En la madrugada del 1° de abril Camila Arjona, una chica de 14 años, embarazada, de Villa Lugano, fue literalmente fusilada por tres efectivos de la Comisaría 52. Los federales, según testigos, dispararon contra un grupo de chicos del barrio que se habían negado a ir a comprarles droga. Camila salió a ver qué pasaba y recibió dos tiros, uno de ellos en la nuca.
El mismo día moría Luis Szewchuk de Quilmes quien a fines de abril del 2004 había quedado parapléjico por un balazo del Cabo 1° Mansilla de la Brigada de Quilmes, Luis llevaba los repartos de carne de un comercio de Villa Luján, cerca del Río de Quilmes. Alrededor de las 20 hs. había salido a llevar un pedido con su bicicleta y paró a hablar con unos amigos. En la vereda de enfrente el cabo Mansilla discutía con un vecino, sacó su arma y empezó a disparar. Uno de los tiros le dio a Luis en el tórax. A casi un año de los hechos, Luis está muerto, mientras Mansilla sigue impune.
Cínicamente, los medios y las autoridades policiales hablan de “casos aislados”, de “inadaptados”. Sin embargo, estamos ante un accionar cotidiano de las llamadas fuerzas policiales contra los jóvenes de los barrios del pueblo trabajador. Un accionar garantizado por la impunidad que le da a la institución el poder judicial y que es sostenido en práctica e ideología por el llamado “Plan de Seguridad”, lanzado el año pasado por el gobierno nacional cumpliendo a rajatabla con las propuestas fascistas de Juan Carlos Blumberg.
Este “destino” de muerte para los hijos del pueblo trabajador muchas veces se complementa con la cárcel. Se estima que más del 80 % de los presos son jóvenes que estaban desocupados o subocupados al momento de su detención. En la semana que pasó, el tema volvió a tomar relevancia con el motín de la cárcel de Coronda. Inmediatamente se habló de una “pelea entre santafesinos y rosarinos”. Pero la mentira tiene patas cortas. Internas del Servicio Penitenciario, mafia policial, la extraña muerte de un preso que había visto el asesinato de un compañero a manos de los penitenciarios, empiezan a echar luz sobre un asunto que excede Santa Fe y que tiene que ver con la situación de superpoblación, torturas y muerte que se vive en las cárceles de todo el país.
Frente a este accionar genocida contra los jóvenes del pueblo pobre se hace urgente la más amplia unidad, organización y lucha de las víctimas de la represión, los organismos de derechos humanos, los sindicatos y las organizaciones de desocupados.