El mayor crimen que impone la anulación efectiva de la maldita ley, no es sólo el hecho de que los legisladores de uno u otro bando hayan cobrado dineros para sacarla. El cobro de "premios" se recibe siempre que las leyes incuben grandes intereses para las corporaciones que dominan la nación. Basta solo ver cómo se abultaron las finanzas de los parlamentarios luego de la gran entrega de las privatizaciones. En definitiva, lo que amerita la anulación de esta ley esclavista es la existencia de más de 5 millones de personas con graves problemas de empleo en la Argentina.
A decir verdad, el caso Pontaquarto no develó sólo un episodio de "corrupción" en las altas esferas de la politica sino la verdadera naturaleza de la democracia capitalista, que legisla y reglamenta siempre a favor de los intereses de la burguesía (Ver Declaración del PTS "La podredumbre capitalista del régimen otra vez al desnudo" del 17/12). Los bancos, las privatizadas y los empresarios de la UIA "invirtieron" 5 ó 6 millones de dólares –provistos por el Estado vía la SIDE- para hacerse de una imprescindible ley laboral que garantizara sus ganancias. Impuesta por la Alianza, el PJ, Daer y los gordos de la CGT, la ley vino a dar "seguridad jurídica" a una situación impuesta bajo el menemismo y con esto, abrió el camino para extender más aún esta política al conjunto del movimiento obrero. Más tarde, el régimen abrió paso a una nueva medida a favor de los explotadores. Los legisladores de ambas cámaras parlamentarias avalaron la devaluación duhaldista y la licuación del salario real en más de un 45%, esta vez a favor de la patronal exportadora.
Hoy, tras el escándalo Pontaquarto, la patronal esclavista de la UIA preocupada por la "seguridad jurídica" de las normas de explotación, vuelve a la carga y propugna una derogación -siempre y cuando la justicia compruebe las coimas- al mismo tiempo que exige a sus empleados del Congreso "...discutir y aprobar otra ley laboral que respete los principios de la reforma de 2000".
El gobierno pareciera también inclinarse por una derogación. Conviene decirlo: desde que Kirchner asumió, su proyecto de "producción y trabajo" estuvo apoyado sobre la base de esta misma norma esclavista; nunca la denunció ni por su carácter criminal y, mucho menos, por su esencia explotadora. Los hechos y Pontaquarto se precipitaron. Sobre la base del prestigio conquistado, Kirchner debe hoy avanzar en dar nueva legalidad a la cuestionada norma, eso sí, sin afectar su esencia. Haber instruido a su Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, "para profundizar los estudios sobre la aplicación de la actual ley laboral" es toda una definición: Tomada, siendo asesor de la CGT durante mucho tiempo, apoyó todas las leyes y decretos antiobreros impulsados por el menemismo, hasta llegar por último al apoyo a la ley de reforma de las coimas de De la Rúa.
Dejar la "reformulación" de esta ley en manos de Tomada, dejar la investigación de los coimeros en manos de los jueces surgidos de las entrañas del viejo régimen, indica que más allá de los discursos, el actual gobierno no muestra ninguna disposición efectiva por ir hasta el final contra la "vieja política" ya que para hacerlo, tendría que enfrentarse a quienes hoy lo sustentan: el PJ y una buena parte de la casta política del viejo régimen. Intentar fortalecer la construcción de un proyecto político transversal reciclando figuras en desuso como a Chacho Alvarez –que llevó al poder a De la Rúa, defendió la Reforma Laboral esclavista y puso a Cavallo como ministro- indican que tras la demogogia de un proyecto "nuevo" se busca sólo reconstruir lo peor de lo viejo.
Por otra parte es verdad que Moyano fue uno de los que denunció la ley esclavista, incluso el uso de la Banelco. Sin embargo no sólo no ha propuesto ninguna medida seria de lucha contra la misma sino que, por el contrario, se limita a pedirle al gobierno una mera derogación y la reformulación de una nueva ley.
Lamentablemente del lado de la CTA –corriente que por otra parte estimuló el apoyo electoral a la Alianza en el 99, senadores incluidos– a pesar de ser la única central de trabajadores que se ha pronunciado por la anulación de la ley laboral, no ha convocado a ninguna medida de lucha seria contra la misma. Por el contrario, sus dirigentes se limitan a reclamar ante el gobierno, su proyecto de Seguro de Empleo y Formación.
El escándalo del Senado muestra una vez más a la oligárquica institución que sirve sólo a los intereses antipopulares, con o sin coimas. Los senadores ganan más que cualquier trabajador y tienen numerosas prebendas. Hay que eliminar esta reaccionaria institución y luchar por la creación de una Cámara Unica de diputados revocables por sus electores, que no ganen más que un maestro de doble jornada.

Paro Activo Nacional
La barbarie de 5 millones de personas con problemas graves de empleo exige la más amplia y decidida movilización de la clase obrera, para imponer como mínima demanda la anulación total, definitiva y efectiva de la Ley de Reforma Laboral y los convenios esclavistas impuestos por la burocracia sindical, las patronales y el ministerio de Trabajo, bajo su amparo y a espalda de los trabajadores. Es necesaria no una nueva ley sino una gran lucha, un paro activo de toda la clase trabajadora, para reconquistar todo los derechos perdidos; una lucha común de trabajadores ocupados, precarizados y desocupados, para imponer el pase a planta de los trabajadores en negro y contratados, el reparto de las horas de trabajo con un salario minimo igual a la canasta familiar, es decir trabajar menos horas para que haya más trabajo, y por un verdadero plan de obras públicas que de trabajo genuino.
Hay que imponer mediante asambleas de base en todos los lugares de trabajo, a las centrales sindicales que dicen oponerse a la reforma laboral de las coimas, la convocatoria a un paro nacional con movilización, cortes de ruta y piquetes, como el primer paso de un plan de lucha hasta lograr su anulación y un programa de los trabajadores para terminar con la desocupación y el hambre.
Pongamos en pie una coordinadora de las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados y políticas que convocamos al acto del 20 de diciembre en Plaza de Mayo para impulsar juntos esta política.