Desde la desaparición de Julio López, los organismos que intervenimos en el juicio a Etchecolatz y que posteriormente nos presentamos como querellantes en la causa abierta ante el secuestro de Julio, venimos insistiendo en un objetivo: queremos que se informe cuántos de los policías que reportaron bajo las órdenes de Etchecolatz están aún en funciones en la policía bonaerense, sabiendo que allí pueden encontrarse los cómplices (al menos del encubrimiento) del secuestro de Julio. En respuesta a nuestro pedido en la causa que se tramita ante el juez federal Corazza, Arslanian y Solá tienen que informar que son más de 9.000 los policías de esa fuerza los que estuvieron en la dictadura y que hoy están en funciones. Toda una revelación que casi el 20% de la fuerza de la bonaerense está integrada por policías que hicieron o iniciaron su servicio bajo el mando de la dictadura.
Esta cifra escalofriante desnuda la hipocresía del gobierno bonaerense, que a los pocos días de la desaparición de Julio afirmaba por boca del mismo León Arslanian que la cifra de agentes en funciones en la dictadura no superaba los “60”. Más tarde, Solá habló en los medios de comunicación de “más de 100…”. Pero pasaron a retiro sólo a 36, pues “no contaban con antecedentes suficientes”.
El nuevo listado es escandaloso. Por ejemplo, demuestra que aun están en funciones muchos de los bonaerenses que formaron parte de la “DIPBA”, la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, el organismo que durante la dictadura se encargó de marcar a las personas que luego serían secuestradas. Si bien ese organismo fue cerrado y en el año 2000 creada la Comisión Provincial por la Memoria en ese lugar, ¡los agentes que trabajaban en ella fueron reubicados, muchos ascendidos y hoy siguen en funciones!
Si tenemos en cuenta que en la amplia mayoría de las brigadas, comisarías y destacamentos de la policía bonaerense funcionaron Centros Clandestinos de Detención, llegamos rápidamente a la conclusión de que no sólo es aberrante que sigan en funciones cuando formaron parte del aparato genocida, sino que a tres años de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, deberían estar presos.
Estamos seguros que las fuerzas de seguridad no son reformables ni “depurables”. La continuidad de los elementos de la dictadura responde a la impunidad . La impunidad de los criminales del brazo armado del Estado capitalista que llevó adelante el genocidio tiene como fin rescatar a las FFAA y de seguridad como pilares del orden social.
Estos 9.000 policías formados en la dictadura, hoy jefes de operativos, influyentes comisarios de la fuerza, son los que tienen a su mando la búsqueda de Julio López y, lo que es peor, de ellos depende encontrar a los responsables de su desaparición forzada.
Ahora es evidente por qué a 3 meses no hay rastros de Julio y los secuestradores se siguen moviendo con tanta impunidad.