Si hay algo que pone en evidencia la declinación de los gobiernos derechistas de Macri y Scioli es la profunda crisis que atraviesa a la Policía Bonaerense y a la aún no nata, pero ya desprestigiada, Policía Metropolitana, elementos que expresan grados avanzados de descomposición del aparato estatal.

La defensa de la dictadura en boca de Abel Posse, el fugaz ministro de Educación de Macri, seguida del pedido de amnistía del funcionario PRO Diego Guelar, ex embajador de Menem en la época de las relaciones carnales con EE.UU., causaron conmoción, después del alboroto provocado por el procesamiento del ex comisario Fino Palacios y las escuchas telefónicas ilegales. Después de la muerte del joven Rubén Carballo a raíz de la represión en el recital de Viejas Locas, la Defensoría porteña denunció un centenar de casos, incluidos cuatro homicidios, señalando la responsabilidad de la Federal por el aumento de la violencia. En la misma dirección, tras el escándalo del caso Pomar, el ministro de Seguridad bonaerense Stornelli se vio obligado a salvar la situación elevando una denuncia penal contra la Bonaerense por instigar robos y asesinatos para “desestabilizar” al gobierno provincial. Toda una paradoja, pues pocos días antes Stornelli y Scioli impulsaban una reforma reaccionaria del Código Contravencional y del Código Procesal Penal para incrementar los poderes represivos de la policía. Para colmo, la responsable de la Secretaría de DD.HH. del gobierno de Scioli acusó a la Bonaerense del asalto a esta dependencia para secuestrar documentación referida a delitos de la policía cometidos en la actualidad y en la época de la dictadura.

Ante la crisis de poder de fuego del Estado, manifestada en la profunda deslegitimidad que arrastran las Fuerzas Armadas por el rol desempeñado durante la dictadura y la guerra de Malvinas, los sucesivos gobiernos constitucionales intentaron legitimar a las policías en las tareas represivas, apoyándose en los problemas de “inseguridad”. Pero la aparición de infinidad de casos de corrupción y gatillo fácil echaron por tierra este curso, abriendo margen a tendencias a la acción directa de diversos sectores sociales en forma recurrente. Esta crisis del conjunto de las fuerzas represivas alimenta una polarización política entre derechistas y progresistas de los diversos partidos patronales respecto de las políticas de seguridad para mantener el orden establecido.

¿Hacia un nuevo consenso social?

Bajo este marco, diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales firmaron un acuerdo político por una “Seguridad Democrática” para evitar el “facilismo represivo”, como base de una política de Estado. La iniciativa surgió a instancias del ex ministro de Seguridad León Arslanián y el Centro de Estudio Legales y Sociales dirigido por Horacio Verbitsky, quienes presidieron la presentación del acuerdo en el Congreso con la finalidad de establecer un “nuevo consenso social” contra las “políticas desacertadas y fracasadas” de mano dura, en función de “instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos” (Página12, 29/12/09).

El acuerdo fue suscripto por legisladores del Frente para la Victoria como Agustín Rossi y Héctor Recalde, Gerardo Morales y Ricardo Alfonsín de la UCR, Felipe Solá, Marcela Rodríguez de la Coalición Cívica, los jefes de la CGT y la CTA, Hugo Moyano y Hugo Yasky, Pino Solanas y Proyecto Sur, Martín Sabbatella, seguidos de 200 firmas que comprende el progresismo y un amplio arco político.

Entre otros puntos, el programa suscripto se pronuncia por un “control civil interno y externo” de las policías, reivindica “los procesos de reforma ... que tuvieron resultados favorables”, recomienda “asegurar un uso de la fuerza proporcional y racional” y brega por “una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno” con “transparencia”.

Más allá de la distancia establecida con las políticas de mano dura, nos preguntamos cómo es posible “controlar” a una banda de delincuentes con licencia para matar que constituye la principal fuente de inseguridad de la población civil. Nadie puede esperar que la policía registre los casos de gatillo fácil y sus negocios ilícitos (narcotráfico, robo de vehículos, secuestros extorsivos, trata de personas, etc.) en los partes de las comisarías para ejercer el “control civil”. Resulta una ilusión “reformar” a la Bonaerense, una policía formada por los genocidas Camps y Etchecolatz, que cuenta actualmente con más de 9.000 efectivos que provienen de la dictadura. No por nada, y a pesar de las “purgas”, las “reformas” impulsadas por Arslanián fueron un fracaso que mantuvo intacta la estructura mafiosa de la Bonaerense, en tanto la creación de la Bonaerense II reveló rápidamente su naturaleza con decenas de casos de gatillo fácil, sin olvidar que, como ministro de Solá, ambos guardaron silencio cuando fue secuestrado Julio López.

Qué clase de “control democrático” y “transparente” es posible con la Justicia, el más antidemocrático de los poderes del Estado, atravesado por infinidad de jueces y funcionarios vinculados con la dictadura, que hasta obstaculizan de una y mil formas los juicios pendientes a los genocidas.
Amén de sus efectos prácticos, los progresistas levantan públicamente el programa de la Seguridad Democrática en busca de una idea de “orden”, supuestamente “más humanizado”, aunque reñido con los intereses generales de las grandes mayorías populares. En ese sentido, resulta lamentable la adhesión de muchos organismos de DD.HH., que en lugar de defender irrestrictamente las libertades democráticas y el derecho a la protesta social, suscriben este acuerdo por una represión “proporcional y racional”. Se referirá acaso a las “garantías” de Sara Cobacho, titular de la Secretaría de DD.HH. bonaerense, quien se apresuró a llegar a la planta de Pacheco para constatar el “correcto accionar policial”, “sin apremios ilegales”, cuando la Bonaerense reprimió a los obreros de Kraft, secuestrando a los detenidos en las instalaciones de la fábrica, rechazando ilegalmente la presencia de los abogados, del mismo modo que en abril de 2007 cuando 400 efectivos tomaron por asalto la textil Mafissa y procesaron a 18 trabajadores.

“El concepto de seguridad”

Sea en su acepción derechista o progresista, “la seguridad es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto de policía, según el cual la sociedad existe sola y únicamente para garantizar a todos ... la conservación de las personas, de sus derechos y de su propiedad ... El concepto de seguridad no quiere decir que la sociedad se sobreponga a su egoísmo ... es, por el contrario, el aseguramiento de ese egoísmo” expresado en el “interés privado disociado de la comunidad”, tal como señala Marx de acuerdo a la Constitución de 1793, la más radical de las constituciones que alumbró la Revolución Francesa bajo el régimen jacobino, que sanciona la propiedad como un “derecho natural e imprescriptible” (Carlos Marx, La cuestión judía. Ediciones del Signo).

Los trabajadores deben luchar para terminar con el aspecto más antidemocrático de este régimen político y social, el monopolio de la violencia en manos del Estado de los explotadores, y disolver la policía junto a todas las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, que incrementan la coerción ante el avance de la pobreza y la descomposición social, para sustituirlos por una milicia ciudadana, obrera y popular, controlada por los dirigentes de los organismos de DD.HH., una medida de autodefensa irrenunciable para enfrentar la violencia de los capitalistas.