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AMIA: 10 años de impunidad

17 de septiembre 2004

Indudablemente el caso AMIA consagra una de las mayores ofrendas a la impunidad. El Tribunal Oral N° 3 señaló que la investigación del caso estaba viciada de nulidad, pues la llamada “pista policial” se apoyaba sobre una hipótesis falsa. El juez Galeano, el ex ministro Corach, el ex titular de la SIDE Anzorreguy y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, fueron imputados por el tribunal como responsables de las “irregularidades”. Galeano pagó US$ 400.000 a Carlos Telleldin con la finalidad de armar la pista falsa. El dinero fue provisto por los “fondos negros” de la SIDE a cargo de Anzorreguy. Corach persuadió a Beraja del ocultamiento facilitando US$ 380 millones para el salvataje del Banco Mayo, suma que utilizó en autopréstamos a socios y amigos. Parece ridículo: después de 10 años el tribunal revela que el caso AMIA fue construido como una farsa. Fueron absueltos los 22 policías procesados a pesar de probarse innumerables delitos de otra índole1. El ex comisario Ribelli “casualmente” blanqueó US$ 2 millones y medio el día posterior a la entrega de la Trafic destinada como coche bomba. Resulta grotesco que personajes como Telleldín y Ribelli se propongan entablar juicio por daños al Estado para cobrar cifras millonarias. Sin embargo esta comedia de enredos devela aunque sea una verdad: la connivencia de funcionarios, jueces, policías y delincuentes en una causa común.
El ministro de Justicia Rosatti, vocero del gobierno, calificó de “muy valiente” el fallo enunciado por el tribunal, dando a luz las irregularidades. Pero los jueces sostuvieron que “los tres poderes del Estado” y “los oscuros intereses de los gobernantes inescrupulosos” otorgaron cobertura política al encubrimiento. ¡¿Por qué motivo entonces permanecen impunes Menem, Duhalde, Ruckauf y todo el aparato del PJ?!2. ¿Quién podría ignorar la impunidad sin la aquiescencia del PJ que manejaba el aparato del Estado en su provecho?
Primero el radical De la Rúa dejó todo como estaba y para cubrir este enorme bache, el gobierno K no tiene más remedio que sacrificar algunas cabezas. Con esa finalidad comenzarían a promover el juicio político de Galeano, Oyarbide y Cavallo, los jueces que viciaron la causa y que tan buenos servicios están prestando “criminalizando la protesta social”. No olvidemos que Galeano dictó la orden de captura a los manifestantes de la marcha del 31 de agosto y Oyarbide procesó a D’Elía por la toma de la Comisaria 24 tras el asesinato de Martín Cisneros. 

Hay que encontrar un culpable

El cimbronazo de impunidad arañó el prestigio de Kirchner. Para recomponer su imagen el gobierno decidió crear un equipo de fiscales que colaboraría en la investigación del caso con el Juez Canicoba Corral, retomando la llamada “pista árabe”. Dicha hipótesis sostenía que el gobierno de Irán habría financiado la campaña electoral de Menem a cambio de su apoyo en materia de tecnología nuclear. El atentado habría sido la represalia ante el incumplimiento del acuerdo3. El lector recordará que el atentado a la AMIA se produjo en una situación sin precedentes en la historia argentina. Menem inició una apertura desenfrenada al capital extranjero e hizo de las “relaciones carnales” con EE.UU la sumisión incondicional de nuestro país, uno de los pocos países periféricos que tuvo la humillante tarea de aportar tropas al convoy de países imperialistas durante la Guerra del Golfo en 1991. De esa forma, Menem habría colocado a nuestro país en un sitio vulnerable. Pero sin prueba alguna, el gobierno instruye a Canicoba Corral a retomar la pista árabe tirando por elevación contra el “terrorismo internacional” de Irán, Siria y la Triple Frontera. Así como en su momento se tramó la farsa policial como resorte del encubrimiento, hoy no suena mal seguir la pista del “terrorismo” para recuperar la confianza de los damnificados por el atentado. Una buena oportunidad para que el gobierno “progresista”, a su modo, acompañe la cruzada de Bush, Putin y Sharon. 

La DAIA y el Estado de Israel contra los familiares de las víctimas 

El sentido común, es decir la ideología de las clases dominantes, reproduce un mito alimentando un vínculo orgánico natural entre el Estado de Israel y los intereses de la comunidad judía. Por el contrario, el Estado de Israel actuó como parte encubridora del atentado mediante el apoyo brindado a Galeano, Menem y el colaboracionismo de la DAIA. Es de público conocimiento que Beraja y la DAIA se oponían a exigir la apertura de los archivos de la SIDE bajo el pretexto de ser “secreto de estado”. Las duras críticas lanzadas por Laura Ginsberg en el acto aniversario de 1997 encontraron eco en todos los medios, mientras Beraja seguía colaborando y pedía perdón a Menem por los perjuicios ocasionados. Beraja desempeñó el rol de capo, oficio que jugaban los judíos colaboracionistas en los guettos a cambio de prebendas. Pero el Estado de Israel pagó los servicios de Beraja ungiéndolo como vicepresidente del Consejo Judío Mundial. ¿Por qué motivo el Estado de Israel guarda silencio cuando desde el gobierno K se anuncia que el equipo de fiscales de Canicoba Corral “no investigará el atentado contra la Embajada de Israel”4? ¿Acaso los funcionarios israelíes no señalaron un elemento común
en los dos atentados? ¿Qué pasó con las investigaciones realizadas por el Mosad y el Shin Bet habilitadas por un decreto de Menem? Silencio. No es la primera vez que el Estado de Israel actúa contra los miembros de la comunidad judía. La dictadura militar encontró apoyo en el estado sionista mientras miles de judíos eran torturados con particular saña. Quizá la ilustración más brutal de esta supuesta paradoja resulta de la II Guerra Mundial, cuando el establishment sionista resolvió priorizar la conquista de Palestina abandonando a su suerte a 6 millones de judíos exterminados en los campos de concentración nazis .
El reclamo de APEMIA y de los Familiares
Parece broma, pero aún después de todo lo sucedido el gobierno "progresista" afirma que "hay que manejarse con los canales institucionales" inclusive sin apartar a la SIDE. Pero "si se habla de CONADEP es porque no hay confianza en la justicia" , opinan los damnificados. La legítima desconfianza en las instituciones es la razón que condujo a Familiares, APEMIA y grandes sectores de la comunidad judía a exigir la conformación de una comisión investigadora independiente. El encubrimiento proporcionado por la Justicia, la Comisión Bicameral del Congreso, la embajada de Israel, la DAIA y numerosos dirigentes de la comunidad no merece más que desprecio. Hallar la verdad hasta sus últimas consecuencias exige manos limpias, exentas de compromisos con los encubridores, capaces de auscultar hasta el último escondite. Una comisión investigadora para ser realmente independiente debe serlo no sólo del estado argentino sino también de los dirigentes sionistas colaboracionistas con el ocultamiento, del Estado de Israel, de Estados Unidos, y en general de todos los organismos de inteligencias tanto locales como nacionales. Debería estar facultada de poderes extraordinarios podría abrir todos los archivos de la SIDE , impulsando su disolución, y meter la mano en la cloaca del régimen, investigando al PJ y todos los responsables.

1. Página 12, 12/8.
2. El gobierno K habría encargado a la jueza menemista María Servini de Cubría la investigación de los menemistas. Clarín, 10/8.
3. Esta hipótesis extiende responsabilidades tanto al partido libanés Hezbollah como al contrabandista de armas sirio Monzer Al Kassar. Walter Goobar en su libro, El tercer atentado, sugiere que Al Kassar podría ser un informante del Mosad, dadas las fructíferas relaciones comerciales establecidas con Israel como proveedor de metralletas Uzi y aviones Dagger. AMIA. El atentado. Juan Salinas.
4. Clarín, 10/8.
5. Servicios de inteligencia israelíes.
6. David Ben Gurión resolvió enviar solo 22 paracaidistas en auxilio de los judíos europeos, en tanto EE.UU. cerraba sus fronteras negando la entrada de millones de perseguidos por la bestia hitleriana.
7. Clarín, 10/8.
8. Página 12, 7/8.
9. El dirigente de AMIA, Abraham Kaul, denunció que Kirchner omitió desclasificar los archivos de la Bonaerense y las carpetas de Wilson dos Santos y Nasrim Mojtari.

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