La amplia votación a favor de la ley de expropiación de parte de las acciones de Repsol le dio un triunfo político al gobierno. No habían cesado los encendidos discursos de “soberanía”, que ya se develaba la estafa de la “epopeya nacionalista”.
El viernes pasado CFK promulgó la ley que expropia el 51% de las acciones de YPF a favor del Estado Nacional y las provincias. Miguel Galuccio, el hasta hace unos días gerente de la imperialista Schlumberger, fue puesto al frente de la YPF “profesionalizada”. Tanto CFK, como el nuevo gerente, ya empezaron a exigir a los trabajadores que se disciplinen a los nuevos objetivos de la empresa.
El fortalecimiento del gobierno avivó la disputa en la CGT. La división entre moyanistas y antimoyanistas crece, y se oyen amenazas de ruptura.
El gobierno nacional frenó por el momento el capítulo de “sintonía fina” concentrado en el ajuste fiscal, pero no ocurre lo mismo en las provincias.
A un mes del comienzo de la huelga, los trabajadores se encuentran en conciliación obligatoria. Hasta el momento lograron arrancarle a la patronal la reincorporación de los suspendidos, de los 158 compañeros cesantes y se acaba de abrir la pelea para que Roggio acate el acta favorable a los “cuartas” o “ayudas” que firmó en la Dirección de Trabajo el año pasado: el pase a planta de los 435 jóvenes zafreros, en tres tandas, empezando por registrar a 150 compañeros.
Un nuevo congreso de la FUBA se realizó el fin de semana, un congreso que no fue: no hubo elección de autoridades, ni participación de estudiantes, más que las agrupaciones. La Franja Morada y el kirchnerismo hicieron “causa común” para boicotear la federación, dejándola sin quórum.
Las paritarias de la UOM, más que defender los intereses de los metalúrgicos, se transformaron en el trampolín para que el candidato del gobierno, Caló, se quede con la conducción de la CGT.
Ante la negativa de pagar la bonificación de fin de año, la discontinuidad del pago del 6.5% mensual desde comienzo de año y la falta de respuesta por el pase a planta de los más de 1600 contratados, los trabajadores del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) iniciaron en diciembre pasado un plan de lucha vigente hasta el día de hoy.
El 8/5 se reunió un grupo de dirigentes de la Asociación Judicial Bonaerense, entre ellos Blasco (La Corriente-Micheli), Pérez Guillen (Encuentro-K) y María Inés Giménez (Celeste), con miembros del gobierno provincial y de la Corte.
La UBA “dio de baja” a Eduardo Grüner