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Una reforma reaccionaria que no cuestiona los privilegios de los jueces

Mientras la oposición de derecha aparece espantada por la “violación de las instituciones”, los proyectos enviados por el gobierno al Congreso y presentados como de “democratización de la justicia” implican apenas una reforma moderada orientada a incrementar la injerencia del kirchnerismo en el más antidemocrático de los poderes del Estado.

Miguel Raider

11 de abril 2013

Una reforma reaccionaria que no cuestiona los privilegios de los jueces

Mientras la oposición de derecha aparece espantada por la “violación de las instituciones”, los proyectos enviados por el gobierno al Congreso y presentados como de “democratización de la justicia” implican apenas una reforma moderada orientada a incrementar la injerencia del kirchnerismo en el más antidemocrático de los poderes del Estado.

Además restringen derechos democráticos adquiridos, dejando intactos los privilegios de los jueces. Apoyado sobre un genuino sentimiento popular contra esta corporación, el gobierno se limita a una reforma cosmética que no cambia nada sustancial, una verdadera estafa política.
La panacea de estos proyectos resulta de la convocatoria a elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, encargado de proponer los aspirantes a jueces (que continúan siendo designados por el Ejecutivo). Asimismo, eleva el número de integrantes de 13 a 19 y modifica el sistema de decisiones, pasando de una mayoría de dos tercios a una compuesta por la mitad más uno (10 de los 19 consejeros). Así, el kirchnerismo busca hegemonizar ese organismo, que hoy cuenta con 8 de los 13 consejeros, y de este modo incidir en el control de los jueces.

Los magistrados que responden a la derecha son tan caraduras que acusan a los kirchneristas de “avasallar la Justicia” pese a haber sido parte del staff de la dictadura, vinculados hasta por lazos de sangre con la oligarquía terrateniente y la banca. Todavía hay cientos de jueces que juraron por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional. Si hoy protestan es porque el kirchnerismo pretende imponer su cuota de poder, designando incluso a los secretarios letrados y prosecretarios a partir del llamado a concurso bajo control de profesores universitarios (eliminando la participación de los jueces de esos jurados). En ese sentido, aspira a copar tres nuevas Cámaras (Contencioso Administrativo, Civil y Comercial y del Trabajo y la Seguridad Social) que propone crear. Según datos del Poder Judicial, el kirchnerismo designó 400 de los 730 jueces en actividad, mientras mantiene más de 50 vacantes por cubrir. Mediante esta política pretende conquistar posiciones para convivir con el resto de las áreas controladas por la derecha, como la fiscalía de Tres de Febrero, experta en criminalizar la protesta de los obreros combativos de Kraft. La oposición patronal se apoya sobre esta derecha del mismo modo que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien bajo la bendición del Papa Francisco opera para seguir administrando los fondos del Poder Judicial, mientras el kirchnerismo propone pasarlos a manos del Consejo.

Lejos de cualquier democratización y menos del sufragio universal de los jueces y los juicios por jurados, el kirchnerismo promueve la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, el engendro creado por la Reforma Constitucional de 1994, hijo del Pacto de Olivos, con el fin de salvaguardar la impunidad de jueces como Norberto Oyarbide, en aras de fortalecer a esa camarilla. Desde su misma creación, oficialistas y opositores dejaron pasar todas las causas de juicio político contra jueces corruptos, impulsadas por esa institución reaccionaria, que debería ser disuelta inmediatamente.

Una democratización que restringe derechos

Paradójicamente, el gobierno pretende “democratizar” la justicia limitando el uso de medidas cautelares bajo la excusa de los beneficios obtenidos por Clarín y la Sociedad Rural para no aplicar la Ley de Medios y suspender la confiscación del predio de la Rural. En esta dirección, Cristina defendió la restricción de las cautelares porque “se establece la facultad del Estado a poner remedios urgentes frente a hechos que amenacen o entorpezcan la continuidad y regularidad de servicios públicos o ejecución de intereses públicos, o perjudique la integridad de los hechos cometidos”. Esto deja la puerta abierta a un ataque al derecho a huelga de trabajadores de los “servicios públicos”, porque “entorpezcan o amenacen” su continuidad. El senador kirchnerista Miguel Pichetto ratificó que “el Estado siempre es el más indefenso de todos”. Qué pasaría entonces si los miles de platenses entablaran juicio al Estado para que los indemnice restituyéndoles el equivalente de todos los bienes que perdieron en la inundación. Qué pasará con los jubilados que cobran la mínima y hacen juicio por lo que les corresponde, mientras los fondos de la ANSES son usados para financiar la “regularidad de servicios públicos” en manos de empresarios vaciadores.

Según el proyecto, las cautelares “no podrán durar más de seis meses”. Vencido el plazo, el Estado dejará la demanda sin efecto. En Argentina ningún juicio civil dura menos de dos años. En consecuencia, este fraude de “democratización” restringe un derecho democrático contra los atropellos del Estado.

Esta reforma de ningún modo se propone terminar con los privilegios de los jueces que tienen carácter vitalicio y perciben ingresos entre $37.000 y $120.000, así como jubilaciones de privilegio de $433 millones anuales, y ni siquiera pagan impuesto a las ganancias.

Para terminar con las prebendas de esta casta corporativa, los socialistas revolucionarios acompañamos la pelea por la ampliación de derechos democráticos en base a la elección directa de los jueces, la formación de juicios por jurados, el derecho a la revocabilidad por sus electores y que todos los jueces y funcionarios ganen el salario de una maestra, como dice el proyecto de ley presentado por Raúl Godoy, diputado por el FIT de Neuquén. La disolución del Consejo de la Magistratura así como la de la Corte Suprema, una rémora feudal, son parte de esas demandas democráticas que sólo podrán hacerse efectivas arrancándolas con la movilización en las calles.

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