La promulgación de la llamada “ley de reforma política” trajo como sorpresa el veto presidencial -una facultad constitucional de tipo monárquico- a dos artículos que limitaban algo, al menos hasta la próxima elección presidencial , sus efectos antidemocráticos sobre los partidos de izquierda y otras fuerzas políticas. Si la ley tal como fue votada ya era completamente antidemocrática y proscriptiva, ahora lo es en forma multiplicada.

Con el veto quedan vigentes los juicios para declarar la caducidad electoral de múltiples partidos -con lo cual se impide su participación en la elección del 2011- y empezarían a efectivizarse desde ahora las nuevas condiciones leoninas para obtener la personería electoral. En particular, se vuelve mucho más dificultoso el trámite para conseguir nuevos afiliados, ya que ahora se obliga a agregar a la ficha de afiliación la fotocopia del DNI y para desafiliarse de un partido es preciso enviar una carta documento desde el correo argentino, mientras que hasta momento esto era un trámite automático, ya que una afiliación anterior quedaba anulada cuando uno se afiliaba a otra organización. Es evidente que quienes se ven beneficiados por estas nuevas trabas son quienes cuentan con formas de presión para conseguir afiliaciones (punteros, intendentes, gobernadores, etc.), en una forma superior a la existente hasta el momento. El gobierno busca de esta forma tratar de evitar el desarrollo de fuerzas políticas que estén a su izquierda y que el voto en el 2011 quede concentrado en tres o cuatros fuerzas políticas todas defensoras de los intereses capitalistas. Esto sobre todo cuando está crujiendo la burocracia sindical y viene ganando fuerza el llamado “sindicalismo de base”. En particular, el gobierno busca acallar la voz de la izquierda y prevenirse de que un mayor descontento de los trabajadores con el gobierno favorezca el fortalecimiento político de las fuerzas que proponemos una salida anticapitalista y socialista.

Aunque las principales fuerzas de la oposición patronal (el PRO, la Coalición Cívica, el peronismo disidente y la UCR) criticaron el veto presidencial, lo cierto es que comparten plenamente con el gobierno el objetivo de hacer aún más oligárquico y proscriptivo el régimen político. De ahí que su oposición a la nueva ley fue meramente formal. Recién ahora, cuando no habrá nuevas sesiones hasta marzo o abril y después de haber dado en privado el visto bueno a la ley, anuncian que presentarán un proyecto para derogarla, pero lo harán vía la Cámara de Senadores donde el gobierno tendría mayoría para impedir su aprobación.

Como hemos denunciado anteriormente la nueva ley implica un salto cualitativo en la injerencia estatal en la vida de los partidos, al obligar a todas las fuerzas políticas a participar de una elección interna abierta para decidir los candidatos a presentar en las elecciones, dando la posibilidad que voten en estas internas personas que no tengan ningún acuerdo con el programa del partido en cuestión. Además establece la medida claramente proscriptiva de fijar un piso a sacar en estas elecciones para poder participar de las elecciones generales, tratando de “limpiar” el camino para que a estas sólo accedan tres o cuatro partidos. Junto con crear las mejores condiciones para que el oficialismo enfrente las elecciones del 2011, es un intento de querer frenar la disgregación de las fuerzas políticas burguesas por vía reglamentaria. Son los mismos partidos, como el PJ y la UCR, que dieron cientos de funcionarios a la dictadura y que luego garantizaron la continuidad y profundización de su obra, los responsables de la decadencia y la entrega nacional y de la aplicación de la política antiobrera. Esos partidos son hoy meros aparatos de gestión del estado capitalista, sin militancia alguna por fuera de punteros, funcionarios y asesores. A ocho años del 19 y 20 de diciembre, los políticos capitalistas saben que la bronca popular que se expresó en aquellas jornadas de rebelión permanece latente y se manifiesta intermitentemente.

Desde el PTS nos oponemos a esta reforma y a la injerencia del estado en la vida interna de los partidos políticos; estamos por la prohibición del financiamiento de las campañas por parte de empresas y empresarios; exigimos que en toda elección existan debates televisados obligatorios con todos los candidatos según la categoría (presidentes, diputados, senadores, etc.) e igualdad de tiempo en el aire de todos los candidatos en televisión y radio, no sólo en las tandas publicitarias sino en la programación en general. Estas son medidas democráticas elementales para enfrentar el actual régimen electoral, hecho a la medida de los candidatos y partidos que defienden los intereses de los empresarios.
Como marxistas revolucionarios no sólo enfrentamos a esta reforma reaccionaria con todos los que se quieran oponer, sino que lo hacemos desde la perspectiva de luchar por un nuevo tipo de Estado, basado en consejos de trabajadores, donde sea la mayoría explotada la que ejerza verdaderamente el poder, quebrando la resistencia violenta que opondrán los capitalistas y construyendo una sociedad sin explotadores ni explotados.