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NACIONAL

Restricciones democráticas y ataque al derecho de huelga

Seis proyectos de ley y un debate exprés. La llamada “democratización de la justicia” es una reforma reaccionaria que, lejos de afectar los privilegios de jueces, expande la corporación judicial, agregando nuevas instancias como las cámaras de casación, y alarga los procesos.

Miguel Raider

18 de abril 2013

Restricciones democráticas y ataque al derecho de huelga

Presentar como “reforma democrática” la incorporación de cinco miembros elegidos por el voto popular a la casta de ese Consejo resulta ridículo. El único “cambio” es sumarlos a esta institución retrógrada que seguirá con los mecanismos de elección de jueces designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, como ocurre desde la sanción de la Constitución de 1853.

La “democratización” se completa con medidas cosméticas como la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes, el acceso a las causas judiciales en internet (que ya existe) y el ingreso al Poder Judicial por concurso.

Los socialistas revolucionarios nos oponemos a esta reforma por motivos muy distintos a los de la oposición patronal, que se apoya en los sectores más derechistas de la familia judicial, con cientos de jueces nombrados por la dictadura que cobran entre $37.000 y $120.000 por mes y ni siquiera pagan ganancias.

Restricción de las medidas cautelares

Así como Macri en la CABA busca limitar el uso de cautelares como la que frenó el aumento del subte, el kirchnerismo quiere restringir ese derecho contra los atropellos y arbitrariedades del Estado, una barbaridad que sólo la dictadura de Onganía consumó. Su argumento para limitar las cautelares es que Clarín las usó desmedidamente contra la “democratización de la palabra”. Pero en realidad la reforma afectará a los trabajadores y al pueblo pobre, quienes se verán aún más desfavorecidos para sostener litigios. De acuerdo al artículo 9 la Justicia se negará a otorgar el amparo cuando se “perturbe los bienes o recursos públicos del Estado”. Los jubilados que entablan juicios por el 82% móvil no podrán usar cautelares ya que corren riesgo los “recursos del Estado”. Para desacreditar esa legítima demanda el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, dijo que la Justicia gobierna “a partir de una serie ilimitada de cautelares en materia previsional”, “antes el correctivo era el golpe militar” y “ahora se quiere gobernar con las sentencias” (La Nación, 12/4). De todos modos las cautelares “no podrán durar más de seis meses”, cuando es sabido que cualquier juicio dura años.

La restricción viola el derecho de toda persona a una “tutela judicial efectiva” establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tan escandaloso es el proyecto que hasta oficialistas como Horacio Verbitsky del CELS y “Justicia Legítima” cuestionaron la limitación de las cautelares porque “se va a ampliar la brecha que se pretende achicar y quedará la herramienta para aquellos que puedan costear los mejores servicios jurídicos y estén dispuestos a hacer un complejo recorrido por los vericuetos judiciales” (P12, 14/4). La convocatoria a los oficialistas críticos a audiencias en el Senado el martes 16 les permitió introducir modificaciones que este sector de todos modos juzgó “insuficientes”. Pero aunque se tuvieran en cuenta las propuestas de Verbitsky, especificándose más los casos para la limitación de las cautelares (agregando el medio ambiente, etc.) y los casos en que faculta al Estado a interponerlas (que sea sólo cuando estén afectados “servicios esenciales” y con aviso previo), se deja intacta la esencia que limita derechos democráticos de los particulares y amplia los del Estado.

Contra el derecho de huelga y a la protesta social

La reforma cuestiona además el derecho de huelga y la protesta social, objeto acallado por toda la oposición patronal. Los artículos 16 y17 del proyecto de cautelares son un nuevo y poderoso elemento coercitivo del Estado contra las libertades democráticas populares.

Con el primero de ellos el Estado podrá, como nadie, solicitar cautelares cuando entienda afectado el “interés público” o el patrimonio estatal. Desalojar un corte de ruta de trabajadores, bajo esta óptica puede ser tildado de “interés público”.

Con el artículo 17 el Estado podrá solicitar cautelares de “todo tipo” contra medidas de fuerza de los trabajadores “cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y la regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público o perturben la integridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos”. Esas cautelares buscarán “asegurar el proceso en orden a garantizar la prestación de tales servicios”. Esto agrava lo establecido en la “Ley Banelco” (25.250), cuyo respectivo artículo el kirchnerismo mantuvo intacto en la Ley 25.877. El Estado tendría más poder para limitar el libre ejercicio del derecho de huelga. Ante las objeciones del CELS, el secretario de Justicia, Julián ˜álvarez, respondió que se interpondría una cautelar contra la medida gremial “que afecte un servicio esencial o que se realizó sin previo aviso”. Obviamente la Justicia interpretará a piaccere esta definición genérica que no modifica este mecanismo contra las medidas gremiales. Como señaló descaradamente el senador Miguel Pichetto, “el Estado es siempre el más indefenso de todos”, invirtiendo la relación desigual entre el Estado (como representante de los intereses de la clase dominante) y la mayoría obrera y popular.

El Estado patronal, que ya tiene el artículo 194 del Código Penal para procesar penalmente a quienes cortan una calle o ruta para visibilizar su lucha, crea una nueva herramienta legal adquiriendo más poder coercitivo contra los trabajadores que realicen medidas de acción directa. Así podrá sancionar a los activistas y delegados combativos y tendrá más poder de chantaje sobre los sindicatos a los que amenazará con multas o con el retiro de personería, particularmente en gremios de servicios. Cuando hay más de 5000 luchadores procesados, la reforma prologa una obertura temeraria de esta democracia para ricos, que día a día condena al hacinamiento en las cárceles a miles de pobres.

Abajo los privilegios de la corporación judicial

Creando tres nuevas Cámaras de Casación se interponen nuevas instancias burocráticas para estirar los juicios, lo cual afecta los litigios de los más humildes y carentes de recursos, dilatando así el proceso por el pago de sentencias indefinidamente. Juicios laborales, jubilados que demandan el 82% o vecinos inundados deberán esperar más años.
Paradójicamente esta “democratización” se opone a la elección directa de jueces y a los juicios por jurados, camuflándose en el voto popular del Consejo de la Magistratura, donde eligen las ternas de aspirantes a jueces que finalmente seguirán siendo designados por el o la Presidenta con acuerdo del aristocrático Senado. Un “Frankenstein” (Mario Wainfeld dixit, P12, 14/4), hijo de la reforma de 1994 y del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín. Una institución que debería ser disuelta y que los K quieren recauchutar y hegemonizar, pasando de una mayoría de dos tercios a una de mitad más uno, incidiendo en el control de los jueces.

Hay que terminar con todos los privilegios para los jueces como la inamovilidad e intangibilidad de sus sueldos, y la exención del pago de ganancias. Que cesen en sus cargos todos los jueces en funciones, elegidos por componendas de radicales, peronistas y por la dictadura. Elección directa de jueces por voto popular, revocables por sus electores y que no ganen más que una maestra. Que en todos los juicios los fallos sean por jurados populares. Con estas medidas el Consejo de la Magistratura no tiene razón de ser. Los socialistas revolucionarios acompañamos la lucha por la ampliación de derechos democráticos. Desde el PTS, junto al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos presentaremos todos los recursos legales para que la ley se caiga, ya que viola a la propia Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otras normas fundamentales de la propia clase burguesa. Pero principalmente apelamos a la movilización en las calles. Las organizaciones obreras, empezando por las CGT y las CTA deben llamar a acciones de lucha contra esta ley reaccionaria.

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