionario, la derogación del represivo código de convivencia, la puesta en marcha de una reforma urbana para dar vivienda a los sin techo e inquilinos sometidos al abuso inmobiliario, el salario mínimo vital y movil de $1800, el fin de la precariedad laboral y el subsidio de $800 para los desocupados.

1 Revista Debate N°140 17/11/2005.