Los cortes del puente que une Gualeguaychú con Uruguay, las acciones de Greenpeace y la intransigencia del gobierno uruguayo, provocaron una escalada en el conflicto por la instalación de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay.
La llegada de las empresas Ence y Botnia, de capitales españoles y finlandeses, fue autorizada por el gobierno de Batlle y continuada por Tabaré Vázquez. Se trata de la mayor inversión privada de la historia del Uruguay y una vez en marcha generarían unos 300 puestos de trabajo (cifra importante para la zona).
Pero ningún número puede compensar los daños que provoca una industria como ésta. Contaminación del río con desechos tóxicos, lluvia ácida, olores nauseabundos, son algunas de sus consecuencias, que provocarán un fuerte daño en actividades turísticas y la producción agropecuaria.
El arribo de las papeleras es parte del desplazamiento de las industrias “sucias” de los países centrales a la periferia, quienes aprovechando la mano de obra barata, la falta de legislación y la corrupción de los gobiernos locales, se lanzan a saquear los recursos naturales. En Europa, a partir de 2007 estas empresas deberán cambiar sus métodos de producción por otros más limpios -y más costosos- o tendrán que cerrar sus plantas. Se trata de un plan estratégico de los monopolios del sector, que comenzó hace algunos años con la forestación de miles de hectáreas de la región con eucaliptos, materia prima de esta industria, lo que ya constituye un desastre ecológico.
El avance de las obras hizo que el movimiento “en defensa del medio ambiente” fuera creciendo. Convocados por la Asamblea Ambiental ciudadana, se realizan masivas movilizaciones, con cuarenta mil personas la más grande (sobre una población de ochenta mil), a las que se sumaron los cortes de los puentes.
Los piquetes provocaron una dura reacción del gobierno uruguayo. En línea con su posicionamiento más proimperialista, como muestran las fricciones en el Mercosur alrededor de su relación con EE.UU., Tabaré ha tomado como bandera la defensa de las papeleras, utilizando este hecho para demostrar que su país no cede a ninguna presión de sus socios.
El gobernador Busti (PJ) y el intendente Yrigoyen (kirchnerista) se han puesto “al frente” del reclamo, y aunque no logran controlar el movimiento, a veces imponen su política, como sucedió con el estéril pedido de informes al Banco Mundial, socio en el proyecto o generando expectativas en que Kirchner va a solucionar el tema. Pero toda su hipocresía queda al desnudo cuando vemos que Entre Ríos tiene una superficie forestada con eucaliptos mayor a la de Uruguay y sobre el Paraná funcionan once papeleras, que contaminan el río volcando toneladas de desechos tóxicos. Es un secreto a voces que el propio gobernador habría negociado la instalación de las plantas del lado argentino, aunque tuvo que retroceder por el rechazo popular.
El movimiento que se viene desarrollando en Gualeguaychú y se extiende a otras ciudades entrerrianas, muestra su fuerza con el avance de las medidas de acción directa como los cortes de ruta. Lamentablemente en Uruguay, alentada por el gobierno “progresista” del Frente Amplio y la oficialista PIT-CNT y apremiada por la desocupación, la mayoría de la población acepta las papeleras.
Los trabajadores a uno y otro lado de la frontera están entre los principales interesados en impedir este desastre, ya que son los primeros que sufren las consecuencias de las industrias contaminantes, por estar expuestos directamente a ellas y por sufrir las consecuencias negativas sobre las economías regionales, con sus secuelas de desocupación y miseria.
Es necesario desarrollar la movilización independiente de los trabajadores y el pueblo en ambas orillas del Uruguay, única forma de impedir que siga avanzando el saqueo de nuestras riquezas y la destrucción del medio ambiente.