Los legisladores Lautaro Jimenez, Héctor Fresina y Víctor Dávila, los referentes sindicales Polo Martinez Aguero, Raquel Blas, Jorge Chávez y Jonathan Neira, y el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Enrique Jasid, fueron notificados de su imputación por la supuesta violación del artículo 194 del Código Penal por participar de un corte con movilización y acto en el marco del último paro nacional del 6 de abril. La orden lleva la firma de la fiscal Gabriela García Cobos.

Al respecto el diputado Lautaro Jimenez aseguró que "esta imputación es lisa y llanamente la criminalización de la protesta social, basándose en una norma establecida durante la dictadura de Onganía. Toda una declaración de principios del gobernador Cornejo que es quien está detrás de esta persecución. Como no puede dar respuesta a los problemas de trabajo, vivienda, salud o educación quiere encarcelar a quienes reclaman por sus derechos y a quienes nos solidarizamos con esos reclamos". El diputado agregó que "repudiamos esta decisión de la Justicia adicta y amañada, armada a gusto de Cornejo, para perseguir a quienes reclaman derechos elementales".

Por su parte, la senadora Noelia Barbeito afirmó que "claramente esta decisión de la Justicia, propiciada por el gobernador, es una barbaridad que debe ser repudiada por todos los sectores políticos y sindicales del país. Esta política de persecución, amedrentamiento y represión es una política impulsada por el radicalismo y el Presidente a nivel nacional".

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