Al llegar a Las Heras uno no puede dejar de recordar que fue en estos mismos parajes donde las tropas asesinas del Teniente Coronel Varela fusilaron a Facón Grande y otros delegados que encabezaron la huelga de los peones rurales patagónicos en 1921. Es esta misma estepa la que hoy alberga a la mitad de los 5.000 petroleros que trabajan en los pozos de Santa Cruz. Y son estos obreros los que durante 18 días paralizaron el Yacimiento Los Perales provocando pérdidas por más de 115 millones de pesos (según la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge).

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El reclamo obrero une a los petroleros y a los “de la UOCRA”. “A igual trabajo igual salario” nos explicaban unos y otros en los piquetes sobre la ruta 43 y en la sede del sindicato que oficiaba como “cuartel general” de los huelguistas. Un reclamo dirigido contra las tres empresas que operan en la zona, la Repsol, Vintage Oil y Pan American que, junto a las tercerizadas y la burocracia sindical, mantienen divididos a los trabajadores aplicando dos convenios colectivos distintos. Esto con el aval del Ministerio de Trabajo que permite este fraude laboral y condena a condiciones de mayor explotación a los obreros encuadrados en las contratistas bajo convenio de la construcción.
“¿Dónde se vio que los trabajadores tenemos que pagar un impuesto a las ganancias?” preguntaba irónicamente uno de los delegados. “Las ganancias millonarias se las llevan las operadoras y las empresas” contestaba otro mientras charlábamos en el amplio salón pintado de amarillo del sindicato. Había sido en este mismo lugar donde se realizó la asamblea en la que centenares de obreros votaron ir al paro por la suba del mínimo no imponible, la jubilación con el 82 % móvil y el reencuadramiento de los trabajadores de las empresas de la construcción. Uno de los compañeros de Bolland nos contaba que en esa asamblea “hasta quedó gente afuera de la sede del sindicato”. La burocracia de Segovia desconoció la asamblea y se sumó al coro de empresarios y funcionarios que provocaron y atacaron a los trabajadores durante y después de la huelga.

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El fin de la huelga estuvo precedido de días de mucha tensión. El levantamiento popular provocado por la detención de Navarro, en el que murió el policía Sayago, nacionalizó el conflicto y el gobierno de Kirchner militarizó Las Heras con más de 300 gendarmes. Las empresas y las autoridades públicas se negaban al diálogo con los legítimos y legales representantes de los trabajadores cerrando el cerco sobre los huelguistas. Después de dos días impusieron a la Iglesia como “mediadora”. Mientras tanto comenzaban a circular unas pocas camionetas con carneros custodiados por la gendarmería.
Finalmente, en la tarde del viernes 10, la asamblea de trabajadores resolvió levantar la huelga con el compromiso del gobierno de elevar el mínimo no imponible antes de abril, resolver el reencuadramiento antes de 30 días y que Repsol abone el 50 % de los días caídos, quedando en manos de las empresas tercerizadas el pago del 50% restante.
Quienes estuvimos esa tarde en la asamblea de la ruta 43 vimos como, al mismo tiempo que se abrazaban y festejaban, con un sano instinto de clase, los obreros aseguraban que había que mantener la guardia alta para garantizar el cumplimiento de los puntos.

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Hoy Las Heras continúa militarizada con Gendarmería y la Brigada de Investigaciones. Delegados y obreros son detenidos e interrogados en condiciones de apremio por personas de civil en vehículos no identificados. Le sucedió a Cabana, delegado de la empresa El Cóndor, a las pocas horas de levantada la huelga. La justicia y la policía de Santa Cruz saben para quien trabajan y conocen estos procedimientos. Su “prontuario” se alarga con los presos políticos de Caleta Olivia, las torturas a Carina Sauco o dejando impunes las muertes de los mineros del Turbio.
La política de las petroleras y el gobierno es clara: desconocer al cuerpo de delegados y desatar una caza de brujas para impedir que esta nueva institución obrera se fortalezca y se efectivicen los reclamos obreros. A más de 10 días del levantamiento, el Ministerio de Trabajo, la Repsol y las empresas tercerizadas no dieron cumplimiento a los reclamos obreros. La empresa Indus, la más grande que encuadra a sus obreros bajo el convenio de la UOCRA, suspendió a decenas de compañeros, no abonó ni el 50% de las remuneraciones caídas y se niega a presentarse a las audiencias de conciliación para resolver la cuestión del encuadramiento. En Astra Evangelista no abonaron el 50% de los días caídos a los delegados. En otras empresas dejan afuera del pago a delegados y activistas. A estos acontecimientos de las últimas horas -me comentaba Leopoldo Denaday del CeProDH y abogado del SOECN que fue como parte de la delegación de Zanon para continuar apoyando a los compañeros- se suman una nueva escalada de interrogatorios ilegales a más trabajadores y delegados. 
Está en manos de los trabajadores, sus organizaciones, los organismos de derechos humanos y las demás organizaciones sociales y partidos políticos de la izquierda continuar junto a los bravos petroleros del norte de Santa Cruz. ¡Fuera Gendarmería de Las Heras! ¡Basta de persecuciones! ¡Todo el apoyo a los reclamos de los petroleros! ¡Inmediato reconocimiento del cuerpo de delegados!

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Mientras escribía esta crónica, se comunicó un compañero de Indus desde Las Heras y me decía: “mas allá de todo hasta el día de hoy estamos firmes, a pesar que estamos cobrando al día de hoy 500 pesos que, para los que alquilan, le pueden sobrar para comer hasta el día 5 del mes siguiente. A pesar de la adversidad estamos concientes que esta lucha no ha terminado, que si flaqueamos será nuestra derrota como trabajadores. Sabés, a pesar de ello, que somos gente humilde, todavía “pata de cemento”, cada día que pasa nuestras broncas se van acumulando y que por aquellas cosas de la vida tocamos algo en la cual la dimensión de lo ocurrido jamás pasó por nuestra mente.”.