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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

Votá a los 16 y andá preso a los 14

En su afán electoral, el kirchnerismo puso el rumbo a la derecha. Martín Insaurralde propuso la baja de la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, despertando tantas críticas que se vio obligado a moderar la forma, pronunciándose por un “régimen penal juvenil”.

Miguel Raider

12 de septiembre 2013

Votá a los 16 y andá preso a los 14

En su afán electoral, el kirchnerismo puso el rumbo a la derecha. Martín Insaurralde propuso la baja de la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, despertando tantas críticas que se vio obligado a moderar la forma, pronunciándose por un “régimen penal juvenil”. “El kirchnerismo ya lo votó en 2009”, dijo el candidato (La Nación, 11/09). En efecto, si bien perdió estado parlamentario, a fines de 2009 el Senado aprobó un proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, votado por unanimidad entre el FPV, el PJ disidente y Ricardo Gil Lavedra de la UCR, el que apareció en un programa de TN junto a Victoria Donda reivindicando aquel proyecto que crea un “régimen penal juvenil” entre los 14 y 18 años para otorgar “garantías” a los menores. Qué paradoja, conceden el derecho al voto a los 16 pero impulsan el “derecho” a ir preso a los 14.

El gobernador Scioli sembró la alarma difundiendo las cifras de la Procuración de la Corte Suprema bonaerense que registran que el 4,3% del total de los delitos fueron cometidos por menores (La Nación, 8/09). Pero como bien respondió Horacio Verbitsky, si “según el Censo 2010 los bonaerenses de 15 a 19 años constituían el 8,45% de la población, esto significa que constituyen una categoría menos y no más peligrosa” (Página12, 8/09). En realidad, “son pocos los jóvenes que cometen delitos graves”, admitió el mismo Insaurralde (La Nación, 11/09),

Esta iniciativa contradice un reciente fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. que sancionó al Estado argentino por condenar a 5 menores a cadena perpetua, uno de los cuales murió en la cárcel. De hecho ya rige la baja de la edad de imputabilidad para pibes que se pudren en esas mazmorras (cuyo número la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia oculta).

Algunos jueces de la Corte Suprema se pronunciaron contra la baja de la edad de imputabilidad, pero al mismo tiempo mantienen encerrados a miles de pibes bajo el actual sistema de institutos cerrados con la excusa de “protegerlos del gatillo fácil”, como hizo Carmen Argibay (Página12, 3/12/08).

Los jóvenes pobres empujados a la marginalidad son el eslabón más débil de la cadena del delito, sujetos a la extorsión de la policía, como reveló la desaparición de Luciano Arruga. Criminalizan a los pibes y mantienen intactas a las mafias policiales. Verbitsky denunció que el nuevo ministro de Seguridad Granados amparaba en Ezeiza “escuadrones de la muerte” al servicio de “comerciantes de la zona que pagaban para que la policía desaparezca chorritos” (Página12, 8/09).
Así Insaurralde promueve una de las formas de la criminalización de la pobreza en aras de blindar el control social y la propiedad de los grandes capitalistas, a la zaga de los derechistas Massa, De Narváez y Macri. Mientras, los progresistas de todos los colores se indignan pero ni siquiera exigen reclamos mínimos como el aumento de la AHU y becas para que todos los pibes puedan estudiar y centros deportivos y culturales gratuitos para recreación en los barrios populares. Sólo el FIT lucha por un programa capaz de erradicar la pobreza con un plan de obras públicas financiado con el no pago de la deuda externa e impuestos progresivos a las grandes fortunas para construir viviendas, cloacas y todas las necesidades del pueblo trabajador, combatiendo la desocupación con el reparto las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, el pase a planta de todos los contratados y un salario de piso equivalente al costo de la canasta familiar ajustado. Un programa para que la crisis social la paguen los capitalistas.


La década ganada

La EPH del INDEK registra más de 650.000 jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan, formando el 11% de la población juvenil, por encima del 8% de 2003, mientras 4 de cada 10 (hasta 17 años) son pobres, según el CIPPES (Clarín, 4/09).

Hay más de 450.000 niños y adolescentes menores de 16 años que trabajan en condiciones semi esclavas, violando la Ley 26.390 de Prohibición de Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, con el aval de Ministerio de Trabajo.
Hasta 2008 había más de 32.000 niños y adolescentes de familias pobres encerrados en 757 institutos de menores, gran parte bajo régimen cerrado sin ver la luz del sol, el 45,2% concentrado en la provincia de Bs. As.

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