El 26 de junio de 2002 los gobiernos de Duhalde y Solá y todo el aparato represivo del Estado desplegaron en Avellaneda un plan criminal para acabar con los movimientos de desocupados, las fábricas ocupadas y las asambleas barriales que mantenían viva la llama de diciembre de 2001. Hubo cientos de detenidos, decenas de heridos y Darío Santillán y Maximiliano Kostequi fueron asesinados. Cuatro años más tarde, como todos los 26 de junio, marchamos al Puente Pueyrredón. La consigna fue el castigo a todos los responsables materiales de la Masacre y, fundamentalmente, a sus autores “intelectuales”.
Desde la mañana las organizaciones convocantes se congregaron en la Estación Avellaneda donde se realizó un acto para rebautizarla “Estación Darío y Maxi”. Pasado el mediodía empezó la marcha hacia el Puente, que confluyó con movimientos de trabajadores desocupados que habían iniciado una vigilia el día anterior. Familiares de Darío y Maxi, el MTD Aníbal Verón, el Frente Popular Darío Santillán, el Polo Obrero, el MST Teresa Vive, la CCC, trabajadores de la Lista Bordó de ferroviarios del Roca, del subte, obreros de Zanón, delegaciones de seccionales del Suteba y de la Junta Interna del Garraham, la Correpi, el Ce.Pro.D.H. y partidos como el PTS, entre otros, iniciamos la subida del Puente y nos topamos con un impresionante operativo policial, una provocación montada por el gobierno “de los derechos humanos” de Kirchner a través de su Ministro del Interior Aníbal Fernández. En este marco, se decidió extender el corte del puente hasta las cinco de la tarde.

Kirchner cobija a los autores políticos
El acto comenzó con la lectura de decenas de adhesiones y continuó con el documento acordado por los convocantes, donde se denuncia el encubrimiento del gobierno a los responsables políticos e intelectuales de la masacre, denuncia que muchos de los miembros del gobierno de entonces siguen siendo funcionarios, como Aníbal Fernández, Ministro del interior o Felipe Solá, todavía gobernador. También se denuncia la actual represión como lo demuestra la militarización de Las Heras. También se denunció la política del gatillo fácil, y la persecución judicial a los luchadores.
Desde el PTS creemos que para lograr el castigo de todos los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Avellaneda así como para acabar con este panorama de represión e impunidad, hace falta profundizar la lucha y la movilización independiente del Estado, con una mayor coordinación de todos los que sufrimos estos flagelos: los familiares de las víctimas de la represión y la impunidad, los trabajadores ocupados y desocupados, la juventud, los organismos de derechos humanos y los partidos de izquierda. En esa lucha, y en todas las que apunten a acabar con la explotación del hombre por el hombre, Darío y Maxi están siempre presentes.