Los casos de Omar Chabán y María Julia Alsogaray permiten ver como cae la máscara de la imparcialidad de la Justicia. Pero esto es posible cuando queda en evidencia la impunidad, la confirmación de que los ricos y poderosos hacen lo que quieren, la amnistía para el delito de la burguesía, –del que comete día a día violando sus propias leyes y normas- y que recuerda que el abuso es la marca de privilegio de quienes ejercen la opresión y la explotación del pueblo trabajador. La pertenencia al círculo de las clases dominantes o por lo menos de la riqueza, garantiza los recursos necesarios para forzar voluntades y obtener el perdón, la protección política y el amparo de la ley burguesa. 

La república de Cromañón es una figura simbólica particular de la sociedad burguesa: es la expresión de impunidad, un sello de distinción de la democracia capitalista argentina desde su restauración en 1983. Surgida de la ruina de las Juntas militares que realizaron un genocidio bajo la forma del terrorismo de estado, la democracia burguesa se erigió como el régimen de dominio llamado a garantizar la continuidad de la impunidad, los negocios y el saqueo de la Nación por parte de los capitalistas nativos y extranjeros. Aquellos que junto al imperialismo señalaron a los militares el objetivo para que aplastaran a la clase obrera y el pueblo, para imponer las condiciones del actual orden capitalista.

El progresismo en general remarca que a pesar de todo se dicta justicia y dan como ejemplo las condenas a los represores obviando que se arrancaron a partir de un insistente reclamo de justicia -¡de más de 20 años!- por parte de la movilización popular. Quieren ocultar que la impunidad, es la norma del régimen democrático burgués. Que siempre se encubrió a los responsables. Un ejemplo, ni siquiera cuando se juzgaba a los Comandantes se señaló a los aliados civiles de las Juntas. Los capitalistas que habían entregado activistas y avalado los campos de concentración gozaron de la plena impunidad y protección. La gran mayoría de los grupos capitalistas actuales tienen sus huellas dactilares manchadas de la sangre del genocidio que les permitió enriquecerse. Lo mismo pasa con los partidos patronales como la UCR, el mismo PJ o incluso el PS que aportaron funcionarios al proceso (recordemos que en la izquierda existieron quienes como el PC, apoyaron políticamente a los militares).

En última instancia, las leyes de Punto Final, Obediencia Debida –de Alfonsín- y los Indultos –de Menem-, fueron la forma con que los políticos “democráticos” y las patronales retribuyeron a los militares su papel de perros guardianes del orden burgués. 

La prepotencia y la impunidad patronal, el descaro insolente de los ricos y famosos sólo pueden alimentar el odio del resto de la sociedad e incluso el resentimiento de los más desesperados. Prolifera por un lado el crimen que es producto de la descomposición social, el que nace de la decadencia del aparato estatal –las mafias políticas y policiales-. Por el otro la “buena sociedad” aterrorizada, reclama mano dura –en voz de un Blumberg que carga sus diatribas contra el garantismo- y se encierra en countries y barrios privados que aumentan aún más el antagonismo de las clases. La opinión pública se divide entre aquellos que siguen como rebaño el reclamo de seguridad y los que observan confundidos –y sin voluntad, adormecida por las bondades del consumo- cómo amenazan los reaccionarios y sólo atinan a sostener pasivamente a lo que consideran el mal menor. Mientras tanto, aquellos ofendidos y víctimas de las catástrofes se expresan con indignación. Los que soportan la violencia de la explotación y el despotismo laboral, los trabajadores, se manifiestan en la lucha. La ley y el orden que reinan no son legítimos. En este punto la dicotomía entre garantismo y mano dura para rescatar a la institución judicial, se muestra superficial y falsa. El dogma jurídico se choca con la vida misma cuando –como en el caso de la libertad bajo proceso que benefició a Chabán- desnuda cómo el fundamento de la igualdad es una formalidad que abdica frente a la realidad fáctica de la propiedad privada, la explotación del trabajo, la corrupción política, la miseria de las masas y la riqueza obscena de una oligarquía.

Llegado a este punto, el derecho se muestra como fundamento de fuerza y de dominio, como fórmula jurídica de la desigualdad. La democracia se manifiesta como la envoltura política de la dictadura del capital.

Los crímenes impunes son la cara más grosera de la opresión capitalista. La subsistencia del sistema, una garantía de degradación. Está en crisis la sociedad, y los intentos de quienes se proclaman reformistas se muestran como la continuidad de la barbarie capitalista. La alternativa es de hierro: socialismo o barbarie. Frente a esto nuestra estrategia es la revolución obrera y socialista, que derroque al estado burgués e instaure el estado de los trabajadores erigido en torno a las organizaciones autodeterminadas de las masas. Un nuevo orden revolucionario donde las bases materiales de la desigualdad, el abuso y la opresión -la propiedad privada y la ganancia capitalista- sean abolidas en beneficio de la apropiación y propiedad colectiva.

Porque luchamos por esta perspectiva de emancipación social, los marxistas concebimos radicalmente la lucha democrática. A la par que exigimos el juicio y castigo a los que abusan del pueblo oprimido y denunciamos el carácter clasista de la justicia burguesa, reclamamos la democracia más generosa para las masas. Por eso defendemos las libertades democráticas y garantías individuales contra los cultores de la mano dura que pretenden hacer más represiva a la sociedad. Pero decimos claramente que los derechos democráticos y sociales de la clase obrera y el pueblo son impuestos por la fuerza de la lucha y la movilización independiente, quebrando la voluntad de los gobiernos patronales y su estado.