Hace unos días se dio a conocer una circular del Ministerio del Interior francés del 5 de agosto destinada a todos los prefectos de Francia. En la misma se podía leer: “El Presidente de la República ha fijado objetivos precisos, el 28 de julio pasado, para la evacuación de los campamentos ilícitos: 300 campamentos o implantaciones ilícitos deberán ser evacuados en tres meses, prioritariamente los de los Rom (…) Esto implica para cada uno de los sitios afectados determinar sin demoras las medidas jurídicas y operacionales para lograr el objetivo fijado sitio por sitio (…) Los prefectos (…) asegurarán (…) la realización mínima de una operación importante por semana (evacuación/desmantelamiento/expulsión), prioritariamente de los Roms”.

El lenguaje abiertamente racista y xenófobo contra los Roms utilizado en esta circular produjo una avalancha de reacciones reprobatorias de diversos dirigentes políticos, tanto franceses como europeos. Tal vez la más resonante fue la de la luxemburguesa Viviane Reding, Comisaria Europea de la Justica y de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos, el día 14/9. Ésta declaró: “pensaba que Europa no sería más testigo de este tipo de situaciones después de la Segunda Guerra Mundial” y que denunciaría a Francia en la Corte de Justicia Europea.

Esto provocó varias reacciones indignadas de dirigentes franceses, como la de Chantal Brunel, portavoz de la UMP (partido de Sarkozy), quien declaró que Francia “no tiene por qué recibir lecciones morales de una comisaria [europea] que representa a un pequeño país de, creo, 350.000 habitantes” o incluso la del mismo Sarkozy quien, según un senador de la UMP, dijo que si “los luxemburgueses quieren [a los Rom], no hay ningún problema”. Un fugaz escándalo inter-europeo se desató en medio de una cumbre de la UE. El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, salió a defender a la comisaria luxemburguesa, así como otros países; algunos hablan incluso de una “discusión viril” entre Barroso y Sarkozy. Solo Silvio Berlusconi, predecesor de Sarkozy en la política anti-Rom, y el gobierno checo respaldaron las medidas francesas.
Sin embargo, en pocas horas todos salieron a calmar la situación: unos diciendo que hubo un mal entendido y que no se quería comparar a las deportaciones de poblaciones en la Segunda Guerra y a la política actual del gobierno francés; los otros negando todo intercambio violento. Es que “la mayoría de los países europeos llevan adelante la misma política que Francia hacia los Rom, que no son bienvenidos en ningún lado, pero evitando la retórica un poquitín xenófoba utilizada por la derecha francesa. Alemania acaba de firmar un acuerdo con el Kosovo que prevé la repatriación de 12.000 Roms –de los cuales 5.000 son niños- refugiados en ese país desde hace más de diez años” (Presseurop.eu, 16/9). A pesar de todo este “teatro democrático” y de los discursos sobre los Derechos Humanos y los “valores europeos”, absolutamente nadie denunció a la “Europa fortaleza” que expulsa a miles de inmigrantes “ilegales” por año y que impone todo tipo de barreras para el ingreso a territorio de la UE a los ciudadanos de los países pobres.

Una política racista… dentro de los marcos de la legalidad burguesa

Uno de los puntos que se discutió en torno a la política francesa fue la “legalidad” de las deportaciones de “ciudadanos europeos” hacia sus países de origen. En un principio, el gobierno francés indicaba que no se trataba de “expulsiones” ya que la mayoría de los Roms partían “voluntariamente”. Si bien en los papeles muchos Roms rumanos y búlgaros aparecen como “voluntarios a partir”, ya que aceptaron una “indemnización” (300 euros por adulto y 100 euros por niño), la realidad es que esto se producía luego del desmantelamiento de los “campamentos” (en realidad “villas miseria”) Roms declarados ilegales y de que cientos de personas se quedaran en la calle sin ningún lugar a donde ir. Esta situación venía acompañada de un discurso sobre la inseguridad, el orden público y los problemas causados por esta comunidad, lo que ponía un signo de igual entre Roms y delincuencia. Así el gobierno mataba dos pájaros de un solo tiro: mientras que con las expulsiones reconfortaba al electorado reaccionario, en el plano legal solo se trataba de personas volviendo “voluntariamente” a su país y, por qué no, de “beneficiarios” de una ayuda del Estado francés.

Un plan perfecto… si no fuese por la famosa circular del 5 de agosto.
Desde que quedó claro que la política del gobierno apuntaba antes que nada a la expulsión de los Rom, que son ciudadanos europeos (aunque de segunda categoría), éste tuvo que buscar otra justificación legal. Y la encontró en las “leyes comunitarias”. Como dicen los eurodiputados del bloque derechista PPE (Partido Popular Europeo), M. Weber y S. Busuttil: “La directiva 2044/38/CE da a los ciudadanos de la UE el derecho de circulación y de estadía libre en el territorio de todo Estado miembro. Pero ésta prevé igualmente obligaciones claras. Para toda estadía de más de 3 meses es obligatorio tener un empleo o recursos suficientes para no transformarse en una carga financiera para el Estado que lo acoge. Al mismo tiempo, la libertad de circulación puede ser restringida por razones de seguridad pública. Incluso se puede proceder a expulsiones, si son justificadas y se hacen caso por caso” (Le Monde, 9/9). Este es el argumento que retomó el gobierno francés. De este modo, pasamos de un primer discurso sobre la “inexistencia” de las expulsiones a uno que las asume orgullosamente ya que se tratan de expulsiones justificadas por la defensa del “orden público”. Evidentemente, de nada sirve buscar cuáles son los delitos que cometieron los casi 1.000 Roms expulsados de Francia desde julio.

Una vez más queda claro que la burguesía cuenta con todas las “garantías legales” para aplicar sus políticas racistas funcionales a sus intereses.
Sarkozy y la burguesía francesa utilizan el discurso anti-Rom en este momento para desviar la atención de los trabajadores de la reforma del sistema jubilatorio. La movilización contra ese ataque del 7/9, con casi 3 millones de personas en la calle, demuestra que esta táctica no está dando muchos resultados.

por Philipe Alcoy, desde Francia

Fascismo, deportaciones y “orden público”

Durante la Segunda Guerra Mundial el régimen fascista de Ion Antonescu en Rumania deportó a más de 25.000 Roms (12% de la población Rom en esa época) hacia campos de concentración. De estos, 11.000 murieron de hambre, de frío y de enfermedades. Los criterios de selección de los candidatos Rom a la deportación “se apoyaban en el nomadismo y, en el caso de los Roms sedentarios, en las condenas penales, robos y la falta de medios de subsistencia. En ciertos documentos, las autoridades se referían también a la necesidad de deshacerse en las ciudades y pueblos de las poblaciones Rom pobres, sin actividad, sin oficio, sin medios de subsistencia, sin ninguna posibilidad de ganarse la vida, en las que ciertos miembros ganaban su vida robando y mendigando” (“Rapport final de la Commission sur l’Holocauste en Roumanie”, 11/11/04).

Como vemos, la UE no inventó nada nuevo. El pretexto del orden público y la falta de recursos para expulsar a gente de su territorio es mucho más viejo que ésta… y los fascistas pueden exigir “derecho de autor”. La UE es una utopía reaccionaria por donde se la mire; incluso una medida que podría representar cierta ventaja parcial para los trabajadores, como es “libre” circulación, si se la examina de cerca queda claro que para una gran parte de la clase trabajadora ésta no existe.