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Libertades Democráticas

“Cuando el derecho de huelga se convierte en delito de extorsión”

Entrevistamos a María del Carmen Verdú, abogada querellante en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra y miembro de la CORREPI.

PTS

13 de enero 2011

“Cuando el derecho de huelga se convierte en delito de extorsión”

¿Qué pensás de la ofensiva judicial lanzada por el gobierno nacional después de la creación del Ministerio de Seguridad?

Tras el corte de vías y los sucesos en la estación de Constitución del pasado 23 de diciembre, la ministra Garré armó una versión afín a las necesidades represivas del gobierno nacional, tramando la tesis de un presunto “complot” orquestado entre los partidos de izquierda, Duhalde y Macri para desestabilizar al gobierno “nacional y popular”. Con una intención macartista acusó a los militantes del Partido Obrero y señaló a compañeros activistas, como Carolina Torrilla, miembro de la Agrupación Bordó y militante del PTS. Entre la CORREPI y el CePRoDH interpusimos un recurso de habeas corpus a favor de Carolina, y el Juzgado Federal de Quilmes respondió que Carolina, aunque no tiene ninguna denuncia, está “mencionada” en la causa iniciada por la UGOFE y la Secretaría de Transporte, a pesar de que la compañera no había estado el día 23 en el lugar de los hechos y tenía licencia médica por una severa enfermedad que atraviesa. Lo que pasa es que tanto los compañeros del PO como Carolina son militantes de izquierda por lo que el gobierno quería valerse de ese elemento para desacreditar el reclamo de los trabajadores.

Pero estos hechos pegaron un salto, porque después el juez federal de Quilmes Luis Armella dictó el procesamiento de cuatro militantes del Partido Obrero. Los compañeros procesados son Jorge Hospital y Omar Merino (trabajadores ferroviarios de planta permanente, militantes del PO y de la agrupación Causa Ferroviaria), Eduardo Belliboni (dirigente del Polo Obrero-PO) y Miguel Morales (trabajador tercerizado despedido, militante de Causa Ferroviaria).

El juez Armella dijo que el corte de las vías fue un delito de extorsión, “al obligar a otro, bajo intimidación, a hacer algo contra su voluntad”, o como dijo en los diarios “la protesta social no le da derecho a nadie a quitarle el libre tránsito a la ciudadanía”

¡Como si alguna conquista obrera se lograra con el concurso voluntario de la patronal y el gobierno de turno!

Si bien la defensa ya apeló, el procedimiento de Armella representa el pensamiento más íntimo de un capitalista: cualquier reclamo de los trabajadores, ya sea para mejorar sus condiciones laborales, ya sea para reclamar salario u otra cosa constituye delito de extorsión. De hecho, es cuando el derecho de huelga se convierte en delito de extorsión. De prosperar, sería un precedente muy peligroso para los trabajadores porque pondría en la picota el desarrollo de las luchas obreras y las diversas experiencias de organización sindical antiburocrática.

¿Cuáles son los principales soportes de estos procesamientos?

Uno de los principales apoyos de esta ofensiva es la Policía Federal, como se advierte al leer el expediente de la causa, a cuyo testimonio dio el juez federal valor probatorio excluyente. Más allá de que fue el Ministerio de Trabajo el que aportó videos, fotos y cintas, la que realizó el trabajo de selección para procesar a los compañeros del Partido Obrero fue la policía dirigida por el comisario Jorge Raúl Ferreyra.

Claro que esto devela el motivo real del procesamiento: el comisario Ferrey-ra, así como sus subordinados, el subcomisario Claudio R. Premuda y los oficiales Omar Póvolo, Carlos Dante Farías y Gastón Marcelo Domecq, son los mismos policías de la División Roca que participaron como responsables de la zona el 20 de octubre de 2010, el día del ataque de la patota de la Unión Ferroviaria que terminó con el homicidio del compañero Mariano Ferrey-ra y la tentativa de homicidio de otros manifestantes.

Desde la querella que representa a Nelson Aguirre, Elsa Rodríguez y otros heridos, los acusamos formalmente de haber tenido un rol preponderante en el plan criminal tramado junto a la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria y la UGOFE con el objetivo de “aleccionar” a los trabajadores y organizaciones que se manifestaban. Incluso para la fiscalía que investigaba el accionar policial el 20 de octubre, el comisario Ferreyra y sus socios no se limitaron a colaborar en el estadío previo al ataque, “sino que posteriormente facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho cometido”.

Estos hechos ya fueron probados en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. De modo tal que todo queda en familia y con los mismos participantes de la causa por el asesinato de Mariano: los que denuncian son la empresa concesionaria UGOFE y la Secretaría de Transportes; los “investigadores” y los “testigos” son los efectivos policiales; el que legitima es el juez y los procesados son los compañeros de Mariano Ferreyra.

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