Ya ha pasado más de un año de la desaparición de Jorge Julio López, y lo único claro es que todas las instituciones del Estado, el gobierno y la Justicia actuaron -de una forma u otra- para encubrir a sus secuestradores, amén de que no existe ninguna certeza sobre dónde está López.

Las denuncias realizadas por los organismos de derechos humanos que son querellantes en la causa que se investiga la desaparición de Jorge Julio López –nucleados en “Justicia Ya!”- no dejan lugar a dudas sobre cuál fue el papel de las fuerzas estatales y del gobierno (ver recuadro). Desde el inicio de la investigación, las únicas pistas serias fueron aportadas por estas organizaciones, no casualmente independientes del gobierno, mientras la Policía (Bonaerense y Federal) y la SIDE actuaron en muchos casos adrede para “embarrar la cancha”. El gobierno de Kirchner, los funcionarios políticos que están al frente de estas fuerzas y la oposición política que clama por la “reconciliación” con los militares genocidas y que se ha llamado a silencio con respecto al caso López, son responsables. Si los secuestradores de Julio no aparecen, si el mismo López no aparece, es porque no los quieren encontrar.

Hace rato que los organismos de derechos humanos independientes del gobierno denunciaron que a los secuestradores de López hay que buscarlos en el círculo de amigos de los genocidas, en las fuerzas de seguridad, en las Policías, en la cárcel de Marcos Paz, donde junto al criminal Etchecolatz se amontonan una treintena de militares, con todo el tiempo del mundo para planificar sus acciones.

Los que luchamos contra la impunidad que existe en nuestro país siempre supimos que las soluciones no vendrán desde arriba. Estas fuerzas de seguridad, incluida la SIDE en cuya cúpula están agentes que entraron en 1974, son incapaces de investigar y encontrar a los secuestradores de López. No tenemos la más mínima confianza en esta justicia, donde continúan en funciones multitud de jueces y fiscales nombrados por la dictadura. Kirchner ni siquiera ha separado a los 9.026 policías de la Bonaerense que actuaron durante la dictadura y hoy siguen patrullando las calles de la provincia, y sigue negándose a entregar los archivos de la SIDE, las fuerzas armadas y de seguridad. La Conadep publicó una lista de desaparecidos, pero nunca una de los desaparecedores. Entre éstos últimos y sus amigos se encuentran los que secuestraron hace un año al compañero López.

No nos extraña. Por los propios intereses de clase que defiende, los mismos que defendió la dictadura genocida, este gobierno sostiene al aparato represivo donde anidan los secuestradores de López y sus cómplices.

Ningún gobierno de los capitalistas dará solución

En numerosas oportunidades hemos afirmado que el caso López reabría una crisis de Estado de la Argentina capitalista, que persiste desde la retirada de la dictadura. La incapacidad mostrada por el gobierno de Kirchner para encontrar a Julio y a sus secuestradores, pese a su inédita retórica de reivindicación de la generación desaparecida por la dictadura, es una muestra de esta crisis. Es que ningún gobierno capitalista puede dar una solución que sea favorable a los trabajadores y el pueblo porque implicaría avanzar sobre la impunidad del aparato represivo y eso haría socavar el pilar fundamental del propio Estado de los patrones, las FF.AA, que tiene gran continuidad con la dictadura militar.

La continuidad de este aparato armado es la herramienta más importante que tiene la clase empresaria para sostener su dominación y asegurar sus propiedades y ganancias por medio de la explotación de la clase obrera y el empobrecimiento de sectores de las capas medias. Esa función del aparato represivo puede verse cuando el gobierno manda la gendarmería a Santa Cruz contra los trabajadores petroleros, cuando el gobierno asesino de Sobisch manda a matar al docente Fuentealba, y con toda magnitud, cuando en diciembre de 2001 el pueblo ocupó las calles para echar al gobierno proimperialista y antipopular de De la Rúa, y la policía y la gendarmería mataron a sangre fría a más de 30 compañeros.

La política de Néstor Kirchner en derechos humanos es un fraude y un fracaso. Con la anulación de las leyes de obediencia y punto final dijo que iba a acabar con la impunidad, cuando en realidad sólo se proponía meter presos a algunos genocidas emblemáticos. Pero aún así, está a la vista que antiguos represores como Etchecolatz mantienen estrechos lazos con las fuerzas represivas actuales (y con exonerados de esas fuerzas) que siguen actuando impunemente.

Comisión investigadora independiente del Estado

Es un hecho que han sido las organizaciones de derechos humanos independientes del gobierno, la Multisectorial de La Plata, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y los partidos de la izquierda los únicos que se han movilizado en forma permanente para exigirle al gobierno la aparición con vida ya de Julio López y muchos de éstos han cargado sobre sus hombros la tarea de indagar sobre los secuestradores de López, aportando pruebas y denunciando el encubrimiento escandaloso, como ha venido denunciando desde estas páginas la compañera Myriam Bregman del CeProDH. Esto en contraposición a los denominados organismos históricos, como Abuelas y las dos líneas de Madres, que prefirieron mantener su alianza con el gobierno de Kirchner antes que entablar una lucha en serio por Julio López y el castigo a sus secuestradores.

Como los mismos organismos de derechos humanos independientes del gobierno exigen, debería ponerse en sus manos el acceso todas las pruebas, toda documentación de las fuerzas policiales y de inteligencia, que se les provea de todos los elementos para esclarecer el secuestro, empezando por el libre acceso a todos los archivos de la SIDE y a la inteligencia de las FF.AA y fuerzas de seguridad (listados de represores, fecha de ingreso a su puesto, lugar de desempeño en período 76/83, etc.). Así se podría funcionar como una verdadera comisión investigadora independiente con plenos poderes para investigar y denunciar sin injerencia gubernamental ni estatal ante la población toda la verdad. Porque no se podrá acabar con la impunidad si no es apelando a un amplio proceso de movilización en las calles y en especial con la clase trabajadora, principal víctima del genocidio, a la cabeza de esta lucha.