A días de cumplirse 29 años del golpe genocida, la suspensión de todos los cargos en contra de Emilio Eduardo Massera, uno de los asesinos más emblemáticos de la última dictadura, pone al desnudo que poco y nada ha cambiado desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Por un lado, porque los indultos menemistas, que salvaron tanto a Massera como al resto de las cúpulas, siguen en pie. Por otro, sólo un puñado de militares está preso y en muchos los casos, por su edad, tienen el beneficio de acceder al arresto domiciliario, y otros tantos, apelan a innumerables maniobras judiciales para evadir el proceso legal.
El argumento médico de “incapacidad total y absoluta” de sus facultades mentales fue suficiente para que esta justicia que mantiene en la cárcel a los compañeros de Caleta Olivia, a los detenidos en la Legislatura y a Raúl Castells y persigue a los luchadores, anule todos los cargos contra este asesino que fue condenado en el Juicio a las Juntas por tres homicidios agravados por alevosía, 12 tormentos, 69 privaciones de la libertad calificada por violencia y amenazas y siete robos, y detenido, luego de ser indultado, por apropiación de menores.