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La crisis en el gobierno de Scioli

Con la votación del Presupuesto 2010 y la autorización del gobierno nacional para contraer deuda para afrontar el déficit fiscal, y con un reaccionario Código Contravencional en gateras, Scioli parecía tener al alcance de la mano un final relativamente ordenado de la primera mitad de su mandato luego de la dura derrota electoral del 28J.

Walter Moretti

17 de diciembre 2009

Con la votación del Presupuesto 2010 y la autorización del gobierno nacional para contraer deuda para afrontar el déficit fiscal, y con un reaccionario Código Contravencional en gateras, Scioli parecía tener al alcance de la mano un final relativamente ordenado de la primera mitad de su mandato luego de la dura derrota electoral del 28J.

Pero el panorama cambió abruptamente. Una concatenación de hechos empujaron a Scioli a la crisis política más importante desde que asumió su cargo de gobernador. Su imagen positiva ronda entre el 25 y el 29 % y su ubicación política se ve complicada. Por más que se esfuerce en decir “me conviene trabajar al lado de la presidenta”, el gobierno nacional ha salido a despegarse de la crisis diciendo que nada tiene que ver con la misma y el propio Verbitsky consideró a Scioli como “un inquietante pasivo para el gobierno nacional”. Por otra parte Biolcati, se encargó de pasarle factura a Scioli por su disciplinamiento con el gobierno de Kirchner, y utilizó el acto en el Rosedal para llamar a descabezar la gobernación.

Pero en medio de esta crisis política, las “amenazas destituyentes” no sólo vienen de la derecha sino que también hay sectores que especulan con alguna maniobra del propio Kirchner para forzar su renuncia. Si bien nada se puede descartar en este fin de ciclo kirchnerista, es evidente que la derrota del 28J y la absoluta dependencia que mantiene Scioli en relación al gobierno nacional para afrontar la crisis financiera de la provincia (algunos analistas hablan de una necesidad de $ 15 mil millones para cubrir el presupuesto 2010), se convierte para el gobierno provincial en una base permanente de inestabilidad y de tensión política.

Esto se vio claramente en el reciente tratamiento de la Reforma Política provincial. El proyecto inicial impulsado por Balestrini -al que Scioli dio luz verde- y que fuera votado por el Senado establecía que el gobernador fijaba la fecha de las internas abiertas; tomando la experiencia del 28J, el gobierno provincial buscaba la forma de desenganchar las elecciones provinciales de las nacionales para intentar zafar de un nuevo desastre electoral. Esto despertó la ira del propio Kirchner y rápidamente Scioli dio un golpe de timón estableciendo la simultaneidad de ambas elecciones. Esta “obediencia debida” del gobernador no sólo llevó a la renuncia de su hermano sino que abrió una nueva tensión entre los intendentes, que con este cambio ven que quedan prisioneros del ex presidente para el 2011.

Además, el bochornoso caso Pomar que puso de relieve la más absoluta incapacidad del gobierno provincial, de Stornelli y de la mafiosa policía Bonaerense, abrió una feroz interna como lo refleja la denuncia judicial del propio Stornelli acusando a la mafia policial de los desarmaderos de ser responsable en la utilización de jóvenes para el robo de autos y de los asesinatos ocurridos últimamente. Toda esta podredumbre esmerila la bandera de la “seguridad” que todos ellos instalan permanentemente para conformar a los sectores que exigen mano dura.

A este panorama hay que agregar la renuncia del ministro de salud Claudio Zin, envuelto en la mafia de los medicamentos truchos que también involucra a la burocracia sindical. Precisamente, al cierre de esta edición, se conocía que el reemplazante sería un hombre de la confianza de Curto, el actual intendente de Tres de Febrero e histórico dirigente de la UOM.
Esta sumatoria de hechos han fogoneado la crisis actual que, con el telón de fondo de una muy compleja situación financiera, le marcan a Scioli un futuro totalmente incierto.

Mientras tanto el gobierno intenta descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo; a la firme negativa a otorgar aumentos de salarios a los empleados provinciales ahora se suma la jubilación forzosa de más de 10 mil trabajadores que serán condenados a vivir con jubilaciones miserables. A su vez, el ministro Cacho ˜álvarez ha comenzado a aplicar un importante recorte en las asignaciones sociales y recién en estos días están pagando los míseros $150 de los planes de empleo correspondientes al mes de noviembre; y seguramente querrán volver a la carga con el represivo Código Contravencional.

Hay que pararle la mano al gobierno de Scioli y golpear sobre su debilidad, para ello hacen falta grandes acciones unificadas y un paro activo provincial para imponer todas nuestras demandas.

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