Este viernes 28 arranca otro lock out patronal de comercialización de granos y ganado. Un nuevo capítulo de la pelea entre bandos capitalistas por una renta que no es para los trabajadores y el pueblo.

El detonante fue el veto presidencial a la rebaja o eliminación de retenciones para 37 distritos bonaerenses castigados por la sequía, beneficio para los ruralistas que había sido incluido en la Ley de Emergencia Agropecuaria votada en el Congreso. De Narváez se adjudica haber sido el redactor del artículo. ¿Cómo fue que la votaron por unanimidad? Mientras el oficialismo dice que sus senadores votaron sin leer y “se le escapó la tortuga”, admitiendo un error legislativo, hay quienes denuncian como una maniobra del gobierno la utilización del artículo como “zanahoria” para obtener apoyo de sectores del peronismo bonaerense en la prórroga de las facultades delegadas, y después retirarlo. Como sea, el veto fue justificado luego de que el vicepresidente de CRA, Néstor Roulet, dijera: “Si les bajan las retenciones a los distritos de la Provincia (de Buenos Aires) vendemos todo por ahí y listo”.

La decisión presidencial fue, a su vez, aprovechada por la patronal agraria (junto con la conveniente difusión del rumor de que el gobierno aumentaría las retenciones al 45%). Lo cierto es que venían de fracasar en la cruzada para que la oposición parlamentaria trabe las facultades del ejecutivo de fijar los derechos de exportación y les quedaba la sola perspectiva de esperar a que el proyecto de baja de retenciones apadrinado por la Mesa de Enlace (3.000 millones de dólares para sus bolsillos) sea tratado recién cuando comience a funcionar en marzo de 2010 con una nueva composición de las cámaras más favorable a sus intereses. Los ruralistas necesitaron volver a la acción directa. ¿Cuál es el objetivo agrario? En primer lugar, volver a mostrar, a través del poder corporativo, el daño económico que pueden hacer, y una relación de fuerzas con el gobierno que en el Congreso había quedado desdibujada. Y, por supuesto, seguir obteniendo concesiones económicas. “El Estado depredador”, como lo llama la Sociedad Rural, sin embargo les sigue entregando subsidios. Aún sin el artículo vetado, la Ley de Emergencia Agropecuaria del gobierno significó un aumento de 500 millones de pesos a las patronales del campo, que se suman a los más de 3.000 millones ya destinados por el Ministerio de Débora Giorgi, mientras los sojeros siguen haciendo ganancias enormes con precios internacionales a U$S 400 la tonelada.

Para hacer más digeribles sus exigencias, el jefe de la Rural, Hugo Biolcatti, sigue mostrándose muy ‘dolido con la pobreza’: “Es inconcebible que en un país con 13 millones de pobres y cuatro millones de indigentes (...) Y que teniendo esta formidable máquina generadora de bienestar, reactivación y trabajo, que es el campo, el Gobierno se encargue a través de sus herramientas de destrucción (...) de devastarlo día a día” (La Nación, 26/8). Vale la pena recordar que durante el primer lock out de “la formidable máquina generadora de bienestar”, en el 2008, productos indispensables para la canasta familiar subieron estrepitosamente: el asado un 39%, el arroz un 89%, la leche el 42% y los huevos y la lechuga hasta un 113% y 105% respectivamente. En esos días, en la tapa de La Verdad Obrera decíamos: “Después del desabastecimiento de los ruralistas y el golpe inflacionario de marzo hay 900.000 trabajadores más ‘bajo la línea de pobreza’” (LVO N° 272, abril de 2008). ¿Cuáles serán las consecuencias de este lock out agrario?

De “pequeños productores” y trabajadores del campo

Seis días atrás del anuncio del lock out en defensa de la eximición de retenciones, Eduardo Buzzi de la Federación Agraria había manifestado que “por el conflicto de 2008 la única discusión parece ser la de las retenciones, pero la gran deuda pendiente es la de la pobreza rural”. Negociaba con el kirchnerismo una ley de arrendamientos (presentada por el diputado Macaluse y apoyada por la Federación), pero al poco tiempo declinó en pos de un objetivo superior. “No es el momento oportuno (...) el gobierno lo hace para dividir a la Mesa de Enlace”, dijo Buzzi para sostener su alianza indivisible con Sociedad Rural y la CRA.

Por estos días los trabajadores rurales de UATRE de Río Negro y Neuquén -uno de los sectores más afectados por la “pobreza rural”- pararon y cortaron las rutas por el pago del 20% por zona desfavorable, que les vienen negando ¡desde el 2004! Los “pequeños productores”, nucleados en la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, reacios a dar nada a los superexplotados obreros de la fruta y los que más se valen de mano de obra precaria, son los mismos que un año atrás llamaban a sus trabajadores a que los apoyen contra la 125 y ahora amenazan con movilizarse a las rutas si persisten en su reclamo. Las demandas de los trabajadores rurales del Valle y de los millones de explotados en el campo, deben estar en primer lugar de un pliego nacional de reclamos de toda la clase trabajadora, empezando por las de su sector más postergado, el del campo, cuya labor está regida por lo que impusieron en la época de los genocidas, Videla y Martínez de Hoz -no casualmente reivindicado desde el palco de la Sociedad Rural en Palermo-, y donde predomina el trabajo en negro permitido por el gobierno de los Kirchner.