Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
24 de agosto de 2017

La Verdad Obrera N° 274

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CON UNA IMPORTANTE MARCHA EN LA PLATA SE INICIÓ LA CAMPAÑA NACIONAL

“Coacción agravada”, una acusación con una historia pesada

24 Apr 2008 | El 23 de abril, en la ciudad de La Plata, los trabajadores de Mafissa junto a sus familias encabezaron la movilización por el desprocesamiento de los 18 obreros que fueron detenidos luego del brutal desalojo de la Planta. Unas 800 personas acompañaron la marcha entre delegaciones de trabajadores de Zanon, Brukman, Casino, la Junta Interna del Garrahan, los centros de estudiantes de Periodismo, Bellas Artes, Trabajo Social, Humanidades, Veterinarias, Ciencias Exactas, Ciencias Agrarias y Forestales, estudiantes secundarios y la Multisectorial de La Plata. Los hijos e hijas de los trabajadores marcharon con sus guardapolvos, junto a la Comisión de Mujeres de Mafissa, con una bandera que decía “Hijos de Trabajadores de Mafissa en Lucha”. La columna partió de Plaza San Martín, pasando por la Fiscalía donde se exigió el sobreseimiento y desprocesamiento de los compañeros que están siendo acusados de “coacción agravada y daño agravado”. Finalmente concluyó en Casa de Gobierno, donde tomaron la palabra varios trabajadores insistiendo con que se retiren las causas a los compañeros, y repitiendo con firmeza que pese a todo lo que hagan para amedrentarlos, no van a poder contra sus ideas. Luego que terminara la marcha una delegación de obreros instalaba el acampe frente a Casa de Gobierno, donde permanecerán hasta que se cumpla con su reclamo. Está en marcha una importante campaña por el desprocesamiento inmediato de los trabajadores de Mafissa. Los luchadores obreros, las comisiones internas, los cuerpos de delegados, los estudiantes combativos, los jóvenes, las organizaciones de derechos humanos, sociales y populares y los partidos políticos de la izquierda tenemos que dar un paso adelante impulsando esta campaña: El ataque a los valientes luchadores de Mafissa es un ataque a todos los trabajadores. Hay que proponer todas las iniciativas que sean necesarias para rodear de apoyo a los obreros hasta lograr su total desprocesamiento.   |   comentarios

  • LA PLATA. Centros de estudiantes, organismos de DD.HH. y organizaciones obreras combativas marchan en defensa de los obreros de Mafissa este 23 de abril

Los obreros de Mafissa fueron reprimidos; 18 de ellos, incluyendo los delegados de la comisión interna que resistieron el desalojo en la planta, detenidos y acusados de “coacción agravada y daño agravado”. Según el Código Penal podría corresponderles penas de hasta 10 años de cárcel. Esto constituye un salto en los renovados ataques contra el llamado “sindicalismo de base” que viene surgiendo en la clase trabajadora.

El origen

Tal como está hoy en el Código Penal, el art. 149 ter1 debe su redacción al último gobierno de Perón.

El 22 de enero de 1974, se realizó una movilización contra la nueva legislación represiva, que ya contaba con media sanción del Senado. El Ministerio del Interior prohibió el acto frente al Congreso y dos días después se aprobó la reforma al Código Penal (Ley 20.642). Desde mediados de ese mes, la Triple A -que ya había dado a conocer su primera “lista negra”- enviaba cartas a los legisladores “sugiriendo” que votaran la reforma al Código Penal bajo la amenaza de que les pasaría “lo que a Solari Irigoyen”, un senador radical que había sufrido el primer atentado reivindicado por aquella banda fascista.

El avance represivo incluyó nuevas figuras y también repuso los tipos penales de la dictadura de Onganía que habían tenido que derogar sólo 8 meses antes (Ley 20.509), en votación conjunta con la ley de amnistía (Ley 20.508), mientras se desarrollaba el llamado “Devotazo”, la movilización que ante la asunción del gobierno de Cámpora en 1973 liberó los presos de la cárcel de Devoto. Ya con Perón en el poder, con las leyes 20.642, 20.840 (“Actividades subversivas”) y otras, una vez más se reforzó el Código Penal como herramienta a favor de las patronales y contra los luchadores obreros y populares y sus organizaciones. El diario Noticias informó de la primera aplicación de la nueva legislación a un conflicto laboral: “Actualmente, casi 40 trabajadores de las empresas Matarazzo y Gatic, que fueron detenidos a raíz de la ocupación de sus fábricas, están siendo juzgados de acuerdo con el nuevo Código Penal y las condenas que se pretende imponerles oscilan entre 5 y 15 años de cárcel” ( 28/8/74).

Era la antesala de lo que vendría a imponer la dictadura, un genocidio de clase para implementar un plan sistemático al servicio de las multinacionales y el capital financiero. La causa penal que investiga los delitos de la Triple A lleva 34 años y continúa impune; los genocidas de la dictadura están en un 95% en libertad; pero con gran celeridad aparecen jueces como Melazzo, Atencio o la fiscal Medina, encuentran motivos para detener a trabajadores aplicando el Código Penal.

Cuando la desocupación asolaba el país

La coacción agravada ha sido utilizada en distintas etapas como un “caballito de batalla” a la hora de acallar la protesta social y es una de las causas que hacen que en la Argentina existan más de 5.000 procesados por luchar.

Fue utilizada en los ‘90 y principios de 2000, cuando los piquetes recorrían las rutas. Así pasaron a engrosan la lista de presos acusados de “coaccionar”: Panario, Christiansen y Estrada de Neuquén en el año 95, Emilio Ali, Raúl Castells y los 56 presos del Movimiento Teresa Rodríguez en 2001, por el mismo juez Atencio que hoy interviene en Mafissa. También se aplicó bajo el gobierno de Kirchner contra los petroleros de Las Heras; así como contra los que reclamaban contra el Código Contravencional -en los hechos de la Legislatura porteña- que pasaron más de 14 meses en la cárcel y tuvieron que enfrentar un juicio oral.

Otra vez contra las tomas de fábricas

La patronal de Zanon cuando los trabajadores iniciaron su lucha, los denunció por “coacción, compulsión violenta a la huelga y usurpación”, lo que, en la situación política abierta por la crisis del 2001, no prosperó. Con la acusación penal a los trabajadores de Mafissa, la historia se reedita. Como en los ‘70, en Matarazzo y Gatic, vuelven a aplicar esas normas represivas contra esta joven y combativa nueva generación de la clase trabajadora que en defensa de sus derechos llega a la ocupación de fábrica.

Así, intentan que las víctimas pasen a ser victimarios. Que los que exigían que se cumpla su más elemental derecho a trabajar, a que se respete el fallo del juez Rubén Arias y las resoluciones del Ministerio de Trabajo, pasen a tener que defenderse de delitos gravísmos.

En este sistema basado en la explotación y la opresión, peleamos porque los derechos de huelga, de toma y ocupación de establecimientos, de manifestación y protesta, estén exentos de cualquier castigo o prohibición penal y denunciamos el acrecentamiento de la legislación represiva bajo este gobierno, como ocurre con la sanción de la ley antiterrorista.

Vamos a realizar una gran campaña para repudiar la represión que sufrieron estos trabajadores que son un ejemplo para todos los que luchamos y para que no sigan rehenes de este poder judicial de Scioli que encarcela trabajadores y encubre a los secuestradores de Julio López.

1 El art. 149 ter, que tipifica la coacción agravada, se compone de dos incisos. El primero, con penas de 3 a 6 años de prisión, es el que le imputan a los obreros de Mafissa; castiga al que “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”… ello “si se emplearan armas o las amenazas fueren anónimas”. El inc. 2ª penaliza la misma conducta (con 5 a 10 años de prisión) “si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos” o que alguna persona abandone su lugar de residencia o trabajo. Durante la dictadura las penas eran mayores. La “Ley de Defensa de la Democracia” de Alfonsín volvió a las penas del gobierno peronista.

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