191 muertos y se temen nuevas víctimas fatales. Un solo preso: Omar Chabán.
El principal responsable político de la masacre de Cromañón, Aníbal Ibarra, sigue en funciones –y libre- gracias a Kirchner, Duhalde, Carrió y Macri. Contra el masivo reclamo de justicia y la voluntad de los miles que se movilizaron, el operativo salvataje logró su objetivo. Lo que hicieron Kirchner, Duhalde, el ARI y el macrismo remite a una palabra conocida: impunidad.
“El escenario político en estos días parece haber alejado la (perversa e innecesaria) amenaza de la crisis institucional” respiran los oficialistas de Página 12 refiriéndose a la crisis desatada en la Capital. La calificación de “perversa e innecesaria amenaza” no se refiere a otra cosa que al temor a que la movilización creciera y que Ibarra terminara precipitadamente su carrera política como pasó con De la Rúa. El miedo a que volviera a caer un gobierno por decisión popular hizo que Kirchner y Duhalde pusieran en marcha la operación de rescate de Ibarra y salvaguardar la “institucionalidad”. El presidente (decidido a sostener a su deslucido aliado capitalino) pagó el favor que le hizo Duhalde obligando a Ibarra a aceptar a un “peso pesado” de la mafia duhaldista en la Secretaría de Seguridad metropolitana: a Juanjo Alvarez literalmente se le entregó el control de la ciudad de Buenos Aires.
Los burócratas de la CGT y la CTA también hicieron lo suyo por reducir los riesgos de la crisis institucional: se cuidaron de cualquier acción comprometida –aún en relación con los trabajadores de Cromañón, que se bastaron a sí mismos para sus denuncias sobre las condiciones de funcionamiento del boliche. En el caso de Moyano, sólo salió de su mutismo para apoyar a Alvarez, el mismo que estaba al frente de la cartera de seguridad del gabinete nacional cuando la policía asesinó en Puente Pueyrredon a Maximiliano Kostequi y a Darío Santillán.
El pacto de Kirchner, Ibarra y Duhalde no sólo terminó encumbrando a Alvarez; la patota duhaldista sumó a otro experto en “resolución de crisis”: Diego Gorgal, el flamante Subsecretario de Seguridad, quien fue Subsecretario de Planificación y Logística del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante el caso Axel Blumberg, y por añadidura, mantiene una fluida vinculación con Macri.
Los sectores de la clase media progresista que apuntaron su dedo acusador contra los ritos de los jóvenes, contra las madres que llevan a sus hijos a los boliches y contra el rock con tal de no señalar a Ibarra como culpable y espantar el cuco de Macri, consiguieron lo que siempre se consigue con este tipo de razonamientos -fortalecer a las mafias y a la derecha que supuestamente se quiere combatir. El estrecho horizonte del pensamiento progresista –que sólo se permite endiosar a esta democracia burguesa degradada- renuncia a una salida verdaderamente democrática, la de la movilización popular que eche a Ibarra e imponga una asamblea constituyente de la Ciudad que discuta todos los grandes problemas de las mayorías populares.

A un mes de la masacre preparar una gran marcha

El castigo a los culpables no vendrá de ninguno de los poderes del Estado ¿Qué culpa pagaron los responsables de la tragedia de Lapa, de la de Río Turbio y de las tres muertes diarias producidas en accidentes laborales? Para el Estado y la justicia de los patrones los “responsables” son el piloto, los mineros y en definitiva siempre terminan siendo las víctimas. Hoy como en tantos otros casos han vuelto a montar un show inundando las pantallas de TV clausurando boliches mientras la justicia para los familiares nunca llega.
Para que la haya y los verdaderos culpables paguen, para que se cumpla lo que decimos en las marchas “Ibarra y Chabán la tienen que pagar” hay que profundizar el camino iniciado de movilización y organización independiente de los familiares, las víctimas y la juventud del pueblo. Hay que transformar la lucha por la justicia en una gran causa nacional. Los distintos movimientos y asambleas de las barriadas populares, que reflejamos en las páginas de este periódico, muestran una gran decisión de lucha. Son el punto de partida para avanzar.
Las organizaciones sindicales en lucha y antiburocráticas tienen que tomar partido. Así lo hicieron los trabajadores del Ramos Mejía que se movilizaron junto a los familiares y ya se pronunciaron el cuerpo de delegados de Lafsa (ex LAPA), los obreros de Zanon, la Comisión Interna de Pepsico, el Cuerpo de delegados del Astilleros Río Santiago, del IOMA La Plata, y otros. Todos estos sectores, al igual que el cuerpo de delegados del subte, los delegados de las telefónicas y ferrocarriles, las comisiones internas de las grandes fábricas de la alimentación, las seccionales docentes (Suteba) recuperadas a la burocracia, las organizaciones de desocupados, junto con los partidos de izquierda que no tienen compromisos con los empresarios y el gobierno debemos intervenir para romper el pacto de impunidad logrando el castigo a todos los culpables.
El 30 de enero, a un mes de la masacre, está convocada una gran marcha. Es una gran oportunidad para revitalizar la movilización y poner en el centro de las demandas la exigencia de que se vaya Ibarra y el castigo a los culpables. Está planteado además avanzar prácticamente, como ya se está discutiendo y empezando a articular en distintas asambleas, en conformar una Comisión Investigadora Independiente del gobierno, de la Legislatura y de todo organismo estatal, integrada por los familiares y víctimas, junto a organismos de derechos humanos, para evitar que la red de corrupción de fiscales, jueces, policías, punteros políticos y empresarios deje impune este crimen.